Fundación Ñacurutú presenta querella tras retiro de fauna silvestre por parte del SAG

22 de Octubre 2026 | Publicado por: Montserrat Serra Cárdenas
Fotografía: Cedida

La acción judicial fue presentada por la defensa del veterinario Cristian Herrera, que acusa irregularidades en el procedimiento del Servicio y sostiene que los animales contaban con documentación para su tenencia.

El traslado de un quique y tres loros choroy desde un domicilio particular en Tomé, tras una fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Biobío, derivó en acciones judiciales por parte de la defensa del veterinario Cristian Herrera de la Fundación Ñacurutú.

El procedimiento se efectuó el 9 de octubre de 2026, en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el organismo recibiera dos denuncias por presunta tenencia irregular de fauna silvestre protegida.

Según informó el SAG, durante la fiscalización se constató la presencia de los cuatro ejemplares en un domicilio que no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. Por ello, los animales fueron trasladados a un recinto especializado para su evaluación.


Desde el servicio señalaron que las especies están protegidas por la Ley N° 19.473, que regula su tenencia, y precisaron que, al tratarse de una investigación en curso, no pueden entregar mayores antecedentes sobre las diligencias. Asimismo, defendieron que las actuaciones se realizaron dentro de sus atribuciones legales y conforme a los procedimientos establecidos.

La versión de la defensa


En respuesta al procedimiento, Rocío García, abogada de Cristian Herrera, informó que presentó una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y denuncia maliciosa, contemplado este último en el artículo 211 del Código Penal, contra quienes resulten responsables.

La representante legal sostuvo que tanto Herrera como la Fundación Ñacurutú contaban con la documentación necesaria para la tenencia de los animales retirados. Además, afirmó que los ejemplares habían sido entregados previamente por el propio SAG para su recuperación.


La abogada cuestionó que el organismo estatal denunciara al veterinario y a la fundación, señalando que las acusaciones de maltrato animal no serían efectivas.

Por ello, indicó que la acción judicial busca establecer las eventuales responsabilidades penales de funcionarios del servicio y de otras personas involucradas.


El caso ha generado cuestionamientos y comentarios en redes sociales respecto del procedimiento y la trayectoria del profesional, quien se ha dedicado a la recuperación de fauna silvestre.

Asimismo, diversas organizaciones socioambientales expresaron su solidaridad con Herrera y el equipo de la Fundación Ñacurutú ante el cierre de sus instalaciones y el retiro de los animales.


En la declaración, destacaron la labor de rescate, atención veterinaria y rehabilitación de fauna silvestre desarrollada por la entidad, y solicitaron al SAG transparentar los fundamentos técnicos y administrativos del procedimiento. Además, pidieron informar sobre el destino y estado de salud de los ejemplares y la continuidad de sus tratamientos.