Denuncian presunto maltrato infantil en jardín de Lenga y exigen medidas a la Junji

La familia acusa a una funcionaria del jardín El Botecito de haber agredido al menor, quien habría presentado una marca en uno de sus brazos. Tras denunciar los hechos, los padres realizaron una toma pacífica del establecimiento para exigir medidas respecto de la trabajadora.

Una denuncia por un presunto caso de maltrato infantil al interior del jardín El Botecito de Lenga motivó la movilización de los padres del niño afectado y de otros integrantes de la comunidad educativa, quienes realizaron una toma pacífica del establecimiento para exigir respuestas y medidas a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Según el relato de la familia, los hechos habrían ocurrido el miércoles de la semana pasada y fueron comunicados a la madre del menor al día siguiente por la directora del establecimiento, luego de que otra funcionaria denunciara la situación.

Javiera Merino, madre del niño, señaló que tras conocer lo ocurrido acudieron a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos vinculados a la protección de los derechos de la niñez.

Además, indicó que realizaron una constatación de lesiones, instancia en la que habrían advertido una marca en uno de los brazos del menor.

“Quedó la mano marcada de la funcionaria en su brazo, con la huella. Tenemos el registro de todo. Tenemos fotos, tenemos pruebas de lo ocurrido con mi hijo”, afirmó.

La madre sostuvo que la familia busca que se esclarezcan los hechos y que se adopten medidas respecto de la trabajadora señalada. En ese sentido, manifestó que su principal exigencia es que sea desvinculada del establecimiento y que no vuelva a desempeñarse en otros jardines infantiles.

“Quiero justicia por mi hijo. Quiero que la desvinculen de aquí y de todos los jardines necesarios, que no vuelva a ejercer más como funcionaria de un jardín infantil”, expresó Merino.

La familia también manifestó preocupación ante la posibilidad de que otros niños pudieran haber vivido situaciones similares.

José Cisternas, padre del menor, cuestionó la respuesta que ha recibido la familia desde que se conocieron los hechos.

Uno de sus principales cuestionamientos apunta a que la funcionaria señalada continuaría desempeñándose en el establecimiento, mientras su hijo permanece en casa.

“Hasta el momento la funcionaria sigue viniendo acá a trabajar como si nada haya pasado y nosotros como papás tenemos que dejar a nuestro hijo en la casa, siendo que no debería ser así”, sostuvo.

El padre agregó que, a su juicio, la situación no ha recibido la gravedad que merece por parte de la Junji y que la familia busca que la institución adopte medidas concretas frente a la denuncia.

En ese contexto, los padres, acompañados por otros apoderados y personas vinculadas al jardín, decidieron realizar una toma pacífica del establecimiento como una forma de presión para obtener respuestas.

Según explicó Cisternas, la movilización busca que la institución considere la preocupación de las familias y entregue una solución frente a lo ocurrido.

Asimismo, señaló que esperaban sostener una reunión con la directora regional de la Junji para conocer qué medidas se podrían implementar y cuál sería el procedimiento a seguir.

Tras la reunión sostenida con la directora regional de la Junji, Javiera Merino señaló que desde la institución le indicaron que no podían desvincular a la funcionaria mientras se desarrollara la investigación correspondiente.

Según relató, tampoco obtuvo una resolución inmediata respecto de las medidas que se adoptarían, aunque se comprometieron a entregarle una respuesta concreta este martes 3 de noviembre, a las 14:00 horas.

Preocupación desde la comunidad educativa

La situación también generó reacciones entre personas que han formado parte de la comunidad del jardín infantil.

Fernanda, ex apoderada del establecimiento, explicó que decidió sumarse a la movilización para respaldar a la familia y solicitar que se esclarezcan los hechos.

“Acá, como comunidad, todos nos sentimos súper involucrados por el caso puntual, porque estamos hablando de una vulneración a los derechos de los niños”, señaló.

La ex apoderada sostuvo que la preocupación de quienes llegaron hasta el establecimiento se relaciona con la gravedad de la denuncia y con la necesidad de que exista una investigación que permita determinar las responsabilidades correspondientes.

En esa línea, pidió que se evalúen medidas respecto de la funcionaria señalada mientras se desarrolla el proceso de esclarecimiento.

También planteó que la institución debe entregar garantías de protección a la familia afectada, considerando la inquietud que genera la continuidad de la trabajadora en el jardín.

La ex apoderada agregó que el respaldo de la comunidad responde a la preocupación que genera una situación de estas características en un espacio destinado al cuidado y educación de niños y niñas.