Lorena Lobos, presidenta ANEF Biobío: “Tenemos una precariedad laboral importante en el 80% de la administración pública”

El término de las negociaciones no estaría condicionado al reajuste de 2% planteado, sino más bien a generar condiciones de estabilidad laboral para el sector. 

Para el miércoles está fijada una sesión que será parte de la última negociación entre la denominada Mesa del Sector Público, compuesta por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una serie de asociaciones y organizaciones de funcionarios públicos de diversa índole, además del Gobierno.

Ante este escenario, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Biobío (Anef) detallaron las principales demandas de los trabajadores del Estado. De hecho, Lorena Lobos, presidenta regional de Anef Biobío y directora nacional de la Anef adelantó que “tenemos una precariedad laboral importante en el 80% de la administración pública”.

En entrevista con Diario Concepción la dirigente expuso, además, que el término de las negociaciones no estaría condicionado al reajuste de 2% que se solicita para la presente negociación, sino más bien a generar condiciones de estabilidad laboral para el sector.

-En la última negociación de la Mesa del Sector Público con el Gobierno, ¿qué se está solicitando?

-Respecto del reajuste, está el aumento de remuneraciones de un 2% real que, en definitiva, pretende subsanar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del sector y que es una de las tantas materias que son parte del pliego y que, por suerte, no es la más importante porque hoy día hay otros elementos que le hacen mucho más sentido a los trabajadores que tienen que ver con la estabilidad laboral, entre otros.

-¿Puede detallar otros puntos relevantes del pliego?

-Esta propuesta de reajuste y propuesta de mejoras de las condiciones laborales corresponde a una negociación colectiva de todo el sector público centralizado y descentralizado que afectan a todos los trabajadores públicos de manera transversal. A los regidos por el estatuto administrativo y también a la gente de Educación, los Daem, jardines infantiles y de varios estamentos de la administración pública.

La negociación se constituyó en esta oportunidad por 11 mesas de trabajo y las materias más importantes para nosotros como organización son más bien las que regulan el trabajo remoto, las cobertura universal de la negociación en términos económicos, el cumplir con los compromisos del programa de Gobierno y lo suscrito con la mesa del sector público en el marco de la negociación como el trabajo decente, la estabilidad laboral y constituir, por cierto, elementos que nos puedan dar ciertas garantías respecto de algunos proyectos de ley que están y de algunas materias que quedaron pendientes por parte del Ministerio de Hacienda, respecto de la regularización, por ejemplo, de los honorarios.

-¿Qué demandas regionales están reflejadas en la última negociación con el actual Gobierno?

-Más que demandas regionales, lo que están viendo son materias transversales donde la reducción de la jornada laboral a 40 horas es una necesidad sentida de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público que pudiendo acceder a este beneficio, hoy día no cuentan con aquello. La estabilidad laboral en los marcos y en las materias vinculadas a los reglamentos y a los regímenes, entendiendo que hoy día hay un cuestionamiento importante respecto de la confianza legítima y en que hoy día tenemos una precariedad laboral importante en el 80% de la administración pública que son contratos parciales que se van renovando anualmente.

La libertad sindical que también es parte del petitorio y se adicionó un párrafo exclusivo dentro del pliego como una cuestión prácticamente inédita que resulta fundamental para el ejercicio sindical de todas las asociaciones de funcionarios que hoy día tenemos en el sector público.

La implementación de los acuerdos del incentivo al retiro que tienen que ver con el bono post laboral, que es una materia pendiente respecto del incentivo que, si bien es cierto, quedó permanente en la ley anterior, hoy hay un porcentaje importante de personas que, pudiendo acceder al beneficio no hay claridad de que puedan obtenerlo.

La mesa de seguridad funcionaria a propósito de toda la violencia que han recibido las trabajadoras y trabajadores del Estado centralizado y descentralizado, sobre todo los trabajadores de la salud es otra materia importante de discusión que quedó consignada dentro del pliego.

