Sector agrícola y forestal pide ajustes al proyecto de ley de incendios

La iniciativa abre debate por obligaciones a privados en zonas de riesgo.

La tramitación del proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales entró en una nueva etapa luego de que la Cámara de Diputados no lograra aprobar el texto, lo que obligará a que la iniciativa sea revisada por una comisión mixta.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo establecer un nuevo marco regulatorio que permita mejorar los instrumentos de prevención, fortalecer la gestión del riesgo y ordenar el uso del territorio en zonas expuestas a incendios forestales.

¿Qué dice el proyecto?

Uno de los ejes centrales del proyecto es regular de manera más estricta las zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, aquellas áreas donde viviendas o ciudades colindan directamente con vegetación forestal y donde se concentra buena parte de los siniestros que afectan cada verano a distintas regiones del país.

En términos generales, el proyecto propone herramientas de planificación territorial, nuevas facultades de fiscalización para el Estado y una serie de obligaciones para propietarios de terrenos, empresas forestales y otros actores que desarrollan actividades en zonas consideradas de riesgo.

Entre las medidas que contempla la iniciativa está la realización de análisis nacionales de riesgo de incendios forestales, con el fin de clasificar el territorio según su nivel de amenaza, bajo, medio, alto o crítico, y orientar con ello las políticas de prevención.

Además, el proyecto introduce formalmente el concepto de interfaz urbano-rural, estableciendo que en estos sectores se deberán aplicar medidas obligatorias de prevención.

A ello se suma la creación de zonas de amortiguación o franjas de seguridad alrededor de zonas habitadas, donde se deberá reducir la vegetación combustible para evitar que el fuego alcance viviendas o infraestructura crítica.

Otro punto relevante es la creación de nuevas facultades de fiscalización para el futuro Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR, que sería el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas, realizar inspecciones y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Corresponsabilidad en prevención

Sin embargo, uno de los aspectos que más debate ha generado en la discusión es el principio de corresponsabilidad entre el Estado y los privados en la prevención de incendios. El proyecto establece que propietarios de terrenos, empresas forestales, comunidades y particulares deberán cumplir obligaciones legales destinadas a reducir el riesgo de propagación del fuego.

Entre esas responsabilidades se encuentran acciones como la limpieza de vegetación seca, poda de árboles, reducción del material combustible, mantención de franjas de seguridad y la implementación de cortafuegos en zonas de alto riesgo.

También se contempla la obligación de ajustarse a planes de prevención definidos por la autoridad forestal. En caso de incumplimiento, la normativa considera multas, la realización obligatoria de trabajos y la posibilidad de que el Estado ejecute las labores y cobre su costo al propietario, con sanciones que pueden llegar hasta las 10.000 UTM en casos graves o reincidentes.

Desde los gremios productivos de la región, la iniciativa ha sido recibida con reparos. El presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, José Miguel Stegmeier, manifestó una postura crítica respecto del proyecto, señalando que a su juicio la propuesta legislativa presenta falencias importantes.

“Para nosotros es un proyecto incompleto y tiene severos desequilibrios. Es muy sancionatoria y exigente para los propietarios de predios, sin embargo, no aborda debidamente la principal causa de los incendios en Chile, que es la intencionalidad”, sostuvo.

El dirigente gremial agregó que, desde su perspectiva, si ese aspecto no se aborda de manera adecuada, la normativa podría terminar asignando responsabilidades a quienes no tienen relación con el origen de los siniestros.

“Si no se resuelve este aspecto que es el más gravitante, obviamente que no se lograría la prevención requerida y a la vez generaría responsabilidades de terceros, que son los propietarios, que no tienen ninguna responsabilidad en el origen de estos incendios”, indicó.

Desde el sector forestal la mirada es más matizada. El presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, sostuvo que el país necesita avanzar en una legislación que permita enfrentar de mejor forma este fenómeno.

“Desde el sector forestal creemos que Chile necesita avanzar en una buena Ley de Incendios, que fortalezca la prevención, el combate, la investigación y persecución de la ocurrencia, sea por negligencia o intencional y la recuperación de las superficies quemadas”, señaló el dirigente.

