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Fiscalía indaga arista política en caso Junaeb

Por: La Tercera | 24 de Julio 2017
Fotografía: La Tercera

Testimonios en carpeta de la fiscalía señalan que José Miguel Serrano, ex director del servicio, acusó supuestas presiones del ex senador Camilo Escalona para adjudicar un millonario contrato a la firma Verfrutti S.A.

Son dos llamados telefónicos, de 2,11 minutos de duración en total, realizados la tarde del 16 de marzo de 2015. Quien marcaba era el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), José Miguel Serrano (DC), y quien recibía el llamado era el ex senador socialista Camilo Escalona.

Este es uno de los hallazgos que destaca un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que, a petición de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, consiguió el registro del tráfico telefónico del ex jefe de Junaeb, a quien se le pidió la renuncia en julio de 2015, luego de que se descubriera un sobrepago de $ 2 mil millones en una adjudicación por trato directo -sin licitación- a empresas proveedoras de alimentos.

El caso derivó en una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Serrano por presunto fraude al Fisco y, según los antecedentes que ha recogido a la fecha la investigación del fiscal Manuel Guerra, son varios los testimonios que acusan supuestas presiones políticas para que Serrano contratara a la empresa Verfrutti S.A., del militante PS Pedro Moreira, por $ 16 mil millones, para distribuir raciones de alimentos en la VIII Región, pese a tener peor evaluación y ofertar mayor precio que varias otras compañías del rubro.

Según declaró la plana mayor de Junaeb, Serrano insistía en darle el contrato a Verfrutti, esgrimiendo razones “políticas”, pese a todas las advertencias para que no lo hiciera. Y es allí donde el nombre del antiguo dirigente del PS Camilo Escalona, quien actualmente postula al Senado por la Región de Aysén, se repite más de una vez.

El documento de la PDI

Un informe de 577 páginas, elaborado por la PDI, incluye los testimonios de una decena de altos funcionarios de Junaeb que participaron directa o indirectamente en el polémico contrato de febrero de 2015. Ese verano había un ambiente de urgencia en las oficinas del servicio. Tras dos licitaciones fallidas y con el inicio del año escolar en ciernes, Serrano optó por entregar el servicio de alimentación escolar de las regiones del Biobío y Aysén a través del sistema de trato directo. El 6 de febrero, su secretaria envió un mail a 16 empresas de alimentos para que postularan. Doce de ellas lo hicieron, pero por instrucción de Serrano sólo serían evaluadas tres: Hendaya, Verfrutti y Coan.

Finalmente, ganó una combinación de las propuestas de Hendaya y Verfrutti de $ 25 mil millones anuales, para entregar desayunos y almuerzos a 185 mil alumnos de escasos recursos. Según los informes de Contraloría y la fiscalía, el precio acordado era $ 9 mil millones más caro que el tope presupuestario establecido en las licitaciones previas declaradas desiertas. Pero incluso entre las 12 empresas que postularon al trato directo, la combinatoria ganadora fue $ 2 mil millones mayor que la más económica.

La entonces abogada del Departamento Jurídico de Junaeb, Carol Vargas (DC), fue una de las funcionarias que rechazaron que se adjudicara el servicio a Verfrutti, según su declaración en el expediente: “Finalizada la reunión me dirigí a la oficina de José Miguel Serrano, donde en privado le manifesté mi disconformidad con la elección de Verfrutti, señalándole textualmente que ‘cómo se te ocurre elegir a Verfrutti, que tiene una oferta nueve mil millones de pesos más cara y que técnicamente era peor’. Obteniendo como respuesta: ‘Esto no es un cargo sólo técnico, sino que también es político’. Agregando Serrano: ‘Qué quieres que haga si está Escalona’. Ante esta respuesta le señalé que me dejara fuera del proceso y que no quería saber nada del trato directo”.

En la misma línea está el testimonio de Óscar Soto (DC), ex asesor de la diputada Yasna Provoste y entonces coordinador general de Junaeb, quien sostiene que las presiones por elegir a Verfrutti venían incluso en los meses previos. “En diciembre de 2014 o enero de 2015, Serrano me llamó a una reunión en su oficina, ubicada en calle Antonio Varas 153, segundo piso, instancia en la cual me señaló que necesitaba mi apoyo para adjudicar el trato directo a dos empresas. Una de ellas Verfrutti. La otra, al parecer, fue Hendaya. Pero con seguridad Verfrutti fue una de las nombradas por Serrano. Este apoyo fue argumentado por José Miguel Serrano Silva, debido a que este había recibido una solicitud del ex senador y vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, para adjudicar el trato directo a estas empresas”.

Óscar Soto agrega que “cabe señalar que hubo una segunda reunión en su oficina, donde me reiteró que necesitaba mi apoyo para adjudicar este trato directo, obteniendo como respuesta por mi parte, en ambas oportunidades, que yo no me prestaba para ningún juego que no fuera el procedimiento legal. Refiriéndome a tal hecho con el término ‘tolerancia cero’ (…), En enero de 2015 viajé a Europa con mi familia y en dicha instancia recibí un WhatsApp de Sebastián Pérez (abogado de Junaeb), que me señalaba que Serrano estaba haciendo ‘maldades’ con el trato directo”.

Según la declaración que figura en el expediente de Sebastián Pérez, ex director jurídico de Junaeb, éste hace ver que el contrato a Verfrutti se adjudicó por criterios políticos y no técnicos: “Los funcionarios Cecilia Alvarado (jefa de la Unidad Técnica de Alimentación) y Paula Moncada (jefa del Departamento de Recursos) representaron a Serrano que Verfrutti no daba la suficiente garantía, debido a su historial como proveedor, por el contrario, Hendaya sí se manifestó que era una empresa con capacidad y solvencia. No obstante, Serrano nos señaló que Verfrutti había presentado una mejor oferta para las manipuladoras de alimentos y una Carta Gantt que aseguraba comida caliente desde el primer día de servicio. Estos antecedentes fueron expuestos por Serrano verbalmente, sin respaldo documental. Serrano dijo en la mesa que, en definitiva, se adjudicaba al menos una unidad territorial a Verfrutti”.

