Casos como el de la escuela especial Santo Domingo de Chiguayante preocupan a los representantes de los establecimientos particulares subvencionados.
Media docena de establecimientos particulares subvencionados de la Región anunciaron que se convertirán en particulares pagados y otros siete que cerrarán sus puertas debido a los cambios que impone la ley de Inclusión. Entre los que desaparecerán está el colegio diferencial Santo Domingo de Chiguayante, que atiende a 46 niños con discapacidades intelectuales y el único en su tipo en la mencionada comuna.
El establecimiento ha sido uno de los mencionados como posibles víctimas de este proceso que llevó a los parlamentarios a realizar una sesión especial para solicitar la ejecutivo al menos dos mejoras en la implementación de la ley. “Simplemente la sostenedora no puede adaptarse”, explica el presidente de Redcol, Andrés Carter sobre este caso, aludiendo a los costos económicos. “Los niños van a quedar a la deriva”, agrega el vocero de los sostenedores.
Frente a esta situación y otras similares a nivel nacional es que el parlamento aprobó dos propuestas para el Ejecutivo.
La primera: la elaboración de un plan estratégico nacional que garantice la continuidad de estudios de los alumnos traspasados a partir de la ley de inclusión, para lo que se propone la implementación de una estrategia de apoyo a los sostenedores, para que puedan “revaluar esta primera decisión, a fin de disminuir al máximo el número de establecimientos que pasen a particular pagado”.
La segunda tendiente a asegurar por parte del Estado la oferta educativa en todos los puntos del país, haciéndose cargo de los vacíos que pudiera dejar la transformación y cierre de colegios.
En este punto, la propuesta parlamentaria planteó además la necesidad de modificar el sistema de financiamiento por asistencia y sustituirlo por uno que se haga cargo de las necesidades del sistema.
Sin embargo, desde los sostenedores restaron relevancia las propuestas parlamentarias. Para Carter, éstas no se hacen cargo de la realidad. “Sobre garantizar la educación en todos los lugares, difícilmente el Estado va a poder hacerlo porque demora años en licitar para levantar un establecimiento”, argumentó.
Sobre temas financieros una preocupación es la desconfianza mostrada por la banca al seguro implementado por la ley. “Vamos a estar pagando el 35% de los ingresos vía subvención a bancos que manejan un interés a l 5%. Esto es un segundo CAE”, dijo.
Lamentó además que no se haya aprobado la propuesta del diputado Bellolio para extender el plazo para la toma de decisiones.
Carter fue uno de los sostenedores y apoderados que concurrieron el miércoles al Congreso Nacional a protestar en contra de esta ley. Allí también estuvo Alex Bahamondes, apoderado del establecimiento Aurora de Chile, uno de los establecimientos que se acogió a la normativa. “La Ley de Inclusión no se entiende. Como padres, el gobierno nos ha dejado un poco a un costado, lo que nos mantiene desinformados. Los colegios particulares subvencionados, son un aporte, y nosotros estamos aquí porque queremos que se mejore la Ley. Todos sabemos que la intervención debiera haber comenzado por los Municipales, ahí es donde están las principales falencias del sistema”.