Gremios industriales buscan cambios al sistema tarifario eléctrico de cara a 2027

Cinco gremios buscan modificar las reglas de la hora punta por su impacto en los costos de producción.

La revisión del sistema tarifario eléctrico se instaló entre las prioridades de cinco gremios industriales, que trabajan en una propuesta conjunta para modificar las reglas que determinan los cobros por consumo durante el período de hora punta.

La discusión cobra relevancia de cara a 2027, luego de que el Ministerio de Energía excluyera septiembre de 2026 de ese esquema.

La alianza está integrada por la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM), ACENOR, ASIMET, Chilealimentos y Pescadores Industriales del Biobío.

Sus integrantes plantean que el mecanismo vigente puede elevar los costos operacionales y obligar a las empresas a modificar sus procesos productivos para evitar sobrecargos en sus cuentas eléctricas.

Actualmente, entre abril y septiembre, de lunes a viernes, el período de control de punta comprende el tramo entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Según los gremios, el consumo registrado en ese horario incide en cobros adicionales, lo que ha llevado a algunas compañías a reorganizar turnos, detener procesos o utilizar generadores a combustibles fósiles.

El presidente de la comisión de Responsible Care y SHTC de ASIQUIM, Andrés Weinberger, sostuvo que las organizaciones comparten las dificultades que enfrentan sus sectores debido al costo de la energía y a la forma en que se aplica el sistema tarifario.

“Venimos de industrias muy diferentes: químicos, metalmecánica, alimentos, pesca y clientes eléctricos. Pero compartimos el mismo problema: una electricidad que pesa cada vez más en nuestros costos y que, por la forma en que se cobra, nos obliga a producir menos o más caro. Eso nos permite hablar con una sola voz”, afirmó.

Exclusión de septiembre no cambia las tarifas generales

La decisión de dejar septiembre fuera del período de control de punta durante 2026 se adoptó luego de una solicitud presentada formalmente por los cinco gremios en marzo.

Sin embargo, la medida tiene un alcance acotado: entrega mayor flexibilidad para ese mes, pero no implica una reducción general de las tarifas ni la eliminación de la hora punta.

Por ello, las organizaciones buscan que la discusión avance hacia modificaciones más amplias, que consideren la duración del período de control, los criterios de medición y la forma en que estos se traducen en los cobros a las empresas.

“Septiembre fue un primer paso importante y lo valoramos, pero no resuelve el fondo. Queremos que se revise cuánto dura el período de control, cómo se mide y de qué manera se traduce en cobros para las empresas, para que el sistema refleje la realidad actual de la red eléctrica y no genere costos que se pueden evitar”, planteó Weinberger.

Los gremios se encuentran recopilando antecedentes de sus asociados y elaborando propuestas técnicas para presentar sus planteamientos a las autoridades.

Revisión para 2027 abre una ventana de discusión

El Ministerio de Energía ha señalado que el esquema de hora punta será revisado de cara a 2027. Ese proceso aparece como una instancia para discutir los ajustes que solicitan las organizaciones, aunque el comunicado no detalla qué modificaciones específicas podrían incorporarse ni establece que las propuestas vayan a ser acogidas.

Para los gremios, la definición de las reglas con anticipación resulta relevante para la planificación de la producción y las inversiones, especialmente antes del próximo invierno.

Weinberger sostuvo que la revisión debería permitir analizar los efectos económicos y operacionales del mecanismo, con el objetivo de evitar que las empresas deban reducir su actividad o recurrir a fuentes de energía más contaminantes para enfrentar los cobros asociados al consumo en horario punta.

El debate también involucra la competitividad de sectores como la industria química, la metalmecánica, los alimentos y la pesca industrial, que forman parte de la alianza.
No obstante, los antecedentes difundidos por los gremios no cuantifican el costo total que el sistema representa para esas actividades ni estiman cuánto podrían ahorrar las empresas si se modificaran las reglas.