Fiscalización ambiental: Se abrieron 47 causas en Biobío durante 2025

El mayor volumen de casos activas se concentra en equipamiento urbano e inmobiliario, mientras que casi dos tercios de los procesos iniciados desde 2025 se asocian a infracciones por ruido.

Según datos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Región del Biobío mantiene actualmente más de un centenar de procedimientos sancionatorios en tramitación y decenas de causas abiertas en los últimos dos años, un escenario que ya ha derivado en sanciones de casi $100 millones en total, lo que incide directamente en plazos, continuidad operativa y decisiones de inversión en sectores industriales, urbanos e inmobiliarios.

Ese marco general se refleja con claridad en el volumen de procedimientos iniciados en el último tiempo. Según reportes que el organismo entregó a Diario Concepción, desde 2025 a la fecha la SMA abrió 47 procesos en el Biobío, configurando un flujo sostenido de fiscalización que no se limita a sectores históricamente intensivos en regulación ambiental, sino que se extiende hacia actividades insertas en la vida cotidiana de las ciudades, donde el conflicto entre operación económica y entorno residencial adquiere mayor visibilidad.

Sin embargo, uno de los rasgos más relevantes de ese conjunto es la alta incidencia de infracciones asociadas al concepto de ruido. El 64 % de los procedimientos iniciados desde 2025 se vinculan a este tipo de afectaciones, desplazando el foco desde grandes emisiones industriales hacia impactos de escala local, persistentes y de alta sensibilidad ciudadana. Se trata de incumplimientos que cruzan rubros y tamaños de proyecto, y que tensionan directamente la relación entre actividad productiva y calidad de vida urbana.

En esa misma línea, cerca de la mitad de los procedimientos abiertos en el período corresponde a la categoría económica de Equipamiento, que agrupa instalaciones y actividades emplazadas en áreas consolidadas, como recintos comerciales, servicios, faenas menores o infraestructura urbana. El predominio de este segmento da cuenta de una fiscalización cada vez más centrada en usos productivos cotidianos, donde el cumplimiento ambiental se convierte en parte del estándar mínimo exigido para operar en la ciudad.

Multas

Ahora bien, no todos los procedimientos abiertos derivan necesariamente en sanciones económicas. Durante 2025, la SMA dio término a 17 procesos sancionatorios en la región, lo que permite observar cómo opera el sistema una vez que las causas avanzan. De ese total, diez concluyeron con sanción, seis mediante la aprobación de Programas de Cumplimiento y uno con absolución, evidenciando un abanico de salidas regulatorias que combina castigo, corrección y cierre sin reproche.

El uso de Programas de Cumplimiento —instrumentos que permiten a los titulares corregir incumplimientos bajo supervisión— representa más de un tercio de los procesos cerrados desde 2025. Este mecanismo, lejos de ser marginal, se ha consolidado como una herramienta central de la política sancionatoria, al permitir restablecer la legalidad ambiental sin paralizar completamente la actividad, aunque incorporando costos operativos, inversiones correctivas y plazos adicionales para las empresas involucradas.

Cuando los procesos sí derivan en multas firmes, el impacto económico se concentra en pocos casos, pero de alta magnitud relativa. Desde 2025 se han cursado 9 multas en la región del Biobío, por un total de 119,1 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $99,4 millones a valor vigente. La cifra, aunque acotada en número, muestra que el peso económico de las sanciones no se distribuye de manera homogénea entre los distintos sectores fiscalizados.

Dicha concentración se observa con particular nitidez en el rubro de Vivienda e Inmobiliarios, que acumula cerca del 80 % del monto total de las multas aplicadas en el período, con solo 2 sanciones que suman 94 UTA. En contraste, la categoría de Equipamiento, pese a registrar 6 multas firmes, totaliza 22,3 UTA, lo que evidencia diferencias significativas en el impacto económico asociado a los distintos tipos de incumplimiento.

El contraste entre el volumen de casos y el monto de las sanciones permite una lectura relevante para el mundo económico: los efectos financieros de la fiscalización ambiental no son homogéneos entre los distintos tipos de incumplimiento. Mientras algunos rubros registran una mayor recurrencia de procedimientos asociados a conflictos operativos de baja escala, otros concentran sanciones de mayor costo cuando los proyectos incumplen obligaciones estructurales o generan impactos ambientales más significativos.

Mapeo de las causas activas

Pero más allá de los procesos ya cerrados, el principal indicador de presión regulatoria se encuentra en el volumen de causas actualmente en tramitación. En el Biobío existen hoy 125 procedimientos sancionatorios en curso, conformando una cartera activa que atraviesa prácticamente todos los sectores productivos relevantes de la región. Se trata de un stock elevado, que anticipa una continuidad de resoluciones, exigencias y eventuales sanciones en el corto y mediano plazo.

La composición temporal de ese stock refuerza la idea de una fiscalización intensificada en los últimos años. Cerca del 65 % de los procedimientos en curso se iniciaron en 2024, siendo 2025 el año de mayor carga acumulada por procesos que no llegaron a finalizar, con 43 activos. Lejos de responder a rezagos históricos, el grueso de las causas abiertas corresponde a fiscalizaciones recientes, asociadas a estándares regulatorios ya vigentes y a una mayor presencia institucional en el territorio.

Por categoría económica, el mayor volumen de procedimientos sancionatorios en curso se concentra en Equipamiento, con 45 causas activas, lo que representa más de un tercio del total regional. Le siguen Vivienda e Inmobiliarios, con 15 procedimientos, y el sector Forestal, con 13, configurando un primer bloque dominado por actividades estrechamente vinculadas al uso urbano del territorio, la expansión inmobiliaria y la gestión de instalaciones emplazadas en zonas habitadas.

En un segundo nivel aparecen rubros de carácter más extractivo o industrial, como Minería, con 10 procedimientos en curso, y Pesca y Acuicultura, con 9, junto a Instalaciones fabriles y Saneamiento Ambiental, que también mantienen carteras activas. Este reparto sectorial muestra que la fiscalización ambiental en el Biobío no se concentra exclusivamente en grandes polos industriales, sino que se despliega de manera transversal sobre actividades urbanas, productivas y de servicios, configurando un marco regulatorio permanente para la economía regional.

Caso reciente

Este contexto general ayuda a entender el procedimiento sancionatorio iniciado recientemente contra ITI Chile S.A., titular de una planta ubicada en el Parque Industrial de Coronel. El caso se inscribe dentro de la fiscalización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) Concepción Metropolitano, uno de los instrumentos más exigentes en materia de control de emisiones en la región.

En este proceso, la SMA formuló tres cargos: dos de carácter leve, asociados al incumplimiento de medidas operacionales y de reporte de emisiones, y uno grave, vinculado a la superación del límite normativo de material particulado en una de sus calderas. El procedimiento contempla ahora plazos para la presentación de un Programa de Cumplimiento o descargos, siguiendo la lógica estándar del sistema sancionatorio.

Más que un caso aislado, el proceso contra ITI Chile opera como un ejemplo concreto del tipo de fiscalización que hoy enfrentan las empresas que operan en zonas saturadas o latentes. En un escenario donde la regulación ambiental se integra de forma creciente a la ecuación económica, el cumplimiento deja de ser solo una obligación legal y se consolida como una condición básica para la viabilidad productiva en el Biobío.