Minvu y demolición de casas en Talcahuano: viviendas con acreditación de propietario pueden acceder a subsidio

La Municipalidad decretó que una serie de inmuebles deben ser destruidos por estar en una zona de alto riesgo. Esto debido a la fisura existente en una de las laderas del Cerro Zaror, ubicado sobre Avenida Latorre.

En Talcahuano, la incertidumbre para las familias del Cerro Zaror y la colindante Avenida Almirante Latorre se mantiene. Tras el decreto alcaldicio que ordenó la demolición de viviendas inhabitables, muchos vecinos aún esperan claridad sobre las alternativas habitacionales.

El documento establece un plazo de 60 días para ejecutar las demoliciones, con costos a cargo de los propietarios, basado en informes de la Dirección de Obras Municipales que acreditan la falta de garantías de seguridad. Recientemente, el alcalde Eduardo Saavedra, señaló que solicitará una reunión con la Seremi de Vivienda para revisar la entrega de subsidios.

Respuesta del MINVU

Consultados, desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío indicaron que, tras la catástrofe ocurrida en julio de 2024, cuando en medio de intensas precipitaciones se ratificó el estado de peligro por el estado del terreno, “se les ha planteado a las familias la alternativa de entregarles un subsidio habitacional, asociado a un subsidio de arriendo, para que puedan abandonar de forma segura los sectores afectados mientras se gestionan soluciones definitivas”.

Además, desde el Minvu mencionaron que, en un primer momento, algunas familias rechazaron los subsidios ofrecidos, tras argumentar que los montos eran insuficientes. “Hemos desarrollado varias instancias para poder explicar las distintas opciones que existen, de manera que estos montos pueden ser elevados si las personas se asocian a un proyecto DS19 o a un conjunto habitacional nuevo”, aseguraron.

En paralelo, sobre lo que mencionaron algunos vecinos (la entrega de subsidios pese al peligro de remoción de masa), la cartera precisó que “si bien el Plan Regulador Comunal de Talcahuano establece una zona de riesgo, hay una importante franja de viviendas ubicada en una zona donde sí se permite la construcción”.

No obstante, desde la Seremi se indicó que existen casos donde las viviendas se levantaron sobre terrenos no edificables. “En estos casos, los propietarios no tendrían posibilidad de subsidios habitacionales. Lo que este Ministerio normativamente puede hacer es dar una solución solamente a aquellas familias que acrediten ser propietarios”, concluyeron.

Preocupación en aumento

Ante esto, la presidenta de la Junta de Vecinos Almirante Latorre, Sofía Jorquera, sostuvo un nuevo encuentro con autoridades del municipio. Su relato refleja preocupación por la falta de documentación formal que respalde la postulación de los vecinos a subsidios de arriendo y vivienda definitiva, clave para salir de la zona de riesgo.

Según Jorquera, la gestión de estas subvenciones exige que el decreto de demolición esté vigente. “Nos dijeron que para poder adoptar nuestros subsidios tenía que salir el decreto de demolición de nuestras viviendas”, explicó. Sin embargo, los plazos y las condiciones no han sido claros para todos los afectados.

La dirigenta agregó que, pese a la existencia de la orden emanada desde la casa edil, la ejecución de la demolición podría aplazarse, aunque no hay certeza. Además, para ella hay contradicciones frente a dictámenes previos sobre el manejo de la ladera, lo que genera temor de que las intervenciones en sus propiedades puedan dañar aún más el terreno y poner en riesgo sus vidas.

“Solo hemos tenido palabras, no documentos que acrediten que estamos postulando a subsidios en condiciones seguras”, afirmó, reflejando la frustración vecinal.

Punto crítico

Vale recordar que el problema radica en la existencia de una fisura en la ladera del Cerro Zaror que está sobre las casas de Avenida Latorre.

De hecho, muchos de estos antiguos hogares tienen como patio la pared del citado cerro, e incluso, en algunos casos, existen accesos y escaleras al interior de los terrenos residenciales que pueden conectar a las viviendas de la parte plana con las que se ubican en la ladera, hasta llegar a la parte alta, consecutivamente. Todo esto por medio de estrechos pasillos y escaleras fuera de la vía pública.

Retomando la coyuntura en la que se encuentra la comunidad, otro punto crítico que destacó la dirigenta es el alcance y accesibilidad de los subsidios. Según señaló, sólo 12 de las 48 viviendas declaradas inhabitables cuentan con una opción activa. Esto deja a la mayoría sin alternativa de reubicación, enfrentando el riesgo de permanecer en la zona sin respaldo formal.

Todo esto se suma al obstáculo económico, pues, según dijo, muchos habitantes del sector son adultos mayores que ya no poseen capacidad de ahorro. “Yo tengo vecinas de 90 años que viven de una pensión básica solidaria, ¿cómo les voy a pedir que tengan una libreta de vivienda con ahorro previo?”, cuestionó.

Jorquera advirtió que, mientras algunos residentes podrían acceder a la subvención y abandonar la zona, otros deberán permanecer en sus casas pese al peligro. “Ellos van a quedar ahí, corriendo el riesgo, pero sin solución habitacional”, subrayó, cuestionando la responsabilidad de las autoridades frente a la seguridad y la vida de las familias.

La comunidad, aseguró, busca garantías concretas antes de cualquier demolición o traslado. Reclama una intervención efectiva que contemple todos los casos y no solo a quienes cumplen requisitos formales o tienen acceso a subsidios, mientras continúa la presión sobre el municipio y el Minvu para acelerar los procesos.