Biobío: pesca industrial pide penas similares a las de robo de madera para frenar hurto de recursos marinos

Tras estimar en más de US$215 millones las pérdidas anuales para la zona debido al crimen organizado, el gremio solicitó replicar el modelo del sector forestal, que redujo este delito en un 94% mediante herramientas penales más severas y trabajo público-privado.

En el seminario “Por un Chile sin economía ilícita: los casos forestal y pesquero”, organizado por Pescadores Industriales del Biobío, se analizaron las experiencias de ambos sectores y las medidas institucionales que permitieron reducir de forma significativa los delitos asociados al robo de madera.

Durante la jornada, se profundizó en el fenómeno de la pesca ilegal y sus efectos sobre la economía regional y nacional. En este contexto, el gremio pesquero solicitó tramitar una legislación similar a la del robo de madera para el sector, con el fin de replicar los buenos resultados alcanzados en el ámbito forestal, particularmente en la Región del Biobío.

La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, sostuvo que “la mayor sanción por el robo de pescado es de 541 días, casi dos años; sin embargo, cuando hablamos del robo de madera nos referimos a una pena máxima de cinco años. Hay que homologar las sanciones para los mismos tipos de delitos porque estamos frente a un nivel de organización muy similar. Más encima, están presentes en la misma región, por lo que son actores que se mezclan y se potencian para llevar a cabo estos ilícitos”.

“La primera medida es constituir una mesa de trabajo público-privada e intersectorial. En este encuentro contamos con Sernapesca Nacional, la Seremi de Seguridad y la Armada, quienes son los principales actores convocados, junto con el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, gremios y diversos representantes del sector”.

Respecto al impacto económico, la líder gremial precisó que “a nivel nacional hablamos de US$ 430 millones anuales en pérdidas por robos, no por evasión tributaria. Si eso lo llevamos principalmente al jurel y las merluzas, la mitad correspondería a la Región del Biobío (US$ 215 millones). Sin embargo, al tratarse de una actividad ilegal, su cuantificación es compleja. Hoy se planteó que estas cifras son solo el piso, por lo que la magnitud real es aún mayor”.

En cuanto a la realidad operativa local, Cepeda reveló que “de cada 10 recaladas industriales, ocho se ven afectadas por robos perpetrados por los llamados ‘gatos’ (ladrones de pescado). Son embarcaciones menores que embisten a las industriales, se adosan y roban entre 5 y 6 toneladas”.

Por su parte, Margarita Celis, gerenta de Corma Biobío y Ñuble, expuso la experiencia del sector forestal para enfrentar el robo de madera, delito que llegó a vincularse a bandas organizadas, violencia y control territorial. “En 2021, el impacto económico estimado de este delito alcanzó los US$ 92,4 millones con un flujo equivalente a unos 200 camiones diarios de madera robada”, recordó.

Celis explicó que para frenar este fenómeno se aplicó una estrategia integral liderada por los seis gremios de la coalición Futuro Madera, basada en la articulación público-privada, autorregulación, reformas legales, tecnología y trazabilidad, lo que fortaleció los controles desde el origen hasta el destino de la madera. Gracias a estas medidas, entre 2021 y 2023 el impacto económico estimado de este mercado ilícito disminuyó en un 94 %.

“Entendimos que no estábamos ante un simple hurto, sino frente al crimen organizado con uso de violencia, control territorial y capacidad de insertar madera ilícita en mercados formales para financiarse. Comprender esa dimensión cambió la forma de abordar el problema y nos llevó a construir una respuesta integral”, destacó Celis.

En representación del Gobierno, el delegado presidencial regional, Julio Anativia, remarcó la importancia de la convocatoria: “Existe un Comité contra el Crimen Organizado donde se abordan estas temáticas, las cuales, por la naturaleza de la institucionalidad, son de carácter reservado. Sin embargo, reconocemos la necesidad de comunicar los avances a los actores involucrados. Por ello, a partir de estas instancias de mejora, generaremos espacios participativos complementarios que permitan entregar resultados y recibir información por parte de los gremios”.

En tanto, el exsenador y exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, expositor en el encuentro, advirtió que “el último indicador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián estableció que durante 2025 hubo más de 7.900 ingresos de causas en esta región, lo que representa un aumento respecto a 2024 y un alza de más del 49 % en comparación con 2022. En el caso específico de la pesca ilegal, estamos hablando de una industria ilícita que mueve cerca de 500 millones de dólares al año”.

Harboe añadió que “esto ya se enfrentó con el robo de madera, por lo que existen mecanismos probados. Lo que se requiere es modificar la ley e incorporar la pesca ilegal ya no solo como infracción, sino como un delito formal. Esto entregará a las policías y al Ministerio Público potestades investigativas y medidas intrusivas, como la interceptación de comunicaciones o las entregas vigiladas, herramientas que dieron excelentes resultados en el sector forestal”.

Finalmente, el exsubsecretario hizo hincapié en el impacto socioeconómico: “Hablamos de un ilícito que mueve cerca de 470 millones de dólares al año a nivel general y más de 60 millones de dólares en impuestos que se dejan de percibir, sin contar el impacto aún no medido en el desempleo y el riesgo sanitario para quienes consumen pescado de origen ilegal. Biobío tiene dos grandes vocaciones: la forestal y la pesquera. La primera ya está protegida por ley. No puede ser que en la región sea mucho más barato robar pescado que robar troncos. Corresponde ponernos a la altura y proteger a la pesca como se ha hecho con otras industrias”.

El encuentro contó también con la participación de la gerenta general de la CPC, Carolina Agüero, y sirvió para presentar los principales resultados de un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —elaborado con más de 30 gremios y 70 expertos— que analizó el impacto de los mercados ilícitos en diversos sectores del país.