Destacan en Biobío importancia de modificación a la Ley de Riego ante desastres y emergencias

Permite establecer mecanismos y exigencias distintas para atenuar los efectos y restablecer oportunamente los servicios frente a inundaciones o incendios, entre otros.

El coordinador regional de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Iván Cárcamo, con ocasión de la reciente inauguración de sistemas de riego para reactivación sustentable de agricultores en Santa Juana, destacó la importancia de las herramientas legales para actuar con mayor celeridad ante las emergencias.

“Entendiendo la necesidad de actuar con agilidad frente a situaciones catastróficas que afectan a nuestro sector, recientemente se publicó una modificación clave que permite agilizar la respuesta de la Ley de Riego frente a casos de desastres. Esto nos permitirá seguir apoyando de manera más rápida y eficiente a agricultores y agricultoras, como los de Santa Juana, para que puedan recomenzar sus actividades productivas en el menor tiempo posible, con tecnología que mira al futuro”, explicó.

Lo anterior, reviste de especial relevancia ad portas del inicio de la temporada de primavera verano en relación con el riesgo de incendios forestales, que lamentablemente, ha dejado pérdidas de vidas humanas y productivas en la zona.

En este contexto, el coordinador regional de la Comisión Nacional de Riego (CNR) explicó que la reciente modificación a la Ley 21.758 permite a la CNR establecer mecanismos y exigencias distintas de las señaladas en la presente ley o en su reglamento, “con la finalidad de atenuar los efectos de la catástrofe, restablecer de manera oportuna los servicios o adaptar la infraestructura de riego a las condiciones imperantes en la zona”.

Más en detalle, Iván Cárcamo indicó que los mecanismos y exigencias que se establezcan serán aplicables en las comunas respecto de las cuales el Ministerio de Agricultura haya declarado una emergencia agrícola. “Debido a la existencia de daños a la infraestructura de riego u otro evento que pudiese ser perjudicial para la agricultura o los habitantes rurales. Para esto, el Ministerio de Agricultura solicitará un informe técnico, que permita vislumbrar la existencia de la afectación”, dijo.

Asimismo, desde la CNR, señalaron que esta modificación también exime a las obras dañadas y anteriormente bonificadas, del cumplimiento del plazo mínimo de funcionamiento que exige la Ley de Riego, que es de 10 años.

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Pamela Gatti, manifestó que los sistemas de riego financiados por el Programa de Pequeña Agricultura “no solo optimizan el uso del agua, sino que también incorporan paneles fotovoltaicos que permiten ahorros significativos. Cuando no se está regando, la energía generada por los paneles se inyecta al sistema eléctrico de las viviendas, reduciendo las cuentas de luz y contribuyendo a un uso más sostenible de los recursos”.

La jefa de la cartera de Agricultura en la zona agregó que la industria necesita el riego para desarrollarse. “La entrega de estos bonos está en línea con el objetivo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de dignificar la ruralidad, para que mujeres, jóvenes y pueblos indígenas vean oportunidades en la tierra a través del riego. Buscamos que más familias accedan a este programa para mejorar su calidad de vida”, mencionó.

Gremio y municipios

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio, gremio que agrupa al sector agrícola regional, expresó que la ley que impulsa el riego tecnificado a nivel predial, como también para proyectos de asociaciones de canalistas, entre otros, “ha sido una de las herramientas más exitosas para mejorar nuestra calidad y capacidad de riego, sin embargo, no se disponía de recursos especiales específicamente orientados para reparar o construir obras tras catástrofes, ya sea por grandes crecidas de ríos, inundaciones, terremotos, incendios, etc., esto, sobre todo por los evidentes efectos del cambio climático, dificultaba realizar, en el menor tiempo posible, estas obras o reparaciones”.

Un ejemplo de lo anterior, según el presidente de Socabio, fue lo sufrido hace un par de años, “por la destrucción de un acueducto a raíz de una gran crecida en la comuna de Negrete, por lo tanto, que la ley ahora contemple en caso de emergencias esta modalidad, es una muy buena noticia” dijo.

Desde la Asociación de Municipalidades Región del Biobío (AMRBB), su presidente, Ricardo Fuentes, manifestó que “la modificación a la Ley de Riego es relevante, porque reconoce la necesidad de que esta herramienta no sólo financie proyectos de mediano o largo plazo, sino que también de respuestas rápidas a emergencias o desastres producto de la acción del fuego e inundaciones, que en el caso del Biobío y de tantas regiones con suelo agrícola, se traduce en un gran beneficio”.

Del mismo modo, el presidente de la AMRBB, resaltó que esta adecuación de ley permitirá agilizar procesos y canalizar recursos en plazos mucho más breves, “dando así certezas a las comunidades rurales y a los mismos agricultores que han debido soportar inundaciones, incendios o sequías prolongadas, que golpean directamente la seguridad hídrica y la producción de alimentos”.

Ahora, desde el punto de vista político, Ricardo Fuentes apuntó, además, que espera que esta modificación “venga de la mano con presupuesto asignado, descentralización en la toma de decisiones y que se pueda coordinar desde lo local y con los municipios, porque es ahí donde está la primera línea ante los desastres”.

Ley de Riego

Cabe recordar que la modificación a la Ley de Riego (21.758) fue publicada el 9 de agosto del presente año en el Diario Oficial, donde se modifica la Ley 18.450 que aprueba normas para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje con el objetivo de facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican.

El cambio otorga a la Comisión Nacional de Riego mayores facultades y flexibilidad para actuar en situaciones de catástrofe y emergencia, como escasez hídrica o daños a la infraestructura de riego.

Fue el Ministro de Agricultura en conjunto con el Presidente de la República quien promulgó esta ley que permite a la CNR establecer un mecanismo y exigencias especiales para paliar los efectos de la catástrofe y reestablecer servicios de manera oportuna.