IA en el Estado: crecen exigencias de supervisión ante un uso que avanza con reglas dispares

La Cámara de Diputados comenzó a regular el uso interno de herramientas generativas mediante. Parte del aparato estatal ya la incorpora, aunque solo el 5,8% reporta una adopción institucional avanzada.

Paso a paso, y cada vez con zancadas más largas, la inteligencia artificial (IA) va dejando de ser una herramienta experimental dentro del Estado. En los últimos años, distintos organismos a nivel nacional han avanzado en su incorporación para procesar información, automatizar tareas, apoyar análisis y elaborar contenidos, mientras otros todavía se encuentran evaluando si y cómo utilizarla.

Con este nuevo paradigma, la pregunta ya no parece ser únicamente si el aparato estatal utilizará IA, sino bajo qué condiciones lo hará a medida que su uso deje de ser excepcional y se consolide dentro de la gestión pública: quién supervisará sus resultados, qué información podrá procesar y dónde estará el límite entre asistir a un funcionario y delegar parte de una decisión.

Parte de esa discusión llegó recientemente al Congreso. Desde el pasado 1 de septiembre comenzó a aplicarse en la Cámara de Diputados un protocolo institucional que establece reglas para transparentar y regular el empleo de inteligencia artificial en documentos y contenidos vinculados con el trabajo parlamentario.

La normativa obliga a declarar el nivel de utilización de estas herramientas mediante cuatro sellos. Verde, cuando no existe utilización de IA, amarillo, para un uso parcial. rojo, cuando es predominante o completo y azul, correspondiente a un uso automatizado sin intervención humana.

El protocolo también consagra el principio de “responsabilidad humana indelegable”, estableciendo que toda decisión, documento o actuación institucional debe contar con un responsable humano claramente identificable.

Parlamentarios por el nuevo protocolo

Consultado por Diario Concepción, el diputado Patricio Briones (PDG), calificó el protocolo como “muy prudente y conectado con la realidad”. A su juicio, establecer un marco interno permite evitar que la tecnología termine desplazando el componente humano en la elaboración de iniciativas legislativas.

Respecto de su propio uso, Briones señaló que actualmente no utiliza IA. “Por el momento mi foco es darle el mayor toque humano a las iniciativas que pretendemos poner en discusión”, sostuvo.

Una situación diferente describió el diputado Roberto Arroyo (Ind.-PDG), quien afirmó que tanto él como su equipo utilizan estas herramientas como apoyo, principalmente para ordenar conceptos, estructurar información y trabajar escritos específicos relacionados con discusiones legislativas.

“Quiero ser muy claro: la inteligencia artificial puede ayudarnos a ordenar, analizar y proponer, pero no reemplaza nuestro criterio político ni nuestra responsabilidad como parlamentarios”, señaló.

En tanto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), afirmó que en el equipo “utilizamos poca IA, porque tenemos mucho trabajo en terreno, conocemos la casuística y conversamos permanentemente con la gente”, manifestó, advirtiendo que las realidades locales “eventualmente pueden quedar soslayadas”.

Por su parte, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortíz, valoró que el protocolo enfatice la responsabilidad humana, la verificación de contenidos y la protección de información sensible. Como principal riesgo identificó la posibilidad de automatizar procesos de análisis y reducir los espacios de reflexión necesarios para la función legislativa.

La diputada Francesca Muñoz (PCCH), planteó que la IA puede servir para agilizar procesos y hacer más eficiente el trabajo, pero sostuvo que debe utilizarse como apoyo y no sustituir el trabajo humano.

Fotografía al Ejecutivo

En la administración central, un primer bosquejo aparece gracias al levantamiento piloto sobre uso de IA realizado por la Secretaría de Gobierno Digital en 2025. De los 306 organismos convocados, 121 respondieron el cuestionario, con una tasa de participación de 40,8%.

En el ya mencionado, de las 121 instituciones que respondieron, el 37,2 % declaró estar utilizando IA, mientras que el 62,8 % señaló no haberla utilizado o encontrarse en etapa de evaluación. Solo el 5,8 % reportó un nivel avanzado de adopción.

La encuesta también evidencia brechas en las capacidades que acompañan esa adopción. El 66,9 % de los organismos declaró tener un conocimiento bajo de la Política Nacional de Inteligencia Artificial.

En materia de supervisión, solo el 20 % de los organismos tenía un responsable designado para monitorear sistemas de IA y el 77,8 % señaló que su personal no había recibido formación sobre uso ético de estas herramientas. Entre los organismos que ya las utilizan, solo 31,1 % contaba con directrices para garantizar un uso ético y 44,4 % con mecanismos para mitigar sesgos.

Los principales usos institucionales se concentran en la automatización de procesos y gestión operativa (25,3 %), la interacción con la ciudadanía (17,2 %) y la analítica avanzada para la toma de decisiones (14,9 %). En cambio, ámbitos como planificación urbana, gestión del talento humano y diseño de políticas públicas registran una adopción inferior al 5 %.

En el caso de los organismos del Biobío incluidos en el levantamiento, aparecen al menos tres situaciones distintas: el Servicio de Salud Biobío declaró que no había utilizado IA; el Servicio de Salud Concepción también reportó no haberla utilizado, mientras que el SLEP Andalién Sur se encontraba en etapa de evaluación.

Ahora bien, no toda la administración parte desde cero. En diciembre de 2023 por ejemplo, la entonces División de Gobierno Digital emitió un oficio con recomendaciones para un uso responsable, seguro y transparente de la IA, incluyendo protección de datos y supervisión humana. El documento fue concebido como un “primer paso para arribar a un marco común”.

Desde entonces, algunos organismos han pasado de los lineamientos a pilotos concretos. En junio, el Ministerio de Defensa informó una iniciativa junto al CENIA para utilizar IA en la etapa de admisibilidad de solicitudes de concesiones marítimas, buscando agilizar el análisis de antecedentes.

IA en la magistratura

En el Poder Judicial, el proceso muestra otra dimensión. La institución no solo ha comenzado a desarrollar herramientas específicas, sino que también ha debido abordar cómo regular el uso de tecnologías a las que sus propios funcionarios ya tienen acceso.

Uno de los principales antecedentes es JUSTA IA, plataforma desarrollada por el Poder Judicial para apoyar tareas como la transcripción de audiencias y la generación de actas. En julio de 2025, el sistema operaba en los juzgados piloto de Mulchén y Antofagasta, además de la Unidad de Extradiciones de la Corte Suprema.

De acuerdo con el Acta N°962– 1 emitida en aquel entonces, la herramienta registraba 105 usuarios activos, 6.900 archivos de audio transcritos y 1.245 actas de audiencia generadas.

Ahora bien, según el mismo documento, la Corporación reconoció la necesidad de avanzar en una política institucional que regule el uso ético de la IA. Esto, en medio de preocupaciones por el tratamiento de información sensible y por la dependencia que podría generar el motor utilizado por JUSTA si el proyecto escalaba.

Sobre la temática, Diario Concepción contactó al Poder Judicial. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.

Más allá de lo anterior, el avance de la IA en la judicatura, sin embargo, no se reduce a Justa, pues la Academia Judicial elaboró durante este año una Guía sobre inteligencia artificial para juezas y jueces, reconociendo que estas herramientas ya son utilizadas diariamente dentro de los tribunales.

La guía hace una distinción especialmente relevante: una proporción menor de ese uso corresponde a programas puestos a disposición por el propio Poder Judicial, mientras que el uso más intenso proviene de aplicaciones privadas a las que acceden directamente quienes trabajan en los tribunales.