Cuestionan proyecto de ley que permitiría mayor intervención cerca de humedales urbanos

La iniciativa impulsada por cinco senadores propone redefinir criterios de protección y delimitación de estos espacios.

En medio de una serie de controversias relacionadas con proyectos inmobiliarios en evaluación e incluso aprobados sobre zonas cercanas a humedales, lo que se ha dado tanto en el Biobío como en otros sectores del país, es que un grupo de senadores presentó una propuesta legislativa que busca modificar la actual Ley de Humedales Urbanos y redefinir parte de sus criterios de aplicación.

La iniciativa, ingresada por los senadores Miguel Ángel Becker, Miguel Ángel Calisto, Sergio Gahona, Paulina Núñez y Manuel José Ossandón, busca “perfeccionar” la legislación vigente mediante el establecimiento de “criterios objetivos para la delimitación y protección de los humedales urbanos”.

Según detalla el proyecto, el objetivo es avanzar en la definición de las funciones ecosistémicas esenciales de estos espacios, evitando que la declaración de humedal genere restricciones consideradas excesivas sobre zonas que no afecten directamente su funcionamiento ambiental.

Su idea matriz

En concreto, la moción señala que busca “precisar sus funciones ecosistémicas esenciales y evitar que su declaración produzca restricciones desproporcionadas sobre terrenos o actividades que no afecten significativamente dichos valores ambientales”.

Uno de los cambios más relevantes apunta a modificar la forma en que se delimitan los humedales urbanos, proponiendo distinguir entre áreas indispensables para mantener sus funciones ecológicas, zonas de transición o amortiguación y espacios definidos como áreas de compatibilidad urbana sustentable.

El texto plantea explícitamente que la declaración de un humedal urbano “podrá distinguir, cuando proceda, entre áreas indispensables para la mantención de sus funciones ecosistémicas esenciales, áreas de transición o amortiguación y áreas de compatibilidad urbana sustentable”.

En estas últimas zonas podrían desarrollarse proyectos de infraestructura, urbanizaciones, equipamientos e incluso viviendas, siempre que no produzcan daños relevantes sobre el ecosistema.

Asimismo, incorpora un nuevo principio donde se establece que “la existencia de un humedal urbano no constituirá, por sí sola, impedimento absoluto para el desarrollo de obras, actividades o proyectos” cercanos a estas áreas, siempre que “no generen una afectación significativa de sus funciones ecosistémicas esenciales”.

Los autores argumentan que la regulación actual ha generado problemas prácticos derivados de interpretaciones demasiado amplias sobre los alcances territoriales de la protección.

Pese a las modificaciones propuestas, los parlamentarios afirman que la iniciativa no busca reducir la protección ambiental. De hecho, el documento sostiene que la propuesta “no debilita la protección de los humedales urbanos” y que, por el contrario, “la fortalece, al concentrarla en aquello que resulta ambientalmente relevante”.

La “alteración significativa” y su crítica

La moción también pretende modificar la legislación ambiental vigente para precisar que solo aquellas obras o actividades que produzcan una “alteración significativa, directa y material” sobre las funciones ecosistémicas esenciales de un humedal deban ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación ambiental”.

Sin embargo, desde organizaciones vinculadas a la protección de humedales en la región, la idea genera cuestionamientos profundos respecto a sus motivaciones, alcances y potenciales efectos sobre ecosistemas que ya enfrentan presiones permanentes.

Pedro Fernández, egresado de Derecho, diplomado en educación ambiental, sostiene que detrás del proyecto existiría una intención de flexibilizar parte de la normativa actualmente vigente.

Para Fernández “se logra desprender, que hay una búsqueda en destrabar, y en parte desregular ciertas situaciones que están normadas por reglamentos, leyes y otras disposiciones legales en organismos sectoriales”.

En esa línea, cuestionó el carácter técnico que se le ha atribuido a la discusión legislativa, argumentando que “se esté intentando demostrar que se trata de aspectos técnicos, sin embargo serán decisiones eminentemente políticas”, añadiendo además que “no hay interés mayor por asesorarse por la comunidad científica, centros de estudios académicos, abogados expertos en derecho ambiental, municipio etc.”.

Fernández plantea que uno de los riesgos de la propuesta radicaría en avanzar hacia criterios más flexibles para la delimitación y protección efectiva de estos ecosistemas, señalando que el objetivo sería “contar con normas más laxas y que se adecuen a la ‘relevancia’ e inversión del proyecto en cuestión”.

Asimismo, advierte que eventuales cambios en los procesos de delimitación podrían afectar el análisis técnico requerido para caracterizar humedales, considerando la naturaleza dinámica de estos ecosistemas. Según expone, existe preocupación porque “los humedales no son formas ni lugares estáticos o que presenten las mismas condiciones uniformes en un año”.

El contexto político, ¿es vinculante?

En tanto, para la Red de Humedales del Biobío (RHBB), el panorama político también importa. En ese sentido, desde la organización cuestionan el momento en que surge la iniciativa. Respecto a las motivaciones detrás del proyecto, la organización sostiene que “lo evidente es que hoy existe un liderazgo de extrema derecha y ultraconservador, con posturas negacionistas frente a la crisis climática y una visión profundamente antropocéntrica”.

En cuanto al escenario regional, desde la RHBB plantean que la discusión ocurre en un momento especialmente complejo para los ecosistemas locales. Afirman que “es de suma urgencia proteger y restaurar los ecosistemas naturales en beneficio de la ciudadanía y de las futuras generaciones”, recordando además que “durante el verano del 2026 se quemaron, aproximadamente, más de 26 mil 800 hectáreas producto de incendios forestales”.

Finalmente, desde la organización cuestionan la idea de que una flexibilización normativa garantice mejores resultados para el desarrollo urbano o económico.