Destacan la importancia de la educación ambiental en la implementación de ley que prohíbe ingreso de vehículos a playas

Por Montserrat Serra Cárdenas

Hace unos días la Comisión de Medio Ambiente del Senado despachó a la Sala del mismo organismo un proyecto de ley que prohibiría el acceso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de platas, humedales costeros, dunas, etc. Esto, con el objetivo de proteger la biodiversidad presente en estos espacios, como el pilpilén o el chorlo nevado.

Sin embargo, datos de organizaciones ambientalistas demuestran que la población de diversidad no hace más que disminuir.

Foco de discusión

Información del Plan de Acción para la Conservación de las Aves Playeras en Chile del Ministerio del Medio Ambiente especifica que el tránsito de vehículos motorizados en zonas no habilitadas para ello afecta de manera severa a las aves playeras y sus hábitats.

Las motos y vehículos como camionetas, jeeps y otros afectan de manera directa a las aves a través del atropello de individuos adultos, crías o huevos, generando reducción significativa del éxito reproductivo.

Asimismo, hay impactos indirectos sobre las aves playeras ya que huyen y abandonan los sitios perturbados por vehículos, gastando energía y reduciendo el tiempo destinado a otras actividades esenciales como la incubación, la alimentación o el descanso.

De acuerdo con el abogado especialista en temas de medio ambiente, Óscar Reicher: “Actualmente existe solo una orden ministerial, emitida en 1998, que prohíbe el tránsito de vehículos en playas, pero sin rango de ley”.

Así lo indica la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). “La entrada y circulación de vehículos a playas en general, está prohibida”.

Es el Artículo 313° del Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, el cual restringe “entrar con vehículos y bañar animales en las playas designadas por la Capitanía de Puerto para baños públicos”.

Además, el artículo 13° del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, impide “entrar con vehículos y bañar animales en las playas declaradas balnearios por la Autoridad Marítima”.

La consecuencia de ello es que “ha dejado la fiscalización en manos de municipios con recursos limitados y sin sanciones claras, generando vacíos y desigualdad en la aplicación”, declaró Reicher.

Asimismo, el plan de acción para la conservación de estas aves del MMA, califica como insuficiente el nivel de fiscalización y con un limitado alcance.

Frente a esto hay que destacar que, según datos de la Fundación Bandada, para la temporada 2023-2024, la reproducción del pilpilén empeoró. Solo 142 nidos, 320 huevos, 38 eclosiones y apenas 13 volantones, con una tasa de éxito de 10,09 %.

“El panorama actual en la reproducción del pilpilén es bastante malo. Hay lugares donde el éxito reproductivo es cero”, advirtió Patricio Ortiz, presidente de la Fundación Bandada.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que el proyecto contempla multas para los infractores y, en caso de reincidencia, se podrá aplicar la suspensión de la licencia de conducir por el período de hasta seis meses e inhabilidad para obtenerla por el mismo período.

Proyecto de ley

Oscar Reicher expresó que esta ley apunta a terminar con esa práctica y convertir nuestras playas en lugares seguros y sanos, tanto para la naturaleza como para las familias.

“Hoy, ver camionetas o motos sobre la arena no solo destruye nidos y ecosistemas frágiles, afectando especies como el pilpilén y el chorlo nevado, sino que también pone en peligro a las personas que disfrutan de estos espacios”, agregó.

Y es que la principal diferencia entre el proyecto de ley y la Orden Ministerial es simple. Se transforma a una legislación “con más fuerza que permitirá proteger de verdad nuestras playas y humedales, entregando herramientas reales de control y sanción, con multas y procedimientos uniformes para todo el país”, indicó el abogado.

Respecto al funcionamiento de la ley, Reicher explicó que para fiscalizar se crearía un sistema paritario entre instituciones. “Hoy ya existen convenios entre municipios, Carabineros y la Armada durante la temporada estival, pero este proyecto entrega una base legal más sólida para que esa colaboración sea permanente y mucho más efectiva”, aclaró.

Además, el académico añadió que “incorpora una presunción legal. Si no se logra identificar al conductor, se presume responsable al dueño del vehículo. Esto evita que las infracciones queden impunes cuando el infractor no sea sorprendido en el acto”.

Recordemos que la sanción principal será una multa de hasta 5 UTM, y en casos de reincidencia, la suspensión de la licencia de conducir.

Un punto para destacar es que la prohibición no se limita al continente, sino que también cubre el territorio insular, incluyendo lugares como Rapa Nui, el Archipiélago Juan Fernández, la Isla Santa María y la Isla Quiriquina.

Excepciones dentro de la norma

El abogado ambiental caracterizó la prohibición como estricta pero flexible, “diseñada para proteger sin sacrificar la seguridad ni la vida cotidiana de las personas”.

La restricción no aplica para vehículos que estén cumpliendo funciones esenciales, como emergencias y rescates (ambulancias, bomberos, salvavidas), seguridad pública y fiscalización (Carabineros, Directemar, inspectores municipales), mantención y aseo de playas y áreas protegidas.

