La presentación de cargos en contra del presidente regional de RN proviene de una de las últimas querellas interpuestas en abril pasado por el SII. Situación distinta a la de personeros de la Nueva Mayoría, para las que el organismo no ha presentado este tipo de acciones, lo que ha derivado en un arduo debate para que la Fiscalía pueda investigar los delitos tributarios sin tener que depender del monopolio del SII.
En su calidad de representante de las sociedades “Consultora KTZ limitada” y “Distribuidora de Maquinarias Limitada”, el presidente regional de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz Rodríguez, deberá enfrentar nuevos cargos en el Caso SQM.
La solicitud fue ingresada el pasado 16 de junio por la fiscal Carmen Gloria Segura, fundamentada en la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, el 21 de abril pasado, en contra de Eguiluz, el ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, el actual gerente de la minera no metálica, Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos, por la responsabilidad de ellos en la autoría de delitos tributarios entre los años 2009 y 2014.
De acuerdo a la acción legal del órgano recaudador, a la que tuvo acceso Diario Concepción, se menciona la primera querella presentada en contra del actual consejero regional y su red de boleteros por un monto de 120 millones de pesos, para después dar paso a las boletas y facturas ideológicamente falsas por parte de las sociedades de Eguiluz.
En relación a éstas, aparecen cuatro facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y octubre de 2009 por $72.173.500 que fueron a parar a SQM por servicios que nunca se prestaron. Además de otras nueve facturas emitidas entre octubre de 2013 y junio de 2014 por otros $45 millones de pesos. A esto, se suman 26 boletas de honorarios falsas por $130 millones de pesos.
Las 26 boletas fueron por servicios de “Asesoría Profesional en proyectos Región del Bío Bío”, por $5 millones cada una. Los mismos montos y glosas se repiten en las facturas emitidas por la “Sociedad Consultora KTZ Limitada”.
El libelo de 24 páginas, incorpora el testimonio de Claudio Eguiluz, brindado el 25 de junio de 2015, ante funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del servicio, en donde dijo no recordar quienes lo contactaron, ni a quien se le reportaba la información por los trabajos. En relación a las boletas honorarios facilitadas como persona natural, la autoridad expresó que “a Soquimich le brinde asesorías que se referían al monitoreo del avance del proyecto de construcción del embalse Punilla, en la provincia de Ñuble”.
Eguiluz señaló que el proyecto era de interés de para Soquimich “porque incorporaba nuevas 40.000 hectáreas de riego en la provincia de Ñuble, lo que conllevaba a la posible venta de una cantidad importante de fertilizantes”. El imputado agregó que durante su campaña a Consejero Regional y durante los primeros tres meses en el cargo siguió asesorando a Soquimich, mediante la sociedad “KTZ”. Y los servicios de esta empresa fueron brindados “casi exclusivamente a la sociedad Química y Minera de Chile”.
No hay respaldos de los trabajos
Desde Impuestos Internos indicaron que el testimonio de Claudio Eguiluz no estuvo respaldado por antecedentes que acreditaran de forma fehaciente la efectiva prestación de los servicios.
En su declaración, brindada el 17 de diciembre de 2015 ante el SII, el vicepresidente de Exploraciones de SQM, Daniel Jiménez Schuster, indicó que “no tenemos explotaciones minerías en la Octava Región, por lo tanto no se me ocurre para que podríamos querer ocupar esas aguas. Lo que tenemos en la Octava Región es una filial de SQM S.A., de nombre SQM comercial, que es distribuidora de Fertilizante. No sé de ningún proyecto que la empresa tenga o haya tenido SQM en la región del Bío Bío, y en caso de que existiesen en su etapa de exploración, normalmente yo debiese haber estado involucrado”.
En relación al interés de la empresa de Julio Ponce Lerou en la construcción del embalse Punilla, el ejecutivo apuntó que “no tenía conocimiento de la situación”. Mientras que por las boletas y facturas emitidas por Eguiluz y su sociedad, Jiménez manifestó que “no tengo conocimiento y puedo asegurar que no conozco a ninguna de las personas mencionadas. Al señor Claudio Eguiluz lo conozco de nombre a raíz de todo lo publicado en la prensa”.
