Registro Pesquero Artesanal genera discrepancias sobre efectos económicos en el sector

Mientras que algunos representantes prevén consecuencias en ciertas pesquerías, otros observan una oportunidad para que más actores ingresen al mercado.

En la Región del Biobío, donde la pesca artesanal constituye uno de los pilares de la economía y del empleo en comunas como Talcahuano, Tomé, Coronel, Lota y Arauco, el debate en torno al Registro Pesquero Artesanal (RPA) ha vuelto a tensionar la relación entre sustentabilidad y acceso a los recursos.

La controversia se reactivó luego de que pescadores artesanales e industriales recurrieran a la Contraloría Regional de Valparaíso para solicitar la revisión y eventual nulidad de una Resolución Exenta emanada desde la Subsecretaría de Pesca, que instruyó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) abrir el registro por oficio a miles de nuevas embarcaciones a nivel nacional.

El RPA, según establece el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, es un requisito habilitante para ejercer la pesca extractiva artesanal en Chile. No obstante, la misma normativa dispone que, en aquellas pesquerías que se encuentran en plena explotación, como el jurel, la jibia, la reineta o el langostino amarillo, o en estado de agotamiento, como ocurre con la merluza común, la inscripción se mantiene suspendida.

Esta restricción responde, precisamente, al objetivo de preservar los recursos hidrobiológicos y evitar una presión excesiva sobre ecosistemas que ya presentan señales de estrés o deterioro.

Acciones de las organizaciones

Desde las organizaciones que ingresaron el requerimiento a Contraloría, se sostiene que la resolución cuestionada, emitida por la Subsecretaría de Pesca, vulnera abiertamente ese principio.

En el escrito, los firmantes acusan que la autoridad sectorial, encabezada por el subsecretario, Julio Salas, habría actuado sin contar con habilitación legal ni con los informes técnicos requeridos por los Consejos Zonales de Pesca.

A su juicio, se trató de una decisión arbitraria que contraviene el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos marinos y que, además, desnaturaliza el carácter cerrado de pesquerías que ya alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un eventual deterioro irreversible de su ecosistema marino.

El documento presentado ante el ente contralor, también, advierte que la resolución ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar ni un procedimiento legal previo.

En ese sentido, recalcan que un régimen de acceso a las pesquerías solo puede ser modificado mediante una ley, y no a través de una resolución administrativa, por lo que solicitan que se declare ilegal y se deje sin efecto la resolución número 2.563.

Desde el mundo artesanal organizado, una de las voces más críticas ha sido la de Victoria Rubio, presidenta de la Asociación Gremial Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (Conapesca), quien planteó que el objetivo central del recurso es evitar un cambio de reglas que, a su juicio, no corresponde al marco legal vigente.

Según explicó, la resolución abre la puerta a nuevas incorporaciones sin respetar el sistema de vacantes, aumentando la presión sobre recursos que ya están altamente exigidos.

Además, cuestionó que se utilice como argumento la ley de fraccionamiento, señalando que dicha normativa sólo redistribuye porcentajes de captura, pero no autoriza la apertura de registros ni la incorporación de nuevos actores al sistema.

Anuncio de noviembre

El debate se inserta, además, en un contexto más amplio, marcado por el anuncio que realizó la Subsecretaría de Pesca en noviembre, cuando dio a conocer un paquete de siete medidas pro artesanal que, según la autoridad, generarían un beneficio concreto para el sector de pequeña escala.

Entre ellas, se incluyó la posibilidad de permitir la extracción de jurel a embarcaciones menores a 12 metros, el fomento de flotas multiespecies con asignación de recursos como la reineta, actualmente con registro cerrado, y la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo, pese a las observaciones formuladas por el Comité Científico correspondiente.

Visiones desde actores del Biobío

Desde la Caleta Coliumo, en la comuna de Tomé, la presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, Sara Garrido, expresó una postura opuesta.

Para la dirigente, calificar la resolución como “peligrosa e ilegal” omite, a su juicio, un problema de fondo: la mantención de los privilegios heredados de la Ley Longueira, que han concentrado el acceso a los recursos marinos en manos de unos pocos, según la dirigenta.

Para Garrido, lo verdaderamente peligroso e ilegal es que el mar continúe bajo el control de ciertos sectores, a los que ahora, según acusa, se suman algunos dirigentes artesanales aliados con la gran industria, mientras la pesca artesanal genuina ve amenazada su subsistencia.

Una mirada similar es la que planteó Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (FENASPAR).

El dirigente sostuvo que la apertura del registro apunta a permitir el ingreso de nuevos actores que llevan años esperando una oportunidad para trabajar legalmente.

Asimismo, cuestionó que sectores industriales y algunos dirigentes artesanales se manifiesten ahora como defensores de la sustentabilidad, mientras mantienen silencio frente al uso del arte de pesca de arrastre, especialmente en pesquerías como la merluza. A su juicio, si realmente existe preocupación por la conservación del recurso, una señal concreta sería avanzar en la eliminación de prácticas altamente destructivas.

Cortés también apuntó a las tensiones internas dentro del propio mundo artesanal, señalando que algunos dirigentes reaccionan con alarma ante la apertura del registro porque mantienen vínculos estrechos con la industria, accediendo a cuotas transferidas desde ese sector.

Desde la Región del Biobío, el presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, César Jorquera Monsalve, optó por una postura de cautela.

Señaló que cualquier opinión definitiva será emitida una vez que se conozca oficialmente el contenido final de la nueva ley de fraccionamiento y la distribución nacional artesanal por región, proceso que, según indicó, se oficializará tras su presentación al Consejo Nacional de Pesca el próximo 29 de diciembre.

Desde el ámbito industrial, pero con una fuerte presencia en la Región del Biobío, la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda, manifestó que la actuación del subsecretario Salas respondió más a criterios políticos que a recomendaciones científicas orientadas al manejo sustentable de las pesquerías.

En ese sentido, advirtió que este tipo de decisiones resulta especialmente grave si se considera que el jurel chileno es hoy reconocido a nivel mundial como un caso de éxito en recuperación, luego de haber pasado, en poco más de una década, desde una condición de sobreexplotación a un estado saludable en su rendimiento máximo sostenible.

Consultado por Diario Concepción sobre este tema, desde Sernapesca optaron por no entregar declaraciones.