Proyecto amplía la gratuidad al 60% y deroga el Crédito con Aval del Estado (CAE), bajo la condición de que a enero de 2019 exista otra fórmula que lo reemplace.
Una vez más el proyecto de ley sobre educación superior polarizó a la cámara de Diputados. Mientras desde el oficialismo lo calificaron como un hecho “histórico”, desde la oposición criticaron que no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de la educación.
Para el diputado local Enrique van Rysselberghe se trata de “un proyecto populista y demagógico, y por tanto condenado a no permanecer en el tiempo”.
Respecto de la gratuidad, Van Rysselbergue opinó que se trata de una ampliación “irresponsable”. “El gobierno sabe, no es sostenible ni se puede financiar en su extensión al 100% como fue la promesa de esta administración. Y se inscribe en el excesivo gasto fiscal en el que ha incurrido este gobierno y que todos los chilenos deberemos pagar en el futuro apretándonos fuertemente el cinturón”.
En tanto, el diputado Independiente Roberto Poblete (independiente pro PS), indicó que a partir de hoy hay una vuelta de página en la historia de la educación chilena y se abren espacios en post de lograr mayor igualdad. “Aquí hay una buena noticia y es que se consagra la gratuidad y se aseguran recursos para que miles de familias vulnerables puedan enviar a sus hijos a estudiar. De hecho, en este proyecto se establece de forma permanente la política de gratuidad hasta el 60% más vulnerable a partir del 2018, con la opción de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones económicas del país”, explicó.
Para el diputado Giorgio Jackson (Ind) esta no es la reforma por la cual se ha marchado durante tantos años. “Hay mucha frustración, principalmente, porque llevamos muchos años protestando por una reforma que sea integral y que permita garantizar la educación como un derecho”.
El presidente de la Comisión de Educación
“Es histórico que, por primera vez, después del año 1981, donde la dictadura dio las normas de educación superior, podamos tener un nuevo sistema regulado que va a permitir que se mantenga el financiamiento del aporte fiscal directo y un régimen que fortalezca el Consejo de Rectores y las universidades del Estado”.
El representante del Mineduc en la Región, Sergio Camus, valoró este avance trascendental para la educación de nuestro país. “Estamos concretando una sentida demanda del conjunto de la sociedad chilena y que fue recogida por la Presidente Michelle Bachelet en su programa y que permitirá elevar los estándares de calidad de la educación superior, además de avanzar hacia el establecimiento de esta educación como un derecho social garantizado por el estado, a través de la gratuidad que el 2018 favorecerá a los estudiantes de los seis primeros deciles de la población”.