Pérez sostiene: “Una vez terminada la reunión, en privado consulté a José Miguel Serrano el porqué de la elección de Verfrutti, respondiéndome que ‘yo tenía que entender que su puesto era político y que la elección de Verfrutti era una decisión política’”.

A partir de estos testimonios, en su informe sobre el tráfico telefónico de Serrano, la PDI destaca dos llamados del director de Junaeb a Escalona a las 13.31 y 15.01 del 16 de marzo de 2015, es decir, un mes después de adjudicada la licitación a Verfrutti, a un número de teléfono móvil que, “según la agenda outlook del propio Serrano, corresponde al señor Camilo Escalona”.

Consultado por La Tercera, Escalona -quien no ha sido interrogado por fiscalía- niega haber intercedido en favor de la empresa. “Lo descarto completamente”, afirma. Explica que con Serrano sólo tenía una relación circunstancial, porque se conocieron en 2014, cuando, tras dejar el Senado, asumió como profesor en la Universidad Miguel de Cervantes. “Lo vi dos o tres veces, hablamos cosas triviales, cosas académicas, porque él había hecho el curso que yo hice, que era enseñarles a los alumnos el proceso legislativo. Era una cosa enteramente académica, no tenía nada que ver con otras cosas”. Aclara que en ese tiempo no tenía ningún cargo ejecutivo en el partido ni de representación popular. Sobre Moreira, el dueño de Verfrutti, Escalona señala: “Lo conocí en El Bosque, precisamente porque él era responsable de entregar alimentación en la comuna cuando yo era diputado. Y ahí mantuvimos vínculos amistosos hasta el presente”.

El socialista dueño de Verfrutti

Pedro Moreira es el representante y gerente general de la distribuidora de alimentos Verfrutti, sociedad que está a nombre de sus dos hijas, Patricia y Daniela. Moreira se inscribió como militante en el Partido Socialista en los años 90, ha tenido cargos menores en la colectividad y se le reconoce como cercano Escalona, a quien ha apoyado en algunas campañas.

Su nombre ya había saltado a la prensa en 1997, cuando su antigua empresa Alidec, que manejaba junto a su ex esposa, María Elena Escobar, fue una de las principales involucradas en una investigación por sobrepagos irregulares de Junaeb a sus proveedores, caso conocido en esa época como “las coimas de Junaeb”. María Elena Escobar fue asesora de la Presidencia en el Departamento de Correspondencia entre 2006 y 2010.

En sus testimonios, Moreira y su hija Patricia niegan cualquier llamado o reunión para presionar por la adjudicación del contrato a Verfrutti, ya sea directamente o a través de terceras personas. “Descarto haber realizado alguna llamada telefónica a Serrano en los días previos a la adjudicación”, declaró Moreira.

Sin embargo, en el registro de llamados telefónicos de la PDI hay cinco conversaciones entre Moreira y Serrano. Según señala el informe, las dos primeras se realizaron la mañana del 11 de febrero de 2015, a las 9.28 y 11.46, horas antes de que Serrano informara la adjudicación del contrato de Verfrutti.

Según el testimonio del ingeniero de Junaeb Eugenio Painevilo: “El 10 de febrero (de 2015), en horas de la noche, llegó a mi escritorio el secretario general de Junaeb, José Miguel Serrano. Me consultó cuáles eran las empresas ganadoras, contestándole que necesitaba aplicar modelo de optimización matemático, lo que requería más tiempo. No obstante, Serrano, argumentando que no había tiempo, me solicitó analizar ciertas ofertas, consultando en todo momento por la oferta de la empresa Verfrutti. Al día siguiente, Cecilia Alvarado y Sebastián Pérez representaron a Serrano que Verfrutti no debía ser adjudicada, debido a su mal desempeño como proveedor de Junaeb. No obstante, Serrano señaló a los presentes que ‘yo soy el director y soy yo el que toma la decisión’. Determinando que el escenario número 8 era el que correspondía adjudicar a Verfrutti y Hendaya por $ 25.433.824.173, agregando que el equipo técnico y jurídico se debía encargar de justificar esta decisión”.

Un proceso irregular

Funcionarios como Juan Francisco Maulim, de la Unidad Jurídica; Patricia Moncada y Claudia Arancibia, del Departamento de Administración, mencionan, además, otras irregularidades en el proceso. Por ejemplo, relatan que en la licitación previa declarada desierta, la oferta de Verfrutti había sido desechada por no entregar las boletas de garantía correspondientes. Sin embargo, por decisión de Serrano, la empresa fue reincorporada a la licitación, sin consulta a la unidad jurídica. “Con esta situación se vulneró el principio de igualdad de los oferentes”, declaró Arancibia.

También destacan la extrañeza que les causó la reunión realizada la tarde del 11 de febrero, cuando Serrano informó a Pedro Moreira que se había adjudicado el contrato. Entonces le pidió subir el bono a las manipuladoras de alimento de $ 67.500 a $ 75.000, para equipararlo con el bono que ofrecía Hendaya. Cecilia Alvarado, del Departamento de Alimentación, señala que “Serrano le solicitó a Moreira que aumentara un bono de las manipuladoras. Le advertí al director de esta situación, debido a que las ofertas son públicas y cualquier empresa o persona se podía dar cuenta de que Verfrutti presentó una oferta que fue modificada una vez adjudicada”.

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