Proyecto de más de 400 kilómetros de trazado eléctrico suma reclamaciones ante Tribunal Ambiental

Cuestionan la decisión del Comité de Ministros que aprobó la iniciativa en 2025, pese al rechazo inicial de su evaluación.

El proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui enfrenta nuevas acciones judiciales luego de que el Segundo Tribunal Ambiental admitiera a trámite reclamaciones presentadas por municipios, organizaciones sociales e indígenas y particulares que buscan revertir su aprobación ambiental.

Las acciones cuestionan las resoluciones que rechazaron las solicitudes de invalidación de la aprobación del proyecto, adoptada por el Comité de Ministros en octubre de 2025. Los reclamantes solicitan que se anulen esas decisiones y se restablezca la resolución de calificación ambiental desfavorable emitida originalmente en 2024.

La iniciativa contempla un trazado de más de 400 kilómetros entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con intervenciones en alrededor de 20 comunas. Los recursos judiciales plantean cuestionamientos relacionados con la evaluación de los impactos ambientales, la participación de municipios y comunidades y las consecuencias territoriales de la instalación de la línea.

Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Preservación de la Biodiversidad en el Territorio Nonguén y Otros Ecosistemas, sostuvo que la aprobación se produjo después de que el estudio de impacto ambiental fuera rechazado por la autoridad ambiental.

“Recordemos que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental por graves deficiencias técnicas. El proyecto nunca obtuvo Resolución de Calificación Ambiental favorable”, señaló.

El jefe comunal cuestionó que, durante la revisión posterior ante el Comité de Ministros, la empresa incorporara antecedentes que, según indicó, no fueron sometidos a una nueva evaluación por los organismos con competencias ambientales ni a participación ciudadana.

Entre los argumentos expuestos en las reclamaciones se encuentra la supuesta falta de fundamentación técnica para revertir el rechazo ambiental inicial. La Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío cuestionó que la resolución aprobatoria no explicara suficientemente cómo los nuevos antecedentes permitían superar las observaciones que habían motivado el rechazo del proyecto.

El recurso también plantea que la autoridad recibió estudios adicionales presentados por la empresa sin otorgar a los municipios y otros interesados la posibilidad de conocerlos y formular observaciones.

Asimismo, se pone en duda la evaluación del valor paisajístico y la eventual separación de obras vinculadas al proyecto, lo que, a juicio de los reclamantes, habría impedido analizar de manera conjunta sus impactos.

“Hemos insistido en la necesidad de modificar partes del trazado por su afectación a ecosistemas, viviendas, humedales, zonas vulnerables por incendios forestales y la evidente afectación al Parque Nacional Nonguén”, afirmó Fuentes.

En paralelo, una acción presentada por asociaciones indígenas, organizaciones sociales y vecinos plantea afectaciones a espacios culturales, áreas de recolección de lawen (plantas utilizadas en la medicina mapuche) y sitios ceremoniales.

También cuestiona la ausencia de un proceso de consulta indígena y la forma en que se evaluaron especies de flora amenazada, entre ellas el queule, el pitao y el naranjillo.

Los reclamantes sostienen que la evaluación de los impactos no consideró adecuadamente las relaciones territoriales y culturales de las comunidades con los lugares intervenidos.

Jorge Romero, alcalde de Cobquecura e integrante de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata, sostuvo que la preocupación de los municipios se relaciona especialmente con las consecuencias para las comunidades rurales.

“Lo primero que nosotros estamos esperando es que efectivamente este trazado no sea desarrollado, entendiendo que, si bien falta energía, no podemos permitir que eso genere un daño medioambiental con nuestras comunidades, especialmente el mundo rural”, señaló.

Romero agregó que existe preocupación por los efectos que la instalación de la línea podría tener sobre la agricultura familiar campesina y las actividades económicas de los habitantes ubicados en el trazado proyectado.

El alcalde también cuestionó la forma en que las comunidades se enteraron de la iniciativa. Según afirmó, los municipios conocieron el trazado a través de organizaciones ambientales y no mediante información oficial.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los reclamantes, las nuevas acciones se suman a cuatro causas que ya se encontraban en tramitación ante el Segundo Tribunal Ambiental, entre ellas la presentada por la Asociación de Municipalidades para la Preservación de la Biodiversidad en el Territorio Nonguén y Otros Ecosistemas.