Luego de reunirse con el ministro del Interior para analizar lo ocurrido en San José de la Mariquina durante la madrugada, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instó a los empresarios de la zona sur afectados por la violencia, a tomar mayores resguardos.
“Pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente cuando estamos en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe”, dijo el máximo persecutor en relación a los 29 camiones de Sotraser que fueron destruidos por las llamas.
En ese sentido, aseguró que es una mala decisión que en el lugar estuvieran 35 camiones en total, un dispensador de bencina y sólo una persona para custodiar el terreno. “Me parece francamente una decisión de los empresarios que no dice relación con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en el sector”, reconoció.
“Uno esperaría que existieran cámaras, una mayor vigilancia, sin perjuicio de la responsabilidad del Estaco con lo que dice relación con la vigilancia propia de las policías. También tienen que hacerse cargo de los riesgos que generan sus actividades comerciales“, complementó.
En el mismo contexto, Abbott confirmó que en el lugar sí se encontraron panfletos, indicando que “se han encontrado panfletos que da cuenta de la existencia de personas que podrían pertenecer a un mismo colectivo que están detrás de estos hechos”.
Pese a que no dio detalle de la procedencia de estos, fue claro en sostener que “al Ministerio Público no lo van a amedrentar este tipo de acciones. El Ministerio Público va a seguir investigando con la misma precisión que lo ha hecho hasta ahora. Quienes están detrás que tengan clara conciencia que el Ministerio Público no va a ser amedrentado”.
“Efectivamente creo que hay un trabajo que hay que mejorar, hay antecedentes de inteligencia, pero estamos frente a organizaciones que van variando sus resoluciones, por lo que es difícil sorprenderlos en flagrancia”, detalló la autoridad, insistiendo en el llamado a que “personas, empresas que generan actividades de riesgo, tengan medidas de protección mínima”.
Por ahora, la Fiscalía no ha informado sobre la calificación jurídica bajo la cual realizará las indagatorias, pero sí consideran que es un hecho de máxima gravedad, que impone desafíos tanto para el Ministerio Público, como para el gobierno y las policías, pues se debe considerar que “evidentemente son personas que tienen preparación”.
“Tanto como para el Ministerio Público, las policías, los servicios de inteligencia, hay un desafió para el Estado en su conjunto de poder desbaratar estos grupos que no nos van a amedrentar”, sentenció.
Consultado sobre los hechos, el ministro Mario Fernández los calificó de graves, pero no quiso entregar mayores detalles, limitándose a comunicar que “el Ministerio seguirá la tipificación del delito que haga el Ministerio Público“.