Contratistas de Tapusa evalúan una demanda colectiva contra la empresa

Lluvias agravan crisis en sectores como el del Eje Colón, donde vecinos acusan abandono y peligros tras la paralización de obras.

La lluvia caída en los últimos días en el Gran Concepción no solo trajo consigo anegamientos habituales del invierno, sino que dejó en evidencia el complejo escenario que enfrentan vecinos de distintos sectores debido a la paralización de obras que estaban a cargo de la española Tapusa S.A., firma a la que el Minvu puso término anticipado de contrato.

En el eje Colón, particularmente en el sector Medio Camino de Hualpén, el barro, los socavones y las intervenciones inconclusas han transformado la vida cotidiana en una constante dificultad.

“Esto no es algo nuevo, llevamos meses conviviendo con estas obras a medias en el Eje Colón, pero lo de ayer con la lluvia ya fue insostenible. Las calles quedaron llenas de barro, hay sectores donde prácticamente no se puede caminar sin arriesgarse a caer. Acá hay adultos mayores, niños que tienen que ir al colegio, gente que necesita salir a trabajar, y simplemente no hay condiciones”, detalló a Medios UdeC, Verónica Sáez, vecina del sector.

“Lo más indignante es que la empresa se fue y dejó todo abierto, sin señalización ni medidas de seguridad. Sentimos que nadie se está haciendo cargo de lo que está pasando con los vecinos, y eso genera mucha frustración y abandono”, agregó, evidenciando el desgaste que ha generado la situación.

El diagnóstico se repite entre quienes habitan el entorno del eje estructurante. Ricardo Figueroa, también residente de Medio Camino, advierte que la situación ya no solo implica incomodidad, sino un riesgo concreto para la seguridad de las personas.

“El Eje Colón es una vía súper importante para todos nosotros, y hoy está convertido en un foco de problemas. Con la lluvia de ayer, los hoyos se llenaron de agua, el barro se tomó las veredas y las calles, y transitar se volvió peligroso. Aquí no solo estamos hablando de incomodidad, estamos hablando de seguridad” comentó.

“Hay partes donde uno no sabe si está pisando firme o si hay un socavón debajo. Además, esto afecta directamente la conectividad y el comercio del sector. Lo que más molesta es la falta de respuestas claras: sabemos que hay problemas con la empresa, pero mientras tanto, somos los vecinos los que estamos pagando las consecuencias día a día”, enfatizó el vecino.

Situación de Tapusa

Como ha estado informando Medios UdeC, la situación se vincula con la reciente decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de liquidar los contratos con Tapusa S.A., responsable de tres importantes proyectos en la zona: el puente Esmeralda en Concepción, además del puente Perales y el corredor Colón en Talcahuano.

Se trata de iniciativas que, en conjunto, superan los $53 mil millones de inversión y que, pese a su envergadura, permanecían sin avances significativos desde hace meses.

En paralelo al impacto en los territorios, la paralización también ha golpeado con fuerza a quienes participaron en la ejecución de estas obras. Este miércoles, subcontratistas que prestaron servicios a Tapusa sostuvieron una reunión con el objetivo de coordinar acciones frente a la compleja situación financiera que enfrentan.

Entre las medidas evaluadas se encuentra la posibilidad de iniciar una demanda colectiva contra Tapusa, además de gestionar reuniones con autoridades como el seremi de Vivienda, Luis Anselmo; y el ministro de la cartera, Iván Poduje, así como la entrega de una carta formal al Ministerio.

El trasfondo de esta coordinación responde a una problemática mayor: la ausencia de pagos por parte de la firma española, especialmente en relación con el sistema de factoring, mecanismo ampliamente utilizado por las empresas para mantener liquidez operativa.

Según se expuso en la reunión, Tapusa habría dejado de cumplir con estos compromisos hace varios meses, traspasando la carga financiera directamente a los subcontratistas.

Voz de los contratistas

Fabián Campos, representante de Grupo Campos, empresa que arrendaba maquinaria para las obras del Eje Colón, detalló la magnitud del problema.

