Reforma previsional en Biobío: el complejo equilibrio entre mejores pensiones y la sostenibilidad pyme

Mientras más de 218 mil beneficiarios de la PGU en la Región acceden a mayores montos, la nueva etapa del incremento gradual en la cotización por parte del empleador eleva la incertidumbre económica.

Diciembre próximo será un nuevo momento para medir los primeros efectos de la reforma previsional en el Biobío. Mientras miles de pensionados comenzaron a acceder a un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, ya enfrentan una nueva etapa del incremento de las cotizaciones de cargo del empleador.

La Ley N° 21.735 estableció un aumento gradual de la PGU hasta $250.275, junto con un incremento progresivo del aporte patronal y la creación del nuevo Seguro Social Previsional. En septiembre, este incremento se extendió a las personas de 75 años o más y llegará a todos los beneficiarios de 65 años o más en septiembre de 2027.

En el Biobío, el alcance es significativo. Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que 218.871 personas reciben actualmente la PGU en la región: un 58,2 % corresponde a mujeres y un 41,8 % a hombres.

El desafío para diciembre será determinar cuántos beneficiarios regionales ya accedieron al nuevo monto y cuánto dinero adicional está llegando mensualmente a los hogares.

Mayor costo para las empresas

El otro componente de la reforma ya comenzó a impactar directamente a los empleadores. Desde las remuneraciones de agosto de 2026 inició una nueva etapa del aumento de la cotización patronal, que llegará gradualmente al porcentaje establecido por la normativa.

El cambio ocurre en un escenario empresarial complejo. El Índice de Percepción Empresarial Regional (IPER), elaborado por CPC Biobío, EY y la Universidad Andrés Bello Concepción, mostró que un 83 % de los 95 empresarios y ejecutivos consultados esperaba un aumento de los costos de los insumos. En diciembre de 2025, esa cifra alcanzaba un 54 %.

También cayó la expectativa de contratación: un 25 % proyectaba aumentar su dotación en junio de 2026, mientras que un 24 % esperaba reducirla y un 51 % mantenerla. En diciembre pasado, el 46 % esperaba aumentar el empleo.

El IPER no atribuye estos resultados directamente a la reforma previsional, pero sí refleja el escenario en que las empresas deberán asumir el mayor aporte.

El presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, sostuvo que el contexto representa un desafío particularmente fuerte para las pymes.

“El incremento de 1 punto porcentual a contar de las remuneraciones de agosto, que eleva la cotización a cargo del empleador al 3,5 % en su trayectoria gradual hacia el 7 %, impone un desafío de alta severidad para la sostenibilidad del sector privado, en especial para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

El dirigente planteó que una forma de amortiguar la mayor carga sería aumentar la flexibilidad laboral, incluyendo ampliar de 4 a 16 semanas el período de referencia para promediar la jornada y establecer mecanismos como bandas horarias, jornadas adaptables y turnos compartidos.

A su juicio, sin adaptabilidad y políticas de crecimiento, “la combinación de mayores costos y rigidez terminará desplazando el empleo formal y de calidad hacia la informalidad”.

Pymes apuntan a la productividad

Desde Asem, su presidente, Humberto Miguel, también puso el foco en el impacto acumulativo de los cambios laborales. Afirmó que el aumento previsional se suma al incremento del ingreso mínimo, la Ley de 40 Horas y la Ley de Delitos Económicos, entre otras modificaciones.

“Todos estos gastos tienen un fin que es importante, el tema está en que este costo se le carga a la pyme como un aporte del empleador, pero son costos que la pyme no puede absorber”, señaló.

Cerda sostuvo que las empresas de menor tamaño tienen dificultades para traspasar estos incrementos a los precios, por lo que llamó a prepararse mediante inversiones que eleven la productividad.

“Las pymes tenemos que ser capaces de aumentar nuestra productividad. Para eso tenemos que hacer inversión en tecnología, tenemos que insertarnos con más fuerza en la inteligencia artificial y eso significa digitalizar y caminar hacia la transformación digital”, explicó.

Aunque valoró los objetivos de la reforma, cuestionó que el financiamiento recaiga principalmente en los empleadores.

“Entendemos que los objetivos son sanos, son buenos, favorecen de alguna manera o medida a los trabajadores, a las personas jubiladas, pero no es justo que el costo siempre se le cargue al empleador y principalmente a la pyme, que no es capaz de absorberlo”, sostuvo.

Beneficio para pensionados y riesgo laboral

Para Hugo Moraga, académico de Facea UdeC, el aumento de las pensiones también puede generar efectos positivos sobre la economía regional, debido a que quienes reciban mayores ingresos previsionales probablemente destinarán buena parte de esos recursos al consumo. “Puede tener un efecto positivo para la reactivación”, explicó.

Su principal preocupación, sin embargo, está en el aumento del costo de la mano de obra. El académico recordó que las empresas regionales ya han enfrentado otras modificaciones laborales y que el escenario es especialmente complejo para las pymes.

Moraga advierte que una mayor contratación puede perder atractivo frente a la inversión tecnológica. “A mayor costo de la mano de obra, siempre se genera una mejor alternativa en introducir tecnología, invertir en tecnología, que me haga desistir de contratar nueva mano de obra”, afirmó.