También, los vehículos de entidades públicas o privadas que realicen funciones públicas autorizadas, como actividades pesqueras o de abastecimiento en zonas donde no existen caminos alternativos.

“Estas excepciones se justifican por razones de necesidad y proporcionalidad. Se evita que la norma genere absurdos, como que una ambulancia no pueda ingresar para rescatar a un herido, o que comunidades costeras se vean aisladas por falta de vías de acceso. La ley busca proteger los ecosistemas sin impedir acciones vitales”, aseveró Reicher.

Urgencia de contar con medidas efectivas

De acuerdo con el presidente de la Fundación Bandada, avanzar con esta ley es de máxima urgencia.

Además de lo perjudicial que resulta esto para la biodiversidad costera, “la degradación de dunas y playas impacta negativamente en los servicios ecosistémicos que entregan a las comunidades locales, como la protección frente a marejadas y el atractivo turístico de la zona”, indicó Ortiz.

Por ello, contar con un marco legal claro y aplicable permitirá resguardar de manera más efectiva estos ecosistemas frágiles, avanzando en la conservación y en la construcción de un modelo de relación más sostenible entre las personas y el borde costero, declaró el presidente de la fundación.

Sin embargo, Ortiz declaró que el nivel de conciencia ciudadana respecto al daño que causa el tránsito vehicular en playas y humedales aún es bajo y muy desigual.

Agregó que, si bien algunos sectores de la comunidad muestran mayor sensibilidad, todavía predomina el desconocimiento de los impactos reales que producen los vehículos, reflejando la necesidad de reforzar la educación ambiental, la señalización y la fiscalización.

Así lo confirmó el director del Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción (UdeC), Ricardo Barra, quien indicó que una normativa no será suficiente para generar un verdadero cambio cultural.

“Debe ser acompañado por otras medidas. Una muy relevante es la educación ambiental. Sostengo que es necesario una verdadera alfabetización ambiental para responder a estos nuevos desafíos, que debe comenzar desde la infancia. Esto, por cierto, tomará tiempo”, aseveró Barra.

En la Región del Biobío, las especies más afectadas por el tránsito de vehículos en playas y humedales costeros son aquellas que nidifican directamente en la arena, como el Pilpilén común (Haematopus palliatus).

Además, otras especies como el Playero blanco (Calidris alba) y el Playero de Baird (Calidris bairdii), el Chorlo doble collar (Anarhynchus falklandicus) y el Chorlo chileno (Zonibyx modestus) también se ven afectadas por la alteración del hábitat, la compactación del sustrato y la perturbación constante que dificulta su permanencia en el sitio.

“La prohibición del ingreso de vehículos motorizados en playas y dunas puede contribuir de manera directa a la recuperación de especies de aves playeras, principalmente porque elimina una de las amenazas más críticas: la destrucción de nidos y polluelos por atropello”, comentó Patricio Ortiz.

Además, al evitar la compactación del sustrato y la alteración del microhábitat, se favorece la regeneración natural de la vegetación dunar y el restablecimiento de comunidades de invertebrados, que constituyen la base alimenticia de muchas aves playeras.

Sin embargo, para que la prohibición del ingreso de vehículos motorizados en playas y dunas sea realmente efectiva, es necesario complementarla con apoyo logístico y financiamiento estable.

“Una de las mayores debilidades del sistema chileno de control ambiental es justamente la fiscalización, lo cual ha sido destacado por varios reportes de desempeño ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se requiere dotar al estado de mayores recursos para este ítem, si no es posible, la normativa será letra muerta”, declaró el director.

Es por ello que, para Ricardo Barra, todos tenemos un rol que desempeñar en la implementación de esta ley. Tanto los municipios, las comunidades y los agentes activos del cuidado, denuncia y acción para la protección de estos ecosistemas. “Sin la participación activa de la sociedad civil, esto no va a funcionar”, señaló.

Desde la perspectiva de Fundación Bandada, se requieren principalmente señaléticas y demarcación clara en accesos a playas y humedales, monitoreo y fiscalización mediante recursos para personal de apoyo (guardaparques, inspectores municipales o equipos de la Armada), junto con el uso de tecnologías como drones o cámaras de vigilancia en puntos críticos.

También es fundamental la infraestructura básica de control, como barreras físicas en accesos vehiculares y habilitación de estacionamientos regulados en zonas permitidas y las campañas de educación y sensibilización ciudadana.

Destacaron que los fondos de conservación y voluntariado son valiosos, ya que permiten a organizaciones locales fortalecer el trabajo en terreno mediante programas de resguardo y monitoreo de aves playeras.

“La ley será un gran avance, pero su éxito dependerá de acompañarla con inversión en infraestructura, fiscalización y educación ambiental, asegurando así un cambio real y duradero en la gestión de los ecosistemas costeros”, señaló Ortiz.

Un ejemplo destacado es Uruguay, país que desde hace años prohíbe el ingreso de vehículos motorizados en playas y dunas. La estrategia ha estado centrada en dos pilares: infraestructura reguladora junto con educación y sensibilización.