Ley de Autocontrol de Pesaje: gremios del Biobío advierten impactos económicos y logísticos

Mediante una declaración pública, los principales gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío manifestaron su preocupación por los efectos que podría generar el proyecto de ley de autocontrol de pesaje, actualmente en discusión en la Comisión de Obras Públicas del Senado.

En el documento, firmado por agrupaciones gremiales como ASEM, ASEXMA Biobío, ASIMET, CChC de Concepción, CPC Biobío, CORMA Biobío y Ñuble, IRADE,Pescadores Industriales del Biobío, PymeMad y Socabio; señalaron que “su diseño actual podría provocar importantes dificultades operacionales, mayores costos logísticos y una pérdida de competitividad para distintas actividades económicas de la región y de la macrozona centro-sur”.

Las organizaciones empresariales coinciden en la importancia de avanzar en medidas que permitan prevenir la circulación de vehículos con sobrepeso, proteger la infraestructura vial y fortalecer la seguridad de las personas, sin embargo “la regulación debe ser técnicamente eficaz, proporcional y compatible con el funcionamiento de las cadenas productivas y logísticas del país”, indicó Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío.

“Una de las principales preocupaciones apunta a que el proyecto concentra nuevas obligaciones de control en instalaciones de destino, como puertos, plantas industriales y centros de transferencia de carga, cuando el eventual daño a los caminos ya se ha producido durante el trayecto. A juicio de los gremios, este enfoque no resuelve adecuadamente el problema de fondo y podría generar nuevos puntos de congestión, mayores tiempos de espera y una disminución de la capacidad operativa del sistema logístico”, añadió el líder gremial.

Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, explicó que, en el caso de este sector, “hoy todas las plantas cuentan con sistemas de pesajes certificados que forman parte del sistema de trazabilidad que regula Sernapesca. El proyecto de ley propone además remitir la información de pesaje a la Dirección de Vialidad según defina el Ministerio de Obras Públicas, lo que significará nuevas exigencias con la consiguiente pérdida de competitividad en la operación logística pesquera”, puntualizó.

Los gremios y organizaciones empresariales plantearon la necesidad de introducir modificaciones que permitan cumplir efectivamente el objetivo de proteger la infraestructura vial, sin generar nuevas barreras para el desarrollo productivo. “Hacemos un llamado a la Comisión de Obras Públicas del Senado a revisar el diseño actual del proyecto e incorporar las observaciones de los sectores productivos del país, promoviendo un diálogo técnico que permita avanzar hacia una regulación efectiva, aplicable y acorde con las distintas realidades operacionales del país”, señalan en la declración.

Entre las observaciones indicadas por las organizaciones firmantes, se encuentran “incorporar criterios de proporcionalidad y diferenciación según las características de cada actividad, reconociendo las particularidades de las faenas móviles, las instalaciones industriales, los recintos portuarios y los centros de transferencia de carga; ejecutar una evaluación de los impactos operacionales y económicos de las nuevas exigencias; priorizar la fiscalización en los puntos de origen y durante el trayecto”, entre otros puntos.