La mesa de cuidado infantil que es la ampliación del derecho de sala cuna universal para los funcionarios públicos y ampliar también la cobertura legal del cuidado infantil, legislar sobre la función de regulación de forma permanente de los mecanismos de protección que garanticen el acceso y la oportunidad a este beneficio también es una materia que no solo afecta a la Región, sino que, a todo el sector público, así como también la mesa de salud mental también es parte del pliego.

La mesa de equidad de género también es una materia muy importante y que está dentro de los pilotos que se han llevado adelante con el Ministerio de Hacienda. Además, hay un Comité Nacional de Ausentismo que está revisando todas las materias respecto del ausentismo laboral a propósito de las licencias médicas y también la regulación del subsidio de incapacidad laboral que fue toda una polémica que llevamos adelante los trabajadores del sector público y que hoy es un proyecto de ley que está congelado en la cámara.

Otra necesidad es la mayor participación del sector público en la agenda legislativa del Ejecutivo, especialmente, en materias como la modificación de Ley 16.744, la Ley de Equidad Salarial y de Salas Cunas para Chile y la Ley de Integral en Salud Mental que son materias que se están discutiendo en el Congreso.

En resumen, el gran resorte del pliego no está condicionado al reajuste salarial del 2% sino más bien a generar condiciones de estabilidad laboral que nos permitan a los funcionarios del Estado trabajar tranquilos y seguir haciendo las labores de Estado para lo que estamos mandatados.

-¿Qué ha pasado con la propuesta de congelamiento de los sueldos y el tope de 75 años para continuar trabajando?

-El tope de los 75 años quedó establecido en el acuerdo anterior que es una materia en que un sector de nuestra organización presentó cierta reticencia a propósito que creemos que respecto del derecho al trabajo seríamos el único sector cuestionado porque las personas del ámbito privado no se les impide trabajar después de los 75 años, sin embargo, con el sector público estaría establecido. Es algo que todavía genera cuestionamientos y ruido, particularmente, en las universidades en que tenemos profesores de más de 75 años ejerciendo muy bien sus labores y siendo un aporte para la sociedad.

Y, si vinculamos esto al tema del egreso y de las pensiones es algo no resuelto, porque la gente muchas veces sigue trabajando o por gusto, sino que por una necesidad y porque las pensiones no son acordes a ningún tipo de realidad que sustente una vida digna.

Sobre el congelamiento de los sueldos es algo que vimos como una de las sugerencias contenidas en un informe presentado por un estudio que encargó el Ministerio de Hacienda donde surgió bastante polémica porque seríamos el único sector congelado donde planteamos que el Gobierno debiera preocuparse por recaudar en otros ámbitos y no solo en los bolsillos de los trabajadores públicos, así que por cierto que no estamos de acuerdo.

-¿Proyectan algún efecto en la carga laboral de los empleados fiscales por la llamada Ley de Permisología?

-Como bien se plantea en el pliego sobre tener mayor incidencia en los proyectos de ley, en muchas propuestas de norma no se nos invita a conversar y lo que hemos hecho son observaciones de mutuo propio en materias que nos afectan. Creemos que en el caso de la permisología esta no cuenta con un juicio de realidad o como dicen en el fútbol con esta necesidad de llevar la pelota al piso y un escenario que, efectivamente, permita tener una visión más objetiva de lo que está planteando.

-¿Van a defender la dotación actual de empleados fiscales ante propuestas de reducción?

-Creemos que existe sub dotación de personal particularmente en el sector salud. Hay que analizar cuántas políticas de Gobierno se administran porque si un ministerio administra 10 ó 15 políticas de Estado no puede tener solo 20 funcionarios y tenemos políticas que funcionan con cuatro o cinco personas. En Senama son alrededor de 20 funcionarios en la Región con una demanda altísima para lo que no se da abasto. Cuando se habla del Ministerio de Medioambiente, aquí la seremi tiene 15 funcionarios con todo lo significan las políticas de cambio climático, o las consultas indígenas entre otros y en Fonasa son aproximadamente 40 funcionarios.