FNE descarta discriminación arbitraria en cálculo de aranceles de la educación superior 

Una serie de recomendaciones de modificación normativa efectuó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el contexto de resguardar la competencia de calidad, en el marco de la política de gratuidad en la educación superior.

Es que la FNE presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tres sugerencias en materia de la regulación de aranceles, tras un informe elaborado por la División Antimonopolios, luego de la consulta presentada por las universidades Finis Terrae, de Las Américas, Autónoma de Chile, Central de Chile, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás, “en la cual solicitaron al TDLC pronunciarse sobre si las resoluciones de la Subsecretaría de Educación Superior que establecen las bases técnicas para abordar aranceles, matrículas y cobros por graduación en el contexto de gratuidad son compatibles con la normativa de defensa de la libre competencia”, dio a conocer la FNE.

Las consignadas recomendaciones tratan de: “Establecer un procedimiento regulatorio estable, con hitos intermedios definidos, plazos adecuados y mecanismos de participación que aseguren a las instituciones y a la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles un acceso equitativo, oportuno y transparente a la información sobre la metodología y los cálculos efectuados por la Subsecretaría de Educación Superior”.

“Fortalecer el rol técnico de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, a fin de asegurar un adecuado contrapeso metodológico y una exhaustiva revisión y correcta aplicación de los aranceles regulados. Alternativamente, se podría evaluar otro modelo de comisión experta, orientada a la resolución técnica e independiente de discrepancias entre la autoridad y los agentes regulados”, describe la entidad en un segundo punto.

Además, plantea “diseñar una metodología para el cálculo de los aranceles que tenga sustento técnico-económico robusto, que represente los costos considerados y resguarde la coherencia interna del modelo, además de explicitar claramente los criterios de política pública que inciden en él para otorgar mayor certeza jurídica y previsibilidad al proceso”.

Materias analizadas

Según la FNE se analizaron las materias consultadas por las casas de estudio, descartando una discriminación arbitraria de carácter exclusorio y concluyó que “existen aspectos procedimentales, institucionales y metodológicos que podrían tener efectos restrictivos de la competencia en el sector y que son susceptibles de mejora”.

“En este análisis -y considerando el trabajo previo realizado en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior, publicado en enero del presente año- la FNE expresó que el proceso de regulación de aranceles requiere modificaciones en cuanto a plazos y oportunidades de participación, tanto de las instituciones de educación superior como de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, contraparte técnica de la Subsecretaría de Educación Superior”, precisa la FNE.

Se contempló un diseño metodológico “para el cálculo y determinación de los aranceles presenta algunas decisiones con un sustento técnico-económico limitado, que podrían derivar en una subremuneración de los costos del subsistema universitario y que no reconocen adecuadamente la diferenciación basada en atributos de calidad entre las instituciones”, detalló la entidad.

Finalmente “consignó que las falencias detectadas podrían reducir los incentivos a realizar inversiones que permitan mantener o mejorar una diferenciación por calidad entre las universidades adscritas a la política de gratuidad, en el mediano plazo, así como disminuir la oferta de vacantes en carreras sub financiadas, sin que ello tenga necesariamente una relación con las preferencias de los estudiantes o las necesidades del mercado laboral”.