Brisa del Sol: municipio incorporará al barrio en actualización de Plano Regulador Comunal

Empresa sostiene que contemplan obras de mitigación vial para el proyecto de extensión del sector.

El conflicto ciudadano en contra del proyecto de la Inmobiliaria Valmar en Brisa del Sol, en Talcahuano, sigue escalando. Tras años de controversia, los vecinos sumaron una segunda reclamación admitida por el Tribunal Ambiental de Valdivia y ahora reforzaron sus cuestionamientos, que no solo apuntan a impactos viales y ambientales, sino también a la falta de cobertura del Plan Regulador Comunal (PRC).

El representante de los vecinos, Carlos Concha, expresó que el proyecto no debería avanzar sin obras que den soporte a la comunidad, pues de inmediato remarcó que el sector solo cuenta con dos accesos: uno hacia Talcahuano y otro hacia Concepción, ambos congestionados a diario.

“El Minvu señaló que no se pueden autorizar más proyectos sin un estudio vial pertinente. Es un dictamen lapidario que respalda lo que venimos diciendo hace años”, aseguró.

En la misma línea, el abogado representante de los residentes de Brisas, Remberto Valdés, recalcó que la envergadura de la iniciativa obliga a exigir un Estudio de Impacto Ambiental y no una simple declaración. “Es absurdo sostener que miles de nuevos residentes mejorarán el transporte público o privado del sector”, afirmó, cuestionando los informes aceptados por el SEA.

Paralelamente, el diputado ecologista por el Distrito 20, Félix González (FRVS), apuntó al trasfondo de planificación, señalando que la ausencia del barrio en el PRC y su dependencia de la categoría de extensión urbana del Plano Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) refleja una falencia en la regulación.

Por contraparte, Valmar respondió que el megaproyecto contemplará obras de mitigación vial obligatorias, entre ellas mejoras en las salidas hacia Concepción y Talcahuano. La empresa advirtió además que, si el Tribunal Ambiental de Valdivia acoge la orden de no innovar solicitada por los abogados de la comunidad, también se detendrían las obras viales comprometidas.

Plano regulador comunal

La controversia entonces abrió una discusión acerca de la planificación urbana en la comuna puerto, donde vecinos y sus representantes insisten en que esta situación ha generado un vacío normativo que ha permitido a las inmobiliarias definir el crecimiento urbano sin un instrumento actualizado que regule densidades y áreas de protección.

Consultados acerca de esto último, desde el municipio de Talcahuano, el director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), Héctor Silva, explicó que el barrio se consolidó primero dentro del límite urbano comunal y luego avanzó hacia áreas de extensión definidas por el plano metropolitano.

Asimismo, la entidad reconoció la necesidad de actualizar estos instrumentos, proceso que ya está en marcha tanto a nivel local como metropolitano. “Tanto el municipio como el Minvu evaluaron diversos aspectos que dieron cuenta de la necesidad de actualizarlos, y hoy día están ambos en elaboración de nuevos instrumentos”, detalló Silva.

Respecto a las críticas por la ausencia del barrio en el PRC vigente, subrayó que el crecimiento de la ciudad no depende únicamente de dicho instrumento, sino también de las áreas de extensión urbana contempladas en el PRMC. “El marco jurídico existente debe cumplirse y, si existe un instrumento vigente en el área, es obligación ineludible aplicarlo”.

Silva añadió que, aunque es deseable que las decisiones urbanas se tomen con la mayor precisión posible, los tiempos de la inversión privada no siempre coinciden con los de la planificación territorial. En esa línea, defendió que, si un proyecto cumple con la norma vigente y es beneficioso para la ciudad, debe impulsarse, recordando que el sector ya había sido consolidado como área de extensión urbana.

De cara a los procesos de actualización, el municipio adelantó que la nueva versión del PRC contemplará la ampliación del límite urbano para incorporar la totalidad de Brisas del Sol. “Se estima que la dinámica del área amerita abordar esta temática. Respecto a plazos, el procedimiento establecido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones fija un horizonte real de al menos cinco años”, indicó Silva.

Finalmente, la administración comunal enfatizó que el conflicto actual no se asocia directamente a la planificación, sino a las mitigaciones viales que debe asumir la inmobiliaria. Para ello, recordaron que el proyecto aún debe presentar y obtener la aprobación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) en el Ministerio de Transportes.