Fiscalía cierra investigación en caso Puerto Coronel: $2.500 millones indagados

Tras precisarse ocho hechos que abarcan cohecho, soborno y delitos tributarios por más de $2.500 millones, el Ministerio Público cerró la etapa indagatoria y dispone de 10 días para formalizar su acusación.

La Fiscalía del Biobío cerró la investigación del denominado caso Puerto Coronel tras reformalizar a ocho imputados y precisar los hechos y calificaciones jurídicas. Entre los querellados figuran el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el expresidente del directorio de la compañía, Eduardo Hartwig.

Ahora el Ministerio Público se encuentra en condiciones de presentar la acusación dentro del plazo legal de diez días.

La causa involucra un monto investigado superior a los $2.500 millones, que se desglosa en un perjuicio atribuido a Puerto Coronel por administración desleal que supera los $2.159 millones; más de $233 millones en perjuicio fiscal asociado a delitos tributarios; y $151 millones en pagos dirigidos a autoridades comunales por delitos de cohecho y soborno.

La reformalización precisó ocho hechos puntuales, incluyendo los delitos de cohecho, soborno, administración desleal, facilitación de facturas falsas, declaración maliciosa de impuestos y obtención indebida de devoluciones de tributos.

Uno de los mecanismos centrales indagados corresponde a la emisión de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados. De acuerdo con la Fiscalía, Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía estos documentos para justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero tras descontar una comisión a su favor. A través de este esquema se atribuye la extracción de más de $1.022 millones.

Además, se investiga una operación de terrenos en la que $425 millones que debían ingresar a Puerto Coronel habrían sido entregados de forma paulatina en efectivo entre 2022 y 2023, sin ser incorporados a la contabilidad de la empresa.

En relación con los pagos a autoridades públicas, la Fiscalía atribuye a Boris Chamorro el ingreso de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, mientras que al entonces concejal Eduardo Araya se le vincula con la recepción de $69,75 millones.

Igualmente, el tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento sobre Michelle Prater Holger, quien deberá pagar $2,5 millones a Bomberos de Coronel. En tanto, la eventual responsabilidad penal de la Compañía Puerto de Coronel como persona jurídica por el delito de soborno se tramita en una causa distinta.