Mundo sindical rechaza propuesta de recortar la indemnización laboral pese a idea de pago “a todo evento”

La iniciativa del Gobierno contempla reducir a la mitad el pago por año trabajado, de un mes a medio mes de sueldo, e incluir las renuncias voluntarias mediante una cotización del 1,8% a cargo del empleador.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, adelantó a CNN los ejes del cambio que el Gobierno busca implementar al sistema de indemnización por años de servicio. La propuesta contempla reducir el pago actual, que mantiene un tope de 11 años, a la mitad, pero convirtiéndola en una prestación “a todo evento”.

El titular de la cartera detalló que entre las opciones evaluadas figura una cotización del 1,8% a cargo del empleador, la cual se acumularía en una cuenta individual generadora de rentabilidad.

El aspecto que encendió las alarmas en el mundo sindical regional es la rebaja en el monto total. La normativa vigente establece un mes de sueldo por año trabajado ante causales como despidos por “necesidades de la empresa”, mientras que la iniciativa gubernamental contempla reducir ese cálculo al 50%. “Estará en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que trabajamos: algo así como medio mes por año, pero a todo evento”, señaló Rau al medio citado.

De aprobarse un eventual proyecto de ley, el ministro precisó que la norma no tendría efecto retroactivo. Al extenderse “a todo evento”, incluyendo renuncias voluntarias, la medida podría constituir un beneficio para los grupos que experimentan mayor movilidad laboral.

Según datos preparados por el Observatorio Laboral Biobío (2024-2025), un 25,3% de los ocupados en la Región lleva menos de un año en su empleo, mientras que el 22,9% suma 11 años o más.

La visión académica

Al respecto, el Dr. Luis Méndez, director del Observatorio Laboral Biobío y académico de la Universidad del Bio-Bío (UBB), comentó que “el mayor perjuicio para los trabajadores es que la indemnización se reduce a medio mes. La legislación actual establece un mes por año con tope de 11 años cuando ocurre por necesidades de la empresa. Si consideramos que cerca del 56% de los trabajadores tiene entre 3 y 11 años o más de antigüedad, esto significaría una pérdida e introduciría inestabilidad”.

“Por el lado de las empresas, otorga mayor flexibilidad en el manejo del recurso humano y resta rigidez al mercado. Permite además programar costos mediante la cotización del 1,8% sobre la remuneración imponible, evitando un desembolso directo cada vez que la compañía lo requiera”.

El académico apuntó a que las políticas públicas deben buscar un punto de equilibrio. “El bien común exige ponderar el interés de trabajadores y empresarios: una alternativa intermedia que dé flexibilidad al mercado, resguarde beneficios y no sobrecargue los costos laborales. Los problemas complejos requieren soluciones técnicas respaldadas por un diálogo amplio”, afirmó.

Rechazo en los trabajadores

Desde el sector sindical, Mikel Capetillo, presidente provincial de la CUT Concepción, expresó su total rechazo tras repasar la historia de las indemnizaciones en el país.

“La relación laboral es un vínculo asimétrico entre el trabajador y el empleador. Las leyes existen para hacerse cargo de esa asimetría y evitar el abuso y la precarización”, sostuvo Capetillo.

El dirigente comparó la medida con las reformas aplicadas en los años 80 por el entonces biministro José Piñera. “En esos años prometieron crear empleo reduciendo la indemnización y entregando los fondos a las AFP. El resultado fue un aumento histórico del desempleo que obligó a crear el PEM y el POJH. Hasta agosto de 1980, los trabajadores tenían indemnización sin tope, un derecho que nunca recuperamos”.

Capetillo cuestionó además que estas propuestas aseguren empleo de calidad. “Mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo, se favorece a las grandes fortunas. Hoy el ministro Rau habla de medio mes por año a todo evento, pero cabe preguntarse: ¿será con o sin tope de años?”.

En tanto, Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, tildó la medida de precarizadora. “No podemos admitir nivelar hacia abajo. No es ético decir que “no será retroactiva”; eso no es pensar con responsabilidad en las futuras generaciones que hoy se están preparando para trabajar. No seremos cómplices de una medida que genera división y molestia social”.

El impacto del debate se refleja también en la ciudadanía. Máximo Coronado (64), quien el próximo año cumplirá la edad de jubilación, fue desvinculado recientemente tras 11 años de servicio, recibiendo el finiquito correspondiente bajo la norma actual. “Me parece muy mal. Con las reglas ya sobre la mesa no se debería revertir el sistema, aunque quizás a la gente joven que recién empieza le pueda ser favorable”, comentó.

Por su parte, Alejandra Castillo, quien acudió a la OMIL de la Municipalidad de Concepción en búsqueda de empleo, fue enfática al expresar que “lo encuentro una injusticia total y un abuso de poder. La gente ha aprendido a hacer valer sus derechos y, con esto, se va a sentir abandonada, sin opinión y sin derecho a reclamo”.

En su oportunidad, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Biobío, Camila Álvarez, explicó que efectivamente las modificaciones a las indemnizaciones por años de servicio fueron una materia dentro del contexto de las iniciativas allegadas a la Mesa de Reactivación Laboral convocada por la cartera.

“(Desde Sofofa) señalan que es una causal de rigidez laboral que afecta a la empleabilidad e indican, además, que el sistema de indemnizaciones que tiene nuestro país está por sobre el promedio de la OCDE, que es de 10 años y en comparación con los 2,3 sueldos que se pagan como indemnización en países de la OCDE”, dijo Álvarez.