Intensifican fiscalizaciones a la venta de carne previo a Fiestas Patrias: Provincia de Biobío concentra los decomisos

La Seremi de Salud y el SAG refuerzan el monitoreo de la trazabilidad y la cadena de frío. En paralelo, en el Congreso avanza una iniciativa para sancionar a todos los eslabones de la venta clandestina y el abigeato.

Por  C. Valdés y B. Rozas 

Con la llegada de las Fiestas Patrias y el aumento del consumo de carne, las autoridades del Biobío reforzaron la fiscalización sobre su origen, transporte, conservación y comercialización.

La preocupación no se limita al robo de animales. La comercialización de carne que no cuenta con trazabilidad, inspección sanitaria ni una adecuada cadena de frío también representa un eventual riesgo para quienes la consumen.

En paralelo a los controles desplegados en la región, avanza en el Congreso un proyecto que busca modificar la legislación sobre mataderos clandestinos y ampliar las responsabilidades a quienes participan en las distintas etapas de la comercialización ilegal.

El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Roberto Ferrada, explicó que uno de los principales mecanismos para controlar el origen de la carne bovina es precisamente la trazabilidad, sistema que permite identificar a los animales y registrar sus movimientos.

“El SAG hace muchos años implementó un concepto muy interesante que nos permitió poder acceder al mercado de la Comunidad Económica Europea, que es dar trazabilidad a la carne bovina”, señaló.

Según detalló, el sistema contempla el registro de los predios y la identificación individual de los animales mediante dispositivos oficiales, además de formularios de movimiento y una plataforma electrónica.

Cuatro mataderos son fiscalizados por el SAG

En la Región del Biobío existen cuatro centros de faenamiento animal donde el SAG verifica el cumplimiento de estas exigencias.

Ferrada indicó que los ejemplares deben llegar con su documentación y dispositivo de identificación, mientras que en los establecimientos también se determina su aptitud para el consumo humano y se realiza la categorización contemplada en la Ley de la Carne.

El punto resulta especialmente relevante frente al faenamiento clandestino, debido a que una carne que queda fuera de estos controles pierde los mecanismos oficiales que permiten acreditar su procedencia y condiciones sanitarias.

A este escenario se suma el abigeato, delito que genera pérdidas económicas para los productores y que, según el presidente de Socabío, José Miguel Stegmeier, puede tener consecuencias que van más allá del valor del animal sustraído.

“El impacto del abigeato no es solo la pérdida del animal o animales robados o faenados, sino que además está la pérdida de líneas genéticas, de la producción de leche en el caso de vacas, terneras o vaquillas de razas lecheras, la pérdida de vientres para la reproducción”, sostuvo.

El dirigente agregó que los productores también deben asumir gastos destinados a prevenir estos delitos, entre ellos sistemas de televigilancia, portones y corrales para resguardar el ganado.

Fiscalización sanitaria suma decomisos

En paralelo, la Seremi de Salud adelantó este año su operativo de fiscalización previo a Fiestas Patrias.

La autoridad sanitaria inició el despliegue el 10 de agosto y contempla mantenerlo hasta el 20 de septiembre, considerando carnicerías, expendios de alimentos y actividades temporales como fondas y ramadas.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, informó que hasta ahora se han realizado 83 fiscalizaciones, con 12 sumarios sanitarios y tres toneladas de productos decomisados.

La autoridad explicó que en el caso de las carnes se revisan aspectos como características organolépticas, procedencia, cadena de frío y autorizaciones sanitarias.

En otros establecimientos se fiscalizan las condiciones de manipulación e higiene, mientras que en las fondas y ramadas se controlan las condiciones sanitarias tanto para trabajadores como para la preparación de alimentos.

“Este año hemos puesto un énfasis en los medios de transporte, el poder verificar que tengan la autorización sanitaria, las condiciones de higiene y también que no se pierda la cadena de frío”, afirmó Rojas.

Hasta la fecha, el resultado de las fiscalizaciones por provincia da cuenta de 34 en la de Concepción, con 6 sumarios y 75,4 kg decomisados; Biobío con 18 fiscalizaciones, 5 sumarios y 2.899,9 kg decomisados; y Arauco con 31 fiscalizaciones, 1 sumario y 122 kg decomisados.