“Tenemos una deuda de $138 millones bruto, que corresponde a factoring, factura impaga y estados de pago que no se han facturado. Esto empezó desde diciembre del año pasado, donde nosotros empezamos a factorizar las facturas emitidas y desde ahí que no se cumplía con las fechas de pago en los factoring, generaban mora y eso ya repercutió hasta hoy”, dijo Campos.

“Casi la mayoría de los estados de pago nosotros lo hicimos a través de factoring, nosotros al menos como empresa lo ocupamos porque necesitábamos tener solvencia para poder seguir trabajando, pagarle a los trabajadores, tener solvencia con el petróleo, de las maquinarias, porque nosotros personalmente arrendamos maquinaria. Estábamos con 5 retroexcavadoras activamente en el Eje Colón”, agregó.

Campos sumó que, solo por concepto de arriendo de maquinaria, mantienen una deuda cercana a los $83 millones a través de factoring. Asimismo, acusó la falta de comunicación por parte de la empresa mandante.

“Tapusa en estos momentos no se ha pronunciado, nosotros hemos tratado de comunicarnos con ellos a través de correos pero ya no los responden ni las llamadas. Ahora estamos esperando que se cumpla lo que dijo el Ministro Poduje y ver si nos pueden responder a través de algún tipo de pago, ayuda desde el Serviu, un pago solidario, ahí estamos tratando de ver. Esta es la primera toma de contacto, hasta el momento no hemos tenido contacto con nadie del Serviu, estamos tratando de ver cómo podemos solucionar este problema”, manifestó.

Para Campos la empresa dejó los trabajos sin resguardo ni condiciones mínimas de seguridad, lo que repercute en accesos fundamentales para los vecinos. Indicó que las maquinarias fueron retiradas hace semanas y que, si bien no ha recorrido recientemente el lugar, es evidente el perjuicio que esto genera en sectores residenciales.

Desde el ámbito de la seguridad privada, Alexis Gaete, de la empresa Siasom, describió un panorama similar, enfatizando el impacto humano detrás del conflicto.

“Fui a la instalación cuando estaban todos los trabajadores y la gran mayoría son trabajadores de subcontrato. Son los mínimos que Tapusa tiene contratados.(…) Les propuse que nos juntaramos y agendamos una reunión con el seremi y a través de él, llegar al ministro para que nos escuche”.

“El gran problema que hay acá es el factoring, porque Tapusa hace 5 meses dejó de pagarle a los factoring, eso significa que los factoring le pagaron a Tapusa y nosotros queremos saber dónde están esos dineros, porque el Serviu tiene todo pagado, hasta los avances de obra y estamos hablando de millones de pesos”, aseveró Gaete.

Gaete también apuntó a la incertidumbre generada por trabajos ya ejecutados que no alcanzaron a ser facturados antes de conocerse la paralización. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas institucionales y recalcó que, pese a cumplir con sus obligaciones laborales y tributarias, las empresas subcontratistas hoy enfrentan un escenario crítico sin respaldo.

Una visión aún más dura entregó Juan Palma, representante de la constructora FRP, quien calificó la situación como “terrible” y advirtió que los problemas en aceras son solo una parte menor de un daño mayor.

“Aquí hay trabajos de mayor envergadura, por ejemplo, los que estaban trabajando en el Eje Colón, los cuales tienen problemas con el tránsito, hay unos socavones muy grandes en el lugar, hay muros que quedaron a la mitad de hacer. En el Puente Perales también hay una obra que es de mayor envergadura”, señaló.

Palma subrayó además los riesgos para personas con movilidad reducida y discapacidad visual, quienes deben desplazarse diariamente por zonas intervenidas sin condiciones adecuadas.

En su análisis, la empresa no sólo abandonó las obras, sino también a sus propios trabajadores y contratistas. Incluso relató situaciones en que equipos debieron retirarse abruptamente por problemas asociados a impagos en instalaciones de faena, lo que, a su juicio, trasciende una simple quiebra y se acerca a una situación de mayor gravedad.

También cuestionó los mecanismos de control y supervisión, planteando dudas respecto a cómo se gestionaron contratos de esta magnitud sin detectar a tiempo las irregularidades en los pagos.

Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo confirmaron a Medios Udec que se reunirán esta semana con los contratistas. Espacio que será de carácter privado.