Terrenos tomados: familias en proceso habitacional podrán acceder a subsidio para facilitar su salida

Comunidad cercana al asentamiento de San Pedro de la Paz alerta sobre una serie de denuncias relacionadas con incivilidades.

El barro domina los estrechos pasajes de la toma, donde caminar exige sortear pozas y un terreno irregular. Varias viviendas permanecen ocultas tras improvisados cierres de madera y rejas que dificultan ver su interior desde la calle, mientras que el escaso espacio entre las construcciones acentúa la sensación de hacinamiento.

En distintos puntos del asentamiento Los Batros, en San Pedro de la Paz, también se percibe un persistente mal olor, atribuible a la acumulación de residuos y a las precarias condiciones sanitarias, lo que refleja la compleja realidad en la que viven decenas de familias a la espera de una solución habitacional.

Este barrio, junto al de La Puntilla (Concepción), vivirá un proceso de restitución administrativa de terrenos fiscales que abrirá un nuevo capítulo en el conflicto por las tomas de terreno en la intercomuna penquista.

Cerca de 200 familias que habitan asentamientos irregulares en los mencionados puntos deberán abandonar los predios en las próximas semanas, en una medida que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) justifica por la presencia de hechos delictuales y denuncias de incivilidades, mientras que vecinos y residentes expresan visiones contrapuestas frente a la decisión.

El anuncio del ministro de Vivienda

Las ocupaciones intervenidas corresponden a asentamientos surgidos con posterioridad a la pandemia de covid-19. Según informó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en los tres sectores existen antecedentes de incivilidades y denuncias vinculadas al tráfico de drogas, razón por la que se determinó avanzar con los desalojos.

“Las tres ocupaciones que tenemos son posteriores a la pandemia, las tres tienen incivilidades y en las tres hay denuncias de tráfico de drogas, así que vamos a proceder”, afirmó la autoridad.

Asimismo, precisó que las familias que se encuentren postulando a una solución habitacional podrán acceder a un subsidio de arriendo para facilitar su salida, mientras que quienes no cuenten con documentación deberán abandonar los terrenos y las personas con antecedentes serán puestas a disposición de la justicia.

Desde el Serviu Biobío explicaron que el procedimiento corresponde a una restitución administrativa de terrenos de propiedad del servicio, por lo que las personas deberán retirarse junto a sus pertenencias antes de la fecha fijada para el desalojo.

Respecto de la situación habitacional de las familias, el organismo indicó que cada asentamiento presenta una realidad distinta.

En aquellos casos donde existan grupos de familias vinculadas a proyectos habitacionales en desarrollo, se realizará un acompañamiento durante el proceso. En cambio, quienes no formen parte de esas iniciativas deberán abandonar el lugar y buscar una reubicación por sus propios medios.

En el caso de La Puntilla Lo Galindo, el Serviu señaló que existen antecedentes derivados de denuncias realizadas por juntas de vecinos y residentes del sector, además de un sumario sanitario actualmente en curso.

¿Qué piensan los vecinos?

La noticia fue recibida con satisfacción por parte de algunos vecinos de sectores colindantes a las tomas.

Eliana Ramírez, residente del entorno de Los Batros, sostuvo que la decisión genera sentimientos encontrados, ya que reconoce la necesidad de vivienda de algunas familias, pero asegura que la convivencia se ha deteriorado considerablemente.

“Encuentro que el hecho de que se haya tomado la decisión de desalojar estas tomas es muy bueno, pero también malo para algunas personas de este sector, donde no todos tienen casa”, señaló. A su juicio, el barrio ha experimentado un aumento de hechos de violencia, robos y tráfico de drogas, además de problemas asociados a la acumulación de basura y a la falta de respeto por los espacios comunes.

Ramírez agregó que, desde su perspectiva, son pocas las familias que realmente requieren una solución habitacional urgente y recordó que quienes ocupan un terreno saben que en algún momento pueden enfrentar un procedimiento de desalojo. “Estas personas tienen claro que, al tomarse un terreno, están propensas a que vengan a desalojarlas“, manifestó.

Una realidad muy distinta describe Cristián, uno de los habitantes de la toma ubicada en el sector Padre Hurtado de Candelaria, en Los Batros. Explicó que reside allí desde hace cinco años y que la mayoría de las cerca de 80 familias que integran el asentamiento llegó por no contar con una casa propia.

Cristián relató que durante los últimos años sostuvieron reuniones con autoridades, entre ellas representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del municipio, donde se les informó que existía la posibilidad de acceder a viviendas en un plazo cercano a cuatro años. Sin embargo, señaló que también se les exigía reunir un monto de dinero que muchas familias no estaban en condiciones de aportar.

“Yo pienso que estamos mal, porque hay harta familia aquí que estamos sin casa; por algo estamos aquí en la toma“, expresó. Agregó que recién durante la mañana se enteró del anuncio del desalojo y que, según lo conversado entre los dirigentes, primero se notificará oficialmente a los residentes y luego se fijará una fecha para retirar sus pertenencias.

Cristián aseguró además que el asentamiento se encuentra organizado y que, siguiendo las indicaciones que en su momento les entregaron desde la municipalidad, habilitaron pasajes, acceso para vehículos y conexiones básicas para mejorar las condiciones del lugar.