Por: Carolina Abello R./ Marcelo Castro B.
La manifestación tiene carácter de indefinido. Gobierno descartó actuar policial si no es solicitado por la iglesia.
Con el compromiso del arzobispo Fernando Chomali de que “no habrá desalojo de la Catedral”, finalizó ayer la reunión de los manifestantes pro mapuche que se tomaron ayer el principal templo católico penquista, para apoyar a los cuatro comuneros que están en el hospital de Temuco tras una huelga que ha durado más de 100 días.
En efecto, cinco miembros del grupo ingresaron durante una misa, y aseguraron que se quedarían ahí en forma indefinida. Al respecto, Juan Carlos Tralcal, vocero de la organización, fue enfático. “Nos quedaremos acá hasta que haya represión”, precisó.
Pero el arzobispo Chomali descartó de plano la intervención de la fuerza policial: “El foco no es que se tomen la Catedral, sino cómo el Estado se hace cargo de esto. Yo les garanticé que bajo ningún punto de vista ingresará Carabineros a esta Catedral”.
Y agregó: “Me parece que lo mínimo es acoger a una persona, cuyos familiares están pasando por momentos complicados, y ellos han tomado una acción desesperada ante la impotencia de no tener soluciones. Veré la manera de ayudar para lograr un diálogo entre los familiares y la intendencia de la Araucanía. Lo que pasa en la catedral es una gota con respecto a lo que pasa con el pueblo mapuche, que necesita solucionar sus problemas de fondo y necesitan ser abordados con mayor seguridad.
La intendenta (s) Andrea Muñoz afirmó que como gobierno rechazan la situación y que no habrá un desalojo mientras no lo solicite el arzobispo. “El desalojo es una posibilidad, pero que tiene que ser aceptado por quien administra ese recinto, es decir, del Arzobispado”.
Recursos por caso Llaitul
A la Corte de Apelaciones de Concepción recurrió el Ministerio Público, en un último intento para revertir la decisión del Tribunal Oral de Cañete, que rebajó cinco años la condena de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, tras la eliminación de la agravante de actuar en grupo o pandilla, en el trámite de la Agenda Corta Antidelincuencia en el Parlamento, lo que permitió a la Defensoría solicitar una rebaja en la sentencia.
Es el segundo intento de la Fiscalía, a la que ya se le rechazó un recurso de apelación. Si se mantiene firme la decisión del Tribunal Oral de Cañete, Llaitul recuperará su libertad. El Gobierno también presentó un recurso de apelación, el que también fue rechazado por improcedente.
La solicitud de la Defensa fue acogida por el tribunal y se le rebajó de 10 años y un día a 5, por el robo con intimidación. Al sumar la pena por este delito y por el ataque al fiscal Mario Elgueta tenía 14 años de condena, que finalizaba el 28 de mayo de 2021. Sin embargo, con esta reducción, su pena quedó cumplida el 28 de mayo de 2016. Estaba con el beneficio de libertad condicional y firma semanal.
El fiscal regional, Julio Contardo, explicó lo ocurrido y el por qué de la presentación de ambas acciones legales.
“Esto se produce a raíz de una modificación legal, que modifican la agravación de la pena. Encontramos una interpretación errada por el juez de Cañete, por lo que presentamos un recurso de apelación, que fue rechazado porque no procedía en este tipo de resoluciones. Ahora, con el recurso de hecho, le pedimos a la Corte que se refiera al fondo del asunto, porque existe una errónea aplicación de la norma. Acá se está impugnando la decisión del tribunal, desde un punto de vista de forma y queremos que el fondo se discuta ante la Corte de Apelaciones de Concepción”.