Casagrande explicó que el actual proceso legislativo abre una oportunidad para revisar aspectos clave del proyecto. “Hoy el proceso legislativo contempla la constitución de una comisión mixta, instancia que deberá revisar distintos aspectos del proyecto, entre ellos la temática de la corresponsabilidad”, comentó.

El dirigente agregó que el gremio ha planteado la necesidad de analizar con cuidado el impacto que podrían tener las nuevas obligaciones sobre los pequeños y medianos propietarios.

“Como gremio hemos planteado que es importante analizar con especial atención cómo estas disposiciones impactan a los pequeños y medianos propietarios, para asegurar que las obligaciones que se establezcan sean viables y permitan mantener el uso productivo de los terrenos agrícolas, ganaderos y forestales”, afirmó.

Mirada de parlamentarios del Biobío

En el ámbito político, los parlamentarios de la Región del Biobío también han manifestado distintas posiciones respecto del proyecto. El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano y representante del Distrito 21, sostuvo que la iniciativa aún requiere mejoras importantes.

“No es un buen proyecto, es un inicio de algo, pero eso no quiere decir que sea un buen proyecto”, afirmó el parlamentario. A su juicio, uno de los problemas radica en la falta de claridad respecto del rol de los privados. “¿Qué pasa con el privado que no tiene suficiente capital? ¿Quién lo va a ayudar, la municipalidad o el Estado?”, planteó.

En una línea similar, el diputado del Partido de la Gente Patricio Briones señaló que la discusión debe retomarse con urgencia. “Definitivamente la discusión sobre la Ley de incendios se tiene que retomar a la brevedad acá en el Parlamento”, afirmó.

Briones recordó además el impacto que han tenido los incendios en la región. “Tenemos el ejemplo de Penco y Lirquén que fueron devastados justamente por estos desastres y no veo culpables, no veo sanciones”, indicó, agregando que el país necesita leyes más estrictas. “Tenemos la gran misión de darle ya un párale a este tipo de acciones con leyes que sean duras y con sanciones que sean ejemplificadoras”, subrayó.

Desde una mirada más favorable al avance del proyecto, la diputada Joanna Pérez, de Demócratas, valoró que la iniciativa continúe su tramitación, aunque advirtió que debe perfeccionarse. “Creo que es positivo que el proyecto de Ley de Incendios continúe su tramitación, porque estamos frente a un problema que cada año afecta a muchas comunidades y requiere una respuesta más robusta del Estado”, señaló.

La parlamentaria agregó que el proyecto debe analizarse en detalle para asegurar que la normativa sea efectiva. A su juicio, es necesario considerar la realidad de los territorios y las distintas actividades productivas que conviven en zonas de riesgo.

La diputada Lilian Betancurt, también del Partido de la Gente, sostuvo que el proyecto debe seguir discutiéndose en el Congreso. “Estoy de acuerdo en que este proyecto continúe su discusión y se retome con fuerza en este nuevo periodo legislativo”, indicó.

Betancurt señaló que la corresponsabilidad del sector privado debe analizarse con seriedad, pero siempre considerando el impacto en las comunidades. Recordó además que en la Región del Biobío los incendios han afectado gravemente a muchas familias, por lo que considera necesario avanzar en sanciones más severas y en una normativa que permita prevenir estos hechos.

Por su parte, el diputado electo por el Distrito 21, Patricio Pinilla (DC), afirmó que la aprobación de una ley en esta materia es urgente frente a las catástrofes que se repiten cada verano. “La ley de incendios es una ley necesaria, sobre todo con las grandes catástrofes que estamos presenciando todos los veranos, en especial en nuestra región”, señaló.

Pinilla lamentó que el proyecto se haya entrampado en la Cámara de Diputados y subrayó que la comisión mixta tendrá ahora la tarea de buscar acuerdos. A su juicio, la corresponsabilidad del sector privado es parte de las medidas mínimas que deben exigirse en una sociedad que busca prevenir desastres.