Biobío: van 41 fiscalizaciones y 9 sumarios a recintos de personas mayores durante 2026

El mortal incendio ocurrido recientemente en La Araucanía puso nuevamente en agenda la seguridad en este tipo de inmuebles. La Seremi de Desarrollo Social informó sobre un catastro preventivo de los establecimientos vinculados a su red.

La tragedia que afectó a un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en Pitrufquén (La Araucanía), con un saldo de 16 personas fallecidas, volvió a poner en el foco las condiciones de seguridad frente a emergencias en este tipo de recintos en la Región del Biobío.

Antecedentes publicados en medios de prensa permiten identificar al menos tres incendios en hogares de adultos mayores en el Biobío en los últimos 16 años. Dos de los siniestros resultaron con víctimas fatales que sumaron 19 fallecidos, entre los episodios de 2018 en Chiguayante y 2011 en Cañete.

Respecto del programa de fiscalizaciones anual que realiza normalmente la Seremi de Salud del Biobío, tanto a recintos públicos como privados, en lo que va del año se han realizado 41 fiscalizaciones, hay actualmente 9 sumarios sanitarios en curso y no existe alguna prohibición de funcionamiento vigente.

Como norma principal se utiliza el Decreto Supremo N° 20/2021, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam)”.

Durante las fiscalizaciones se verifica el cumplimiento de las exigencias sanitarias aplicables a estos espacios, considerando, entre otros, los siguientes ámbitos: organización del establecimiento, dotación y condiciones del recurso humano, condiciones de infraestructura y disponibilidad, además de condiciones y funcionamiento del equipamiento.

Desarrollo Social

Frente a este escenario, la Seremi de Desarrollo Social y Familia informó que realizó un catastro preventivo de los establecimientos vinculados a su red en la Región del Biobío. De acuerdo con el seremi Daniel Manchileo, los recintos considerados mantienen sus instrumentos de emergencia y protocolos al día.

El seremi destacó que actuaron “con celeridad como medida preventiva: levantamos un catastro que confirma que los establecimientos vinculados a nuestra red, tanto el Eleam con subsidio estatal como los dos de financiamiento gubernamental, mantienen sus instrumentos de emergencia y protocolos al día”.

La autoridad agregó que el trabajo considera un acompañamiento permanente a los equipos responsables de las residencias y una revisión de los protocolos en coordinación con el Ministerio de Salud.

Senama Biobío en cifras

Diario Concepción solicitó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) información sobre la distribución local de estos establecimientos; la respuesta fue entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En este sentido, desde la entidad comentaron que “actualmente, el Servicio Nacional del Adulto Mayor cuenta con dos establecimientos que forman parte de la Red Senama en Hualpén y Coronel, es decir, que corresponden a Eleam públicos del Estado, con 90 plazas”.

Igualmente, se mantiene la vinculación con otros 25 establecimientos privados, sin fines de lucro, a través del Fondo Subsidio Eleam, equivalentes a 704 plazas.

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social mencionaron que Senama mantiene una constante comunicación y coordinación con la Seremi de Salud para establecer un trabajo en alianza. En casos de vulneración de derechos, se genera la comunicación con dicho organismo, mediante oficio o comunicación formal, para poder activar el proceso de fiscalización por parte de la autoridad sanitaria.

Tristes antecedentes en el Biobío

Los registros de casos publicados en medios de comunicación permiten identificar tres incendios ocurridos en hogares o establecimientos de larga estadía para adultos mayores en la Región del Biobío.

El primero corresponde a Cañete, donde la madrugada del 8 de agosto de 2011 el fuego destruyó completamente el hogar de ancianos Digno Atardecer. En el recinto se encontraban cerca de 19 adultos mayores, de los cuales 9 fallecieron, mientras otros 10 lograron escapar con ayuda de vecinos.

Siete años después se produjo una nueva tragedia, esta vez en Chiguayante. El 14 de agosto de 2018, un incendio destruyó parte de la casa de reposo Santa Marta y provocó la muerte de 10 mujeres adultas mayores. Posteriormente, la Fiscalía estableció que el fuego se había originado en una estufa a leña artesanal.

El antecedente más reciente identificado corresponde a Concepción. El 10 de enero de 2023, un incendio afectó al hogar Hermanitas de los Pobres, ubicado en calle Angol. El fuego alcanzó dos dormitorios y parte del techo, obligando a evacuar a aproximadamente 70 adultos mayores. En esa oportunidad no se registraron fallecidos ni lesionados.

Con estos antecedentes, el catastro basado en información pública registra tres incendios en hogares desde 2010, con 19 adultos mayores fallecidos en dos de los casos. Cabe aclarar que es un registro elaborado a partir de información pública y no de una base de datos oficial.

Experto cuestiona estándares de prevención

Para Paolo Fregonara, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María y experto en gestión de emergencias y protección contra incendios, el debate no debiera centrarse únicamente en la existencia de protocolos, sino también en las condiciones materiales de los establecimientos y en la capacidad de sus residentes para responder frente a una emergencia.

A juicio del especialista, las personas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables ante un incendio, particularmente quienes presentan dificultades para desplazarse o no pueden evacuar de manera autónoma.

Fregonara cuestionó que la regulación vigente, según los antecedentes que expone, mantenga exigencias que considera insuficientes para establecimientos donde viven personas con distintos grados de dependencia. El profesional planteó que “el problema radica en la permisividad y la liviandad de la normativa de prevención y mitigación”.

“La realidad normativa sigue siendo insuficiente, pues no exige ningún sistema adicional a simples extintores portátiles, considerando que en estos recintos permanecen personas no valentes o extremadamente vulnerables frente al riesgo de incendio”, afirmó el académico.