Nueva ley exigirá a empresas adaptarse al envejecimiento laboral

La norma crea reglas laborales para trabajadores mayores de 65 años desde junio de 2027.

Con la entrada en vigencia de la Ley Integral de las Personas Mayores, prevista para el 1 de junio de 2027, las empresas deberán adecuar sus procesos internos para responder a una realidad demográfica que cambiará la composición de la fuerza de trabajo durante las próximas décadas.

La nueva normativa cobra especial relevancia luego de que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anticiparon que, a partir de 2028, Chile tendrá más personas de 65 años o más que menores de 15 años, convirtiéndose en uno de los países de América Latina con un proceso de envejecimiento más acelerado.

Hacia 2050, además, se estima que cerca de un tercio de la población pertenecerá al grupo de personas mayores.

En ese contexto, la legislación incorporó un nuevo capítulo al Código del Trabajo destinado específicamente a regular las condiciones laborales de trabajadores de 65 años o más, estableciendo obligaciones que las empresas deberán implementar antes de su entrada en vigencia.

Para el abogado Felipe Alveal, director y socio de Risolvo Legal, la ley responde a una transformación mucho más profunda que una simple modificación normativa. A su juicio, las empresas deberán comprender que el envejecimiento de la población modificará de manera permanente la composición del mercado laboral.

“Chile está cambiando demográficamente y las empresas también tendrán que cambiar. Cada vez habrá más personas que continuarán trabajando después de los 65 años, por lo que esta ley busca adaptar las relaciones laborales a una realidad que llegó para quedarse”, sostiene.

En una región como el Biobío, donde distintos sectores productivos enfrentan dificultades para encontrar mano de obra especializada y retener trabajadores con experiencia, el nuevo escenario abre también un desafío para la gestión de personas.

Especialistas coinciden en que la permanencia de trabajadores mayores será cada vez más frecuente, tanto por razones demográficas como económicas.

La normativa contempla un régimen laboral específico para trabajadores mayores de 65 años, con reglas que deberán incorporarse a los procesos internos de las organizaciones.

Entre ellas figura un ingreso mínimo mensual diferenciado para este grupo, que actualmente alcanza los $412.938, mientras que el ingreso mínimo general vigente corresponde a $553.553.

Más allá de las diferencias salariales establecidas por la legislación, uno de los principales desafíos será la preparación anticipada de las empresas. De acuerdo con Alveal, el tiempo disponible antes de la entrada en vigencia podría generar una falsa sensación de holgura.

Las proyecciones demográficas respaldan la necesidad de anticiparse. Según cifras del INE, el índice de envejecimiento del país ya alcanza las 92,5 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, indicador que continuará aumentando de forma sostenida durante las próximas décadas.

Este fenómeno no solo tendrá implicancias para las políticas públicas, sino también para la forma en que las organizaciones administran su capital humano. Expertos sostienen que el envejecimiento dejará de ser una situación excepcional para transformarse en una condición permanente dentro del mercado laboral chileno.

En esa línea, Alveal plantea que las empresas deberán incorporar esta nueva realidad dentro de sus estrategias de gestión de personas, entendiendo que el desafío trasciende el cumplimiento normativo.

“Las empresas que entiendan que este no es solo un cambio legal, sino también un cambio demográfico y organizacional, tendrán mejores herramientas para atraer y retener talento en un mercado laboral que será muy distinto al de hace una década”, concluye.