Aprueban proyectos de Salud Mental y fortalecimiento de la Superintendencia de Salud

La Sala del Senado aprobó dos importantes iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno: el proyecto que fortalece las atribuciones de la Superintendencia de Salud y el proyecto de Ley de Salud Mental.

“Entre 2018 y 2025, la preocupación por la salud mental como primera prioridad nacional aumentó de 26% a 68%, reflejando no solo los efectos acumulados de la pandemia, sino una transformación profunda en la conciencia ciudadana sobre el bienestar emocional”, señaló Ximena Aguilera, ministra de Salud.

El proyecto de Ley de Salud Mental fue elaborado tras 27 diálogos ciudadanos con casi 2.700 participantes a lo largo del país y contempla los siguientes pilares:

• Comité Interministerial de Salud Mental: que coordinará a siete ministerios bajo el reconocimiento de que el bienestar mental se construye en las escuelas, los lugares de trabajo, los barrios y las comunidades.


• Modelo comunitario de atención: acercando los servicios a los territorios donde viven las personas, en línea con los estándares de la OMS y la OPS.
• Regulación de residencias sociosanitarias: abordando una deuda histórica al establecer estándares claros y exigir autorización sanitaria para su funcionamiento.


• Refuerzo de derechos: eliminando prácticas obsoletas, fortaleciendo el consentimiento informado y ordenando la normativa sobre hospitalización psiquiátrica.
• Protección infantil reforzada: incorporando la contingencia de riesgo alto de suicidio para niños y adolescentes en el Seguro SANNA.

Más atribuciones para la Superintendencia de Salud

La Sala del Senado aprobó por unanimidad en general el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que busca dar mayor protección a las personas dotando de nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud, con el propósito de ejercer una defensa más activa y eficiente de los derechos en salud de las personas. La votación arrojó 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Por su parte, el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, sostuvo que “la aprobación de este proyecto representa un avance significativo en nuestra misión de proteger los derechos de los pacientes. Con estas nuevas herramientas, podremos actuar con mayor eficacia y garantizar que las y los usuarios del sistema de salud reciban la atención que merecen, de forma justa y transparente”.

De convertirse en ley, la Superintendencia de Salud dispondrá de herramientas más robustas para velar por el respeto de los derechos de los pacientes. En materia de fiscalización y sanción, estará facultada para aplicar sanciones más severas a los prestadores que incumplan la normativa vigente, incluyendo multas más elevadas para aquellas clínicas que exijan garantías financieras indebidas, tales como el cobro con tarjetas bancarias o cheques como condición previa a la atención.

Del mismo modo, la figura del Intendente de Prestadores de Salud se consolidará como instancia arbitral en los conflictos entre pacientes y prestadores institucionales, con el objetivo de ofrecer una vía de resolución justa, ágil e imparcial, que evite a los pacientes recurrir a prolongados y costosos procesos judiciales por la vulneración de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (20.584) y otras leyes asociadas.

En el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, se creará un Registro Público de Sancionados que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas al momento de elegir dónde recibir atención médica.

Complementariamente, se establecerá un Consejo de la Superintendencia integrado por expertos en salud, cuya función será asesorar al Superintendente en la definición de políticas y estrategias para la protección de los derechos de las y los pacientes, asegurando que las decisiones institucionales se sustenten en el conocimiento técnico y en la mejor evidencia disponible.

La ley también habilitará a la Superintendencia para realizar, a petición del Ministerio de Salud, auditorías clínicas hospitales orientadas a mejorar la calidad y seguridad de los procesos asistenciales.

Ahora el proyecto será remitido a la Comisión de Salud, abriéndose el plazo legal para que las y los Senadores y el Ejecutivo presenten las indicaciones que estimen pertinentes (26 de abril). Vencido dicho plazo, el proyecto será discutido y votado en particular por la Comisión de Salud.