Talcahuano: ordenan demolición de viviendas por peligro de derrumbe del Cerro Zaror

Se fijaron 60 días para llevar a cabo el mandato sobre casas declaradas como inhabitables, con costos a cargo de los propietarios y distintas condiciones según su situación.

En Talcahuano, la ladera del Cerro Zaror que da cara a la Avenida Almirante Latorre se ha transformado en un sinónimo de fragilidad urbana e incertidumbre para decenas de familias que la habitan.

Una falla geológica, que se activó con fuerza tras el 27/F, dejó marcado al sector con el riesgo permanente de peligrosas remociones de masa. Más de 15 años después, los vecinos conviven con la amenaza de perder sus viviendas.

Recientemente, el conflicto sumó un nuevo capítulo: Tras una notificación municipal que ordena la demolición de varias viviendas consideradas inhabitables, los vecinos reclaman la ausencia de soluciones habitacionales concretas y cuestionan la responsabilidad de las autoridades frente a un problema que arrastra más de una década.

Cronología y reciente decreto

Todo parte del terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando emergió con mayor claridad la vulnerabilidad de la ladera asociada a la falla geológica de San Vicente. Pese a ello, muchas familias permanecieron en el sector y otras accedieron a viviendas incluso mediante subsidios estatales, lo que hoy alimenta la controversia: ¿cómo se permitió habitar un terreno con riesgo conocido?

En junio de 2024, Diario Concepción informó sobre la aparición de una grieta de gran magnitud en el cerro, en medio de los grandes temporales de entonces, lo que activó las alarmas por la remoción de masa.

Posteriormente, el Ministerio de Vivienda anunció evaluaciones para entregar apoyos transitorios, como subsidios de arriendo o albergues, mientras se aún se analizaban soluciones definitivas. Sin embargo, a cuatro meses de la emergencia, los vecinos aún no habían recibido certezas.

En la actualidad, durante los últimos días, la Municipalidad de Talcahuano emitió el Decreto Alcaldicio N.°1975, al cual tuvo acceso Diario Concepción. Este ordenó la demolición de las viviendas inhabitables del sector, fijando un plazo de 60 días para ejecutarla a costa de los propietarios. La medida se basa en informes de la Dirección de Obras Municipales, que acrediten el riesgo de ruina y la falta de garantías de seguridad.

“Ordénese la demolición total de la vivienda (…) por ser ‘obras que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad, o que amenacen ruina’, por considerarse vivienda inhabitable”, se lee en el documento.

“Otorgase un plazo de 60 días corridos para proceder a la demolición de la vivienda señalada, la que deberá ser a costa del propietario”, señala también la misiva.

Vecinos

Fue a raíz de esto que los vecinos acudieron, este miércoles, al municipio. La idea era buscar una audiencia con el alcalde, Eduardo Saavedra.

La presidenta de la Junta de Vecinos Almirante Latorre, Sofía Jorquera, relató la preocupación de la comunidad: “Se inició una notificación a los vecinos damnificados con el tema del derrumbe de la remoción de masa del año 2024, donde sale específico un decreto alcaldicio que dice que dentro de 60 días debemos demoler nuestras propiedades y que el costo corre por parte nuestra”.

Según Jorquera, la principal dificultad es que actualmente no cuentan con alternativas habitacionales reales. “Si bien firmamos un documento que prácticamente fue un ultimátum, porque se vencía el decreto de catástrofe del 2024, no hemos tenido ningún otro acercamiento”.

“Somos un sector antiguo, del casco histórico de Talcahuano; habemos familias con más de 100 años ahí, propietarios, no es un asentamiento irregular, y en este momento nos quieren sacar de nuestras propiedades como echar un perro a la calle”, expresó.

La dirigente también criticó la falta de diálogo con autoridades centrales. Recordó la visita del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en 2024: “A nosotros como dirigentes se nos negó la entrada, siendo que era una cuenta pública, y tampoco fuimos invitados. Para nosotros era necesario poder hablar con él y explicarle nuestra problemática”.

Sobre la seguridad del sector, Jorquera reconoció que no se sienten protegidos y cuestionó la omisión de información sobre la falla geológica: “Vivimos muchos años bajo una falla geológica, la cual nunca supimos, que nos vinimos a enterar recién el año pasado. Creo que es una omisión tremenda, porque corre riesgo la vida de muchos vecinos”.

Carlos, también vecino del sector, subrayó el problema de la propiedad compartida. “Mi papá es el propietario, yo construí dentro de la propiedad pensando que el día de mañana iba a heredar. Lo que ahora ya no es efectivo por la catástrofe que hubo. Y los beneficios que se están entregando están siendo para una sola persona, cuando hay propiedades con tres o cuatro dueños. El resto queda afuera”, señaló.

El vecino sostuvo que la comunidad no confía en nuevos documentos o compromisos municipales: “No queremos firmar documentación porque ya no confiamos en el municipio. En lo personal, no confío en las palabras, porque al firmar un documento eso no nos acredita que el día de mañana no nos hagan cumplir los plazos y nos saquen de las propiedades”.

En ese contexto, los vecinos evalúan acciones legales, además de mantener conversaciones con el jefe comunal.

Respuesta del municipio

Consultado a fondo sobre la problemática, el alcalde Saavedra, explicó que, desde su llegada a la Municipalidad, la situación del sector Almirante Latorre ha sido una de las principales preocupaciones. 

“Existe una situación de riesgo y peligro de vida para las personas que viven en ese lugar. Por lo mismo, hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Vivienda y el Serviu, junto a la Unidad de Vivienda de nuestra Municipalidad”, señaló.

Según él, uno de los principales avances ha sido permitir que las familias propietarias pudieran firmar, antes del vencimiento del Decreto de Catástrofe de 2024, para activar subsidios de arriendo temporales mientras se gestionan soluciones definitivas.

Tras la reunión de este miércoles con los vecinos, el jefe edilicio indicó que se solicitará una instancia con la Seremi de Vivienda “para conocer los avances en la entrega de dichos subsidios”, con el objetivo de ofrecer alternativas habitacionales a quienes resultaron afectados. Saavedra enfatizó que la medida busca garantizar que las familias puedan salir del sector en condiciones seguras y avanzar hacia una vivienda definitiva.

Por otro lado, sobre la autorización de uso habitacional en una zona con riesgo conocido, señaló que “existe en la ladera del cerro una franja no edificable según el Plano Regulador Comunal; la mayoría de las familias se encuentran en la zona edificable, pero lamentablemente están emplazadas en una franja de alto riesgo de remoción en masa”.

Respecto al costo de las demoliciones, Saavedra recordó que “la normativa que regula a nivel nacional establece que las demoliciones deben ser a costo de los propietarios. En este sentido, la Municipalidad no puede entregar ayuda económica para concretar estas faenas”. Sin embargo, el alcalde aseguró que siempre han estado disponibles para colaborar.

Ahora bien, en la gestión de derechos y responsabilidades en casos de propiedad compartida o herencias, el alcalde detalló cuatro realidades: “Están los propietarios, con quienes ya hemos trabajado y han firmado para acceder a un subsidio de arriendo; los allegados, con quienes comenzaremos un trabajo en los próximos días; los herederos o sucesiones, donde solo se entrega un beneficio a uno; y los arrendatarios, quienes deben buscar otros lugares donde puedan vivir y que no estén en zona de riesgo”.

“Lo importante es resguardar las vidas de estas familias y evitar que ocurra una tragedia, y por ello también es importante que la comunidad entienda que no puede edificar o construir en zonas que pueden resultar peligrosas para su integridad o la de otras vecinas y vecinos”, finalizó.