Proyecto eléctrico Mataquito: aseguran que proceso no contempló observaciones técnicas y sociales

El trazado eléctrico que unirá Itahue y Hualqui ya fue aprobado por el Comité de Ministros y modificarlo es prácticamente imposible. Aun así, municipios y organizaciones sociales del Maule, Ñuble y Biobío preparan reclamaciones para intentar revertir o invalidar la decisión.

Montserrat Serra Cárdenas

Son 20 las comunas por las cuales se emplazaría el trazado de la carretera eléctrica Mataquito, que conectaría la futura subestación Hualqui con la existente en Itahue, en Molina (Maule).

Algunos de los municipios de estas zonas ya se encuentran organizando acciones para denunciar la aprobación de dicho proyecto –por parte del Comité de Ministros–, el cual catalogan como centralista e irregular.

Cabe recalcar que la carretera eléctrica fue aprobada el pasado 26 de junio por el Comité integrado por las carteras de Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Salud, Economía y Minería.

Organización

Vecinos de diversas comunas se organizaron y conformaron distintas agrupaciones para defender el Parque Nacional y el cerro Manquimávida, los que se verían afectados por la iniciativa.

Mayerlin Suárez, concejala y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chiguayante, explicó que residentes de Concepción activaron la Coordinadora Nonguén, quienes están articulando un trabajo de vinculación con los habitantes del sector y así generar reclamaciones y recursos de invalidación.  “En Chiguayante, está la Coordinadora Protección Manquimávida, en donde se están realizando **jornadas de difusión sobre el trazado y el impacto a la salud, la calidad de vida, el medioambiente, etc.”, indicó Suárez.

Los distintos jefes comunales se reunieron en Quirihue. Allí coincidieron en que lo resuelto por el Comité de Ministros no consideró las variadas observaciones técnicas y sociales del territorio.

El alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades por el Parque Nonguén, Ricardo Fuentes, argumentó que “en definitiva no se escuchó” a las comunidades ni a los organismos locales, lo cual motiva ahora una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia.

Asimismo, se asegura que hubo nula convocatoria efectiva a los vecinos. También preocupa el bajo monto de pago por metro cuadrado que se les ofrecería a los residentes para implementar el camino de servidumbre de las torres de alta tensión.
“Fue tremendamente escasa esa participación porque partió en pandemia. No se cumplió con ese formato de participación, hay vecinos a los que se les ofrece $450 por m² de servidumbre eléctrica. Es indigno”, acusó el alcalde Fuentes.

Además, se advierte que el trazado, con torres de 500 kV, pone en riesgo frágiles ecosistemas, bosques nativos y humedales, particularmente en las proximidades del Parque Nacional Nonguén.

Desde la dirección jurídica de la Municipalidad de Chiguayante declararon que el recurso de reposición, ante el tribunal, está siendo redactado por la Asociación de Municipalidades por el Territorio Nonguén, específicamente por el equipo del municipio de Concepción. Esta medida tiene por objetivo modificar el trazado eléctrico del proyecto Mataquito.

Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se abarcará una extensión total de 406,93 kilómetros. Considera una línea de transmisión eléctrica que se emplazaría en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. También se contempla la construcción de cinco subestaciones y la conexión a otras cinco ya existentes. Se incluye la fabricación de caminos permanentes de acceso a las edificaciones nuevas y a las estructuras de la línea de transmisión eléctrica.

Según el mismo estudio, este megaproyecto corresponde al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico de Energía (SEN), acordado en el Decreto Exento Nº418 de 2017 del Ministerio de Energía.

En la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) se detallan grandes listados de “instalaciones de transmisión zonal, de ejecución obligatoria, en construcción al 31 de octubre de 2016, correspondiente a cada empresa responsable de su ejecución”. Y es que el proyecto Mataquito se nombra en los artículos 2 y 3 de dicha norma.

Dentro de las justificaciones de la carretera eléctrica, en el EIA se especifica que para la selección del trazado se tuvo en consideración una serie de criterios técnicos y ambientales.

En primer lugar se consideró la topografía del lugar, buscando lugares adecuados para instalar la menor cantidad de estructuras posibles y así disminuir la intervención de suelos.