A lo anterior, agregó: “En julio o agosto –de 2015- declaré por escrito ante la Fiscalía, quien me consultó por estos servicios y en esa oportunidad señalé que no estaba al tanto de que se hubiesen prestado dichos trabajos y que en mi ámbito de responsabilidad nunca tuvimos requerimientos de ese tipo en la Octava Región”.
El actual representante legal de SQM, Ricardo Ramos, declaró ante el organismo recaudador que hasta el 16 de noviembre de 2015 “al interior de la compañía, no hemos encontrado nada que respalde los servicios prestados por el Sr. Eguiluz o alguna de sus empresas, por esa razón aparecen en las rectificaciones presentadas”.
Rectificación de montos
El Servicio de Impuestos Internos hace presente al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que con fecha 20 de marzo y 12 de agosto de 2015, Soquimich rectificó las declaraciones de impuesto a la renta correspondiente a los gastos que no cumplían los requisitos de la ley, en donde se incluyen las boletas de Claudio Eguiluz y seis boleteros ligados al ex vicepresidente regional de RN por un monto de $220 millones de pesos.
Se trata de 11 documentos tributarios por $20 millones de pesos emitidos por ex funcionarios de la Junji y la División de Organizaciones Sociales del Bío Bío que ya fueron formalizados en noviembre de 2015.
Cabe hacer presente que una de estas personas, el abogado Jorge Daza Aranguiz, indicó al SII que “a SQM fueron asesorías jurídicas… A SQM le presté servicios como procurador tanto en Concepción como en Santiago. Los juicios eran civiles y laborales como cobranzas. Mis servicios fueron solicitados a través de un conocido, cuyo nombre no me acuerdo”. En relación a la forma de pago y su contacto al interior de la sociedad, no respondió las preguntas, pues las tildó de “carácter personal”.
El organismo determinó que tras un cotejo de la información disponible, no existe una proporcionalidad entre los supuestos servicios prestados y la cantidad pagada por SQM, que son $40 millones.
En la querella, el Servicio de Impuestos Internos es bien claro en que esta apunta a Eguiluz y los ejecutivos de la minera y no a lo boleteros, puesto que se trata de un bajo número de documentos tributarios y que figuran emitidos en un lapso muy acotado de tiempo.
Perjuicio fiscal
Para el organismo recaudador, el prejuicio fiscal que generó al Estado de Chile todas las acciones descritas en la acción judicial alcanzaría los $160 millones de pesos.
En la red de boleteros, a abril del año pasado, la suma ascendía a $87.498.468, mientras que por las boletas emitidas por el propio Eguiluz y su sociedad representan otros $67.550.313, y unos 11 millones de pesos por las facturas de la sociedad “Distribuida de Maquinarias limitada”, aunque debe ser confirmado por la investigación del Ministerio Público. Los dineros corresponden al Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley de Renta.
La entidad dirigida por Fernando Barraza agrega una serie de fallos judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago y Suprema para justificar la intencionalidad de los involucrados, puesto que los documentos tributarios habrían sido realizados “a sabiendas” de que se cometía una ilegalidad.
Fuentes en la Fiscalía, indicaron a Diario Concepción que esta sería la arista con uno de los mayores montos de dinero involucrados en la investigación. La audiencia de formalización en contra de Claudio Eguiluz y Patricio Contesse quedo agendada para el 2 de agosto a las 12 horas.
Giorgio Martelli: el “chivo” de las campañas de Frei y Bachelet
En absoluto silencio se retiró desde el Centro de Justicia, el geógrafo Giorgio Martelli Robba, quien la tarde de este viernes fue encontrado culpable de cometer delitos tributarios reiterados entre los años tributarios 2009 y 2013, relacionados a la emisión y facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas que fueron utilizadas mediante su empresa “Asesorías y Negocios SpA”.
Se trata de un total de 338 millones de pesos, de los cuales $92,7 fueron utilizados en la campaña que realizó Eduardo Frei entre marzo de 2009 y enero de 2010, y en la denominada pre campaña y campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2012 y 2013, se obtuvieron 246 millones de pesos. Ambos montos sumados, generan un perjuicio al erario nacional de $88 millones.
