Elaboran plan de inyección de recursos para salvar aves migratorias en el humedal Rocuant-Andalién

La iniciativa contempla una inversión global de US$2,1 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Según el Plan de Acción para la Conservación de Aves Playeras en Chile, al menos siete de las 23 especies playeras neárticas que llegan regularmente al país han perdido más del 70% de sus poblaciones desde 1980.

Estas aves dependen de sitios específicos para alimentarse, descansar y reproducirse, por lo que la pérdida y degradación de humedales, junto con las perturbaciones humanas, representan severas amenazas para su supervivencia.

En el caso del Gran Concepción, el sistema Rocuant-Andalién destaca por la diversidad de ambientes que ofrece a las aves migratorias y playeras, entre ellos playas, marismas, planicies intermareales, canales y desembocaduras. El territorio alberga especies emblemáticas como la gaviota de Franklin, el gaviotín elegante, el zarapito común, el playero de Baird y el pilpilén común.

Patricio Ortiz, presidente de Fundación Bandada, explicó que su importancia trasciende el ámbito local, ya que está reconocido como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (IBA) y Área Clave para la Biodiversidad (KBA).

Además, la playa Isla de los Reyes Rocuant fue reconocida en 2023 como Sitio de Importancia Regional de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

“Estos reconocimientos internacionales confirman que Rocuant-Andalién forma parte de una red de sitios fundamentales para la conservación de las aves y que su protección tiene relevancia no solo para la biodiversidad regional, sino también para las poblaciones de aves migratorias a escala hemisférica”, sostuvo Ortiz.

En este contexto, la Seremi del Medio Ambiente del Biobío participa en la formulación del proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) denominado “Fortalecimiento de la conservación y uso sostenible de los humedales de Chile para la protección de aves migratorias mediante la implementación de los instrumentos de conservación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.

La iniciativa considera la intervención en el sistema de humedales Rocuant-Andalién, en la Región del Biobío. Más al sur del país, por ejemplo, también se considera a los humedales de la Isla Quinchao, en la Región de Los Lagos.

En el Gran Concepción, contempla el trabajo conjunto de las municipalidades de Concepción, Talcahuano, Hualpén y Penco, además del Gobierno Regional (Gore), el Ministerio del Medio Ambiente y organismos sectoriales. El propósito es establecer mecanismos de colaboración que permitan abordar de manera integrada las presiones sobre estos ecosistemas.

El financiamiento considera una donación de US$2.101.835 del GEF y un cofinanciamiento indicativo de US$5 millones, montos que corresponden al proyecto completo y a sus dos territorios de intervención.

Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de preparación, en la que deben precisarse las actividades, responsabilidades institucionales y plazos. Una vez aprobada, contempla 36 meses de ejecución, con miras a comenzar durante 2027.

Coordinación municipal

Desde la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concepción señalaron que una de las posibilidades es conformar una asociación de municipios para adoptar decisiones coordinadas sobre el humedal. También plantearon su participación en mesas de trabajo con servicios públicos, universidades, organizaciones ambientales, empresas y comunidades.

El municipio proyecta aportar información, educación ambiental y acciones para reducir las amenazas, además de poner a disposición iniciativas como Aves, Naturaleza y Bienestar, la aplicación Avifauna de Concepción y el Festival de Aves, orientadas a acercar el conocimiento sobre biodiversidad a la ciudadanía.

En Talcahuano, la directora de Medio Ambiente, Solange Jara, indicó que el municipio participará en mesas de trabajo, compartirá antecedentes técnicos y promoverá la articulación con organizaciones comunitarias, instituciones públicas y actores privados.

“Buscamos fortalecer una gobernanza que permita construir acuerdos para la conservación, restauración y uso sostenible del humedal, reconociendo su importancia como hábitat para las aves migratorias”, sostuvo Jara.

La directora agregó que el municipio ya participó en las primeras reuniones del proyecto, donde expuso las necesidades y desafíos de la comuna. Asimismo, destacó la importancia de incorporar a sectores productivos como el ganadero, logístico, turístico e inmobiliario, para compatibilizar sus actividades con la conservación.

Amenazas y medidas de conservación

La expansión urbana, inmobiliaria e industrial, los rellenos y drenajes, las descargas de aguas residuales y la disposición de residuos forman parte de las principales presiones que el proyecto busca abordar.

Desde Fundación Bandada, Ortiz identificó la pérdida y degradación de hábitats naturales como la principal amenaza para estas especies. Advirtió que las intervenciones sobre los sistemas de drenaje, los rellenos y la fragmentación de ambientes reducen los espacios disponibles para la alimentación y el descanso.

A ello agregó la exposición de residuos de un antiguo vertedero, los cuales podrían ser movilizados hacia el ambiente costero. “Es una problemática que requiere evaluación, recursos y una respuesta efectiva de las instituciones responsables”, planteó.

Respecto de las prioridades para que el proyecto GEF se traduzca en resultados concretos, Ortiz enfatizó fortalecer el monitoreo de aves y sus hábitats, proteger los sitios críticos de alimentación, descanso y reproducción e impulsar acciones de restauración y control de amenazas.

“Desde nuestra experiencia en Rocuant-Andalién, sabemos que la conservación requiere presencia permanente en terreno, información científica, coordinación institucional y recursos. No basta con elaborar diagnósticos, más estudios o generar acuerdos si después no existen capacidades para implementarlos”, afirmó.

De acuerdo con la Seremi del Medio Ambiente del Biobío, entre los próximos pasos se encuentra definir las instituciones responsables de cada actividad, los sitios de intervención, los plazos y los mecanismos para evaluar sus resultados.

Antes de finalizar el año se espera realizar nuevas reuniones, con una convocatoria ampliada a organizaciones ambientales, representantes de la academia y el sector privado, para continuar precisando las acciones que se implementarán durante los 36 meses de ejecución.