Asimismo, la “existencia de personas y centros poblados”. Se indica que se buscó “evitar el paso de la línea de transmisión de los frentes de las casas de pobladores y alejarlos de los centros poblados, de tal forma de evitar interferir en los sistemas de vida de los habitantes.

También “evita al máximo la corta de vegetación nativa, la afectación de especies protegidas y paisajes, además de considerar las restricciones técnicas establecidas en las bases de licitación del proyecto y en el Decreto Nº418 del Ministerio de Energía.
Asimismo, en la página de la empresa Celeo, la empresa de energía a cargo del proyecto Mataquito, se manifiesta que se pretende expandir la capacidad de la ruta eléctrica para potenciar las energías renovables en el área.

A pesar de que Diario Concepción intentó contactar a la empresa, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.

¿Qué acciones legales se pueden tomar?

Óscar Reicher, abogado y doctor en Ciencias Ambientales, comentó que el panorama es bastante acotado.
“Solo pueden reclamar las personas que hicieron observaciones durante la evaluación ambiental del proyecto y solo de los temas que hicieron observaciones. Hay que recordar que buena parte de la participación se hizo en plena pandemia, por lo que se hace más restringida aún la opción de presentar reclamaciones”, comentó Reicher.

Igualmente explicó que los municipios también pueden reclamar, pero sin pasar por otra serie de condiciones que se deben cumplir para que lo puedan hacer. “Recién en los últimos años nuestros tribunales le han reconocido de manera más sistemática la opción de reclamar”, declaró.

El abogado manifestó que, en el caso que se acoja un recurso, estos no pueden variar el trazado. “Quien tiene esta facultad es el propietario del proyecto, por lo que solo en caso que la autoridad ratifique que el trazado no fue evaluado correctamente, el propietario podría cambiarlo o no. Porque también podría corregir lo que los tribunales le pidan, pero manteniendo el trazado”, explicó.

Preguntando por otras opciones para apelar, Óscar Reicher agregó que las Cortes de Apelaciones, correspondientes a los tribunales que resuelven los recursos de protección, por lo general han sido reacias a entrar a conocer de fondo las materias ambientales.
Respecto a la seremi del Medio Ambiente del Biobío, Óscar Reicher aclaró que este ente no puede presentar acciones. En tanto el seremi del Ramo, Pablo Pinto, reafirmó que el Comité “ya tomó una decisión”.

Impactos y asimetrías de la integración de energías renovables

Según un informe que analiza críticamente el modelo energético chileno, realizado por el consultor y técnico energético, Yair Cisternas, revela que este sistema ha convertido al país en líder sudamericano en capacidad solar y eólica. A pesar de este éxito técnico, el modelo privilegia la exportación energética a través de megaproyectos desconectados de las necesidades locales, generando injusticias territoriales y sociales.

La legislación vigente define la generación eléctrica como una actividad libre, sin obligación de cobertura local. Esto ha facilitado inversiones orientadas exclusivamente al mercado internacional, especialmente mediante el Convenio Colectivo Nacional para la Industria Electrónica y de Tecnologías Informáticas (SINEA), en Argentina. Este busca interconectar los sistemas eléctricos de varios países andinos.

La investigación evidencia cómo comunas rurales enfrentan impactos socioambientales, como la fragmentación de hábitats, destrucción de caminos o instalación irregular de infraestructura, sin recibir mejoras en servicio eléctrico ni compensaciones efectivas.

Algunos de los casos que ejemplifica el documento son el Parque Eólico Coloane, que amenaza investigaciones científicas y biodiversidad en Ancud. “Se reporta riesgo de distorsión de datos climáticos, alteración del río Huicha y alteración a flora y fauna endémica”, indica.

Por otro lado, en 2022 se descubrió un soterrado subterráneo no autorizado de líneas eléctricas en Cauquenes, sin evaluación ambiental. Para mejorar la situación, la investigación propone cambios como mayor protagonismo municipal en la planificación energética, compensaciones obligatorias en territorios impactados y una revisión profunda del rol del SINEA.