De acuerdo a los antecedentes vertidos en la audiencia de juicio abreviado, Martelli junto a la contadora de la Democracia Cristiana, Clara Bensán, se concertaron maliciosamente con el propósito de facilitar facturas falsas que fueron registradas por Patricio Contesse en la contabilidad de SQM. La primera por $34.750.000 fue emitida el 8 de octubre de 2009, mientras que la segunda por $58 millones se facturó el 9 de febrero de 2010, días después de que el ex senador perdiera en la segunda vuelta contra Sebastián Piñera.
A lo anterior, se suma una factura de Claudio Canales Jaramillo E.I.R.L. incluida en “Asesores en Gestión Integral”, cuya propiedad pertenece a Clara Bensán, por $2,5 millones, la que fue facilitada por Giorgio Martelli, cuya glosa menciona “Power Point y secretaria 5 meses proyecto Soquimich”. Cabe consignar que ninguno de estos servicios fue prestado.
Los no querellados y el monopolio del SII
En la audiencia, la fiscal Paola Castiglione mencionó a una decena de testigos e imputados en la causa que aún no han sido formalizados, quienes sitúan a Martelli como una de las personas que se encargaban de recolectar los fondos que serían utilizadas para financiar la campaña que permitió el retorno de Michelle Bachelet a La Moneda.
Según el Ministerio Público, el geógrafo, mediante su empresa, obtuvo recursos por parte SQM Salar, mediante 23 facturas falsas, lo que permitió darle trabajo a una serie de profesionales que estaban adscritos a una campaña política futura, que sería realizada por Michelle Bachelet.
Según la fiscal Carmen Gloria Segura, “no existe nada que pueda establecer la participación de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Nada nos vincula a ellos, salvo que sus campañas hayan sido beneficiadas con la obtención de estos recursos”, puntualizó.
Entre estos nombres surgen los del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; el ex titular de Hacienda, Alberto Arenas; el ex administrador del Palacio de La Moneda, Cristian Riquelme; además de Harold Correa y el actual fiscal de Cochilco, Alex Matute Johns.
Estos últimos, también son mencionados en otra arista de investigación relacionada al grupo Angellini. De acuerdo a lo publicado en mayo del 2016 por el periódico universitario “El Penquista Ilustrado”, ambos emitieron facturas de una sociedad creada en conjunto –“Harold & Jonh´s Bussines & Law- por servicios que nunca se prestaron a Copec. Tanto en esta investigación como en la de SQM, ambos guardaron silencio, a la vez, que no existe querella del SII en contra de ellos.
Para la fiscal Carmen Gloria Segura, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas estarían involucrados en la elaboración y declaración de boletas maliciosamente falsas, por servicios que nunca se prestaron. “Este es un delito tributario también, y bueno, el SII no ha presentado querella o denuncia por esos hechos, Esto hace que la Fiscalía no este habilitada para perseguir estos hechos. Nosotros mantendremos abierta esta arista por sí Impuestos Internos toma la decisión de querellarse”.
La persecutora aseguró que “nosotros hemos oficiado en reiteradas ocasiones al Servicio de Impuestos Internos, información relacionada a las empresas involucradas. El primer requerimiento data de abril de 2015, más de dos años y todavía no tenemos respuesta. Este es un delito tributario y el SII tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal y mientras ellos no realicen las denuncias no podemos perseguirlos”.
Esta situación no sólo ocurre en el caso SQM, en relación a la pre campaña de Michelle Bachelet tampoco se pudieron seguir investigando los aportes del Grupo Said y de Ripley a la mandataria.
Martelli conocerá este miércoles la pena en su contra, que será de 800 días y el pago de una multa de cinco Unidades Tributarias Anuales, unos 2,8 millones de pesos, siendo el único condenado por los dineros obtenidos de forma irregular para la campaña de la Presidenta. Mientras Rodrigo Peñailillo disfruta de sus clases en Estados Unidos, gracias a la reconocida presión ejercida sobre el SII para frenar la investigación (y que incluyó la salida del ex director_Michel Jorrat), lo que provocó su quiebre con la Presidenta y que dejó en su carrera política un forado que será difícil de reparar.