Tierras raras: proyecto en Penco contempla vida útil declarada de solo 9 años

El proyecto, cuyo titular es REE Uno SpA, contempla una faena minera y una planta destinada al procesamiento de arcillas con presencia de tierras raras.

La eventual explotación de tierras raras en Penco no sólo plantea interrogantes sobre los años en que la faena estará operativa, sino también respecto de las condiciones en que quedará el territorio una vez finalizadas sus actividades.

El proyecto impulsado por Aclara contempla una vida útil declarada de nueve años, de acuerdo con el documento de ingreso presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en junio de 2024.

El proyecto, cuyo titular es REE Uno SpA, contempla una faena minera y una planta destinada al procesamiento de arcillas con presencia de tierras raras, además de las correspondientes obras asociadas a su operación y posterior cierre.

La duración acotada de la etapa productiva abre, sin embargo, una discusión que trasciende el calendario de funcionamiento: qué ocurrirá con los suelos intervenidos, los recursos hídricos y los ecosistemas una vez que la actividad minera termine y qué tan rápido podrá recuperarse el territorio.

En el expediente ambiental se contempla, para la etapa de cierre, la restauración mediante especies nativas de superficies intervenidas en las zonas de extracción Victoria Norte y Maite, además de la zona de disposición.

El cierre no significa necesariamente el fin de los impactos

El profesor titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Ricardo Barra, plantea que para determinar qué podría permanecer en el territorio después del cierre es necesario analizar primero los impactos potenciales y su capacidad de prolongarse en el tiempo.

“No basta con observar el momento en que termina la extracción: hay que analizar qué transformaciones podrían persistir en el suelo, el agua y los ecosistemas, así como la posibilidad de que algunos procesos continúen después de la operación”, explicó.

A juicio del académico, esa evaluación debería considerar la línea base ambiental utilizada para caracterizar el territorio antes de la intervención, además del balance hídrico, las características y estabilidad de los suelos, las posibles fuentes de contaminación y las medidas contempladas en el plan de cierre y postcierre.

El punto resulta relevante considerando que nueve años corresponden al horizonte de funcionamiento declarado, pero no necesariamente al tiempo que requerirá el territorio para recuperar sus condiciones anteriores.

La diferencia entre ambos periodos es precisamente uno de los aspectos que, según Barra, debe ser observado con atención.

“En segundo lugar, el éxito de la recuperación debe evaluarse mediante variables e indicadores medibles”, sostuvo el especialista.

Entre ellas mencionó la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, la recuperación de la vegetación, la biodiversidad y la estabilidad de las áreas intervenidas.

Para Barra, esos resultados no deberían evaluarse de manera aislada. Tendrían que compararse tanto con la línea base ambiental como con sitios de referencia que no hayan sido intervenidos por el proyecto, de manera de establecer si efectivamente existe una recuperación de las condiciones del territorio.

¿Cuánto tiempo debería durar el monitoreo?

Uno de los principales puntos planteados por el académico es que no resulta adecuado fijar anticipadamente un periodo único de seguimiento posterior al cierre.

“En cuanto a la duración del seguimiento, no establecería de antemano un plazo único. El monitoreo debería mantenerse hasta demostrar que las variables ambientales se han estabilizado y que no existen tendencias que indiquen impactos persistentes o procesos que puedan generar efectos posteriores al cierre”, afirmó.

La observación instala una interrogante respecto de la relación entre los nueve años de operación proyectados y el periodo posterior que podría requerirse para determinar si las medidas de recuperación fueron efectivas.

En otras palabras, el término de la explotación no necesariamente constituye el punto final del análisis ambiental.

Para el especialista, será necesario comprobar mediante información objetiva que las áreas intervenidas efectivamente se estabilizaron y que no existen procesos capaces de generar efectos posteriores.

Barra también puso énfasis en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos durante la evaluación.

A ello agregó que la verificación no debería quedar exclusivamente en manos del titular del proyecto. A su juicio, debe existir una fiscalización independiente y transparente de parte de la autoridad ambiental, con metodologías claras, revisión de los resultados y acceso público a la información.

Una oposición que busca frenar el proyecto

Desde las organizaciones que se oponen a la iniciativa, la discusión adquiere una dimensión distinta.

Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de minerías”, sostuvo que las agrupaciones comunitarias y ambientales llevan años cuestionando el proyecto y que actualmente existen acciones administrativas destinadas a impugnar su aprobación.

La dirigenta recordó que durante el proceso de participación ciudadana de 2024 se formularon numerosas observaciones y cuestionamientos al proyecto.

Según explicó, algunas de esas observaciones dieron origen a recursos de reclamación que fueron acogidos a tramitación por el Comité de Ministros.

Arriagada agregó que las organizaciones también impulsan un recurso de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental y que esperan que las acciones administrativas permitan eventualmente recurrir a tribunales ambientales y otras instancias judiciales.

“Con estos dos recursos esperamos no llegar al momento en que esta mega minería de tierras raras se instale en nuestro territorio”, sostuvo.

La vocera aseguró además que la oposición al proyecto no se limita a sus eventuales efectos sobre el medio ambiente, sino que también considera posibles consecuencias para la comunidad.

En ese sentido, afirmó que las organizaciones continuarán con acciones de presión social, manifestaciones y divulgación de las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría la iniciativa.

El municipio evita proyectar efectos

Desde la Municipalidad de Penco, en tanto, optaron por mantener cautela frente a escenarios posteriores al cierre, argumentando que todavía existen aspectos técnicos, ambientales y operacionales que deben ser considerados antes de proyectar eventuales consecuencias.

“Mientras el proyecto de tierras raras no está 100% definido en términos técnicos, ambientales y operacionales, no corresponde que como municipio nos pronunciemos sobre eventuales efectos posteriores al cierre ni sobre escenarios que hoy son hipotéticos”, señalaron desde el municipio a Diario Concepción.

Diario Concepción contactó a la empresa Aclara para saber más antecedentes, sin embargo, no se pudo obtener una vocería.