Seis organismos públicos respaldan evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco
13 de Octubre 2026 | Publicado por: Bruno Rozas Hinayado
DGA, Conadi, Sernatur, Sernageomin y CCHEN remitieron informes al SEA en el marco de reclamaciones contra la aprobación del proyecto.
Seis organismos públicos se han pronunciado sobre distintos aspectos de la evaluación ambiental del proyecto de tierras raras impulsado por Aclara y CAP en Penco, iniciativa que contempla una inversión de US$130 millones y obtuvo su aprobación ambiental en junio.
Los informes fueron remitidos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el marco de la revisión de las reclamaciones presentadas ante el Comité de Ministros.
Los informes abordan materias relacionadas con los recursos hídricos, la presencia de elementos radiactivos, las prácticas indígenas, el paisaje y la estabilidad física y química del proyecto.
Las conclusiones de los servicios se refieren a sus respectivas áreas de competencia y forman parte de los antecedentes considerados en el proceso de revisión.
Entre los organismos que emitieron pronunciamientos se encuentran la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Agua y componentes radiactivos
En materia hídrica, la DGA sostuvo que los antecedentes presentados durante la evaluación resultan suficientes para sustentar que los impactos identificados sobre el recurso no serían significativos.
El organismo destacó las obras contempladas para controlar la escorrentía y los sedimentos, además de señalar que el proyecto no considera extracciones ni descargas hacia cuerpos de agua.
Por su parte, la CCHEN revisó los antecedentes relativos a las concentraciones radiactivas presentes en las arcillas y en el concentrado asociado a la iniciativa. Según su pronunciamiento, los resultados permiten “descartar riesgos y efectos radiológicos sobre la población y el medio ambiente”.
Ambas materias forman parte de los antecedentes técnicos del proyecto, que busca desarrollar una operación de extracción y procesamiento de tierras raras en la comuna de Penco, en la Región del Biobío.
Observaciones indígenas y efectos sobre el paisaje
En el ámbito indígena, Conadi indicó que las observaciones formuladas durante la evaluación fueron abordadas adecuadamente.
Asimismo, calificó como “suficientes y culturalmente pertinentes” las medidas relacionadas con las prácticas indígenas consideradas en el proceso.
El pronunciamiento de Sernatur, en tanto, se centró en los posibles efectos sobre el valor paisajístico y turístico del Sendero Estero Penco.
El organismo estimó que existen antecedentes para descartar una alteración significativa de esos atributos, luego de que se incorporaran cinco sitios del sendero al análisis visual del proyecto.
La revisión de estos aspectos se vincula con la evaluación de los efectos que la iniciativa podría generar en su entorno y con las medidas consideradas para abordar los impactos identificados.
Sernageomin revisó estabilidad física y química
El quinto organismo, Sernageomin, evaluó los antecedentes relacionados con la estabilidad física y química del proyecto.
El servicio estimó que se contó con información suficiente para realizar ese análisis, incluidos estudios sobre remociones en masa y las medidas preventivas contempladas.
Los cinco pronunciamientos corresponden a materias técnicas específicas y constituyen antecedentes para la revisión de las reclamaciones ante el Comité de Ministros. Su contenido no equivale, por sí solo, a una resolución definitiva sobre esos recursos administrativos.
Aclara solicitó rechazar una reclamación
En paralelo, Aclara presentó un escrito el 2 de octubre en el que solicitó rechazar una de las reclamaciones formuladas contra el proyecto.
En el documento, la empresa sostuvo que el recurso cuestiona el resultado de la evaluación ambiental, pero no demuestra que sus observaciones hayan sido consideradas de manera insuficiente.
“El recurso confunde la discrepancia con el resultado de la evaluación, con una falta de debida consideración”, planteó la compañía.
La iniciativa, que considera una inversión de US$130 millones, obtuvo su aprobación ambiental en junio.
Sin embargo, las reclamaciones presentadas mantienen en revisión distintos aspectos de su evaluación, por lo que los antecedentes remitidos por los organismos públicos forman parte del procedimiento que deberá resolver el Comité de Ministros.