Desde la pre y alta cordillera

En la Región del Biobío este fenómeno se acentúa dado su carácter agrícola en los sectores del valle y la precordillera como Los Ángeles, Mulchén y Cabrero, que durante 2025, entre el 1 de enero y el 31 de julio, concentraron el 52,6% de los casos de sustracción de animales, según datos de Carabineros recogidos en la temporada anterior.

Sobre el estado actual, el mayor Luciano Lagos, comisario de la 1.ª Comisaría de Los Ángeles, explicó que en el territorio angelino existe un incremento de un 21% en la cantidad de casos en comparación con agosto de 2025. Registran 7 detenidos por este delito en comparación con los 5 del año pasado.

“Los vacunos representan la mayor cantidad de animales que han sido sustraídos, seguidos por los equinos, los ovinos, caprinos y porcinos”, enumeró Lagos.

Incluso, “en un procedimiento adoptado en el sector de Santa Fe, comuna de Los Ángeles, se recuperó una escopeta artesanal”, dio a conocer el oficial.

Sin embargo, señala que no necesariamente septiembre es el mes en el que ocurre más abigeato, sino que solo aumentan las fiscalizaciones dado el consumo de carne durante Fiestas Patrias. A la fecha, el mes que más casos registra es julio.

Entre las medidas de precaución que recomiendan las autoridades se encuentra revisar el estado de cercos, portones y accesos a los predios, monitorear la entrada y salida de animales o personas, mantener identificadores claros en el ganado y comunicar cualquier situación sospechosa a la autoridad correspondiente.

En esta línea, el delegado presidencial del Biobío, Juan Pablo Mellado, comentó que “la prevención del abigeato requiere coordinación entre las instituciones, pero también el compromiso de quienes participan de la actividad ganadera”.

Junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), las municipalidades y distintos servicios públicos, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Seremi de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), han establecido un calendario de fiscalizaciones que consiste en controles en ferias de animales y distintos puntos de la provincia.

Para la prevención efectiva del abigeato, los organismos deben estar atentos a cada uno de los elementos que conforman esta cadena, desde la procedencia de la carne hasta la elaboración de productos con la misma.

Proyecto busca perseguir toda la cadena

El debate sobre el faenamiento clandestino también llegó al Congreso. La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21, presentó un proyecto que modifica la Ley N.° 11.564 sobre mataderos clandestinos y busca fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar el robo, faenamiento y posterior comercialización ilegal de animales.

La iniciativa plantea que la responsabilidad no se concentre únicamente en quien realiza el faenamiento, sino que también alcance a quienes adquieren, almacenan, transportan, procesan o venden carne y subproductos que no puedan acreditar un origen lícito.

Para ello, propone considerar documentación como el Formulario de Movimiento Animal, guías de despacho y certificaciones que permitan demostrar la procedencia de los productos.

“Hoy existen especies que representan parte importante del sustento y de la actividad económica de numerosas familias rurales, pero que no cuentan con una protección legal suficiente. Con este proyecto buscamos cerrar ese vacío, fortalecer las sanciones y entregar mayor seguridad a quienes viven y trabajan en el campo”, sostuvo Betancurt.

La propuesta también incorpora una figura agravada cuando el faenamiento clandestino implique métodos que aumenten deliberada e innecesariamente el sufrimiento del animal.

Además, contempla sanciones para establecimientos y vehículos involucrados, incluyendo clausuras temporales de entre 10 y 30 días en una primera infracción y de hasta 90 días en caso de reincidencia.

Para Socabío, uno de los puntos centrales está precisamente en seguir la ruta de la carne una vez cometido el robo. Stegmeier sostuvo que es necesario perseguir las redes que permiten que estos productos lleguen al mercado, planteando que en muchos casos podrían existir delitos coordinados.

“Es muy importante perseguir las cadenas de distribución de la carne proveniente del abigeato”, afirmó, agregando que podrían tratarse de delitos por encargo y asociaciones ilícitas que deberían ser perseguidas judicialmente bajo esa condición.