Opinión

Fuero parlamentario

Por: Diario Concepción 17 de Agosto 2017
Fotografía: Diario Concepción

Francesca Parodi
@franparodi

La igualdad ante la ley es uno de los pilares básicos de toda democracia. Este principio asegura que ningún individuo tendrá privilegios con respecto a otros a la hora de enfrentar a la justicia, algo que, en nuestro contexto político, es incompleto.

El fuero parlamentario es uno de los resultados de la separación de poderes del Estado, concepto clave para evitar la concentración del poder. El fuero tuvo su origen en las monarquías parlamentarias, y buscaba resguardar a los representantes de posibles persecuciones por parte de otras autoridades, solo por pensar distinto. En Chile, el fuero parlamentario está consagrado en la Constitución y señala que los diputados y senadores no pueden ser acusados o privados de libertad, salvo que exista delito flagrante.

Este derecho, sin duda un privilegio, tiene cierta lógica si pensamos que cualquier acto podría ser utilizado políticamente por los opositores para acusar a un parlamentario, con el fin de obtener dividendos políticos, haciendo del Congreso un festival de demandas. Este escenario no es del todo improbable, ya que hoy mismo vemos que instancias como las interpelaciones son muchas veces un simple show mediático con nulo aporte a la solución de problemas. Sin embargo, el fuero parlamentario ha representado, en muchos casos, un subterfugio en que se han amparado los congresistas para evadir o dilatar situaciones judiciales que nada tienen que ver con su función parlamentaria. Es decir, un privilegio que ni siquiera se ha utilizado para el fin con el que nació. El caso extremo es lo que sucede en Brasil y Argentina, donde expresidentes investigados por corrupción convierten sus actuales candidaturas en una mera búsqueda de inmunidad ante la ley.

No parece apropiado que todavía siga existiendo una exención de este tipo en nuestros tiempos, sobre todo si vemos que, de manera transversal, nuestra clase política se ha visto reñida con la probidad y la justicia. Es totalmente injusto que un individuo, por la simple razón de ostentar un cargo de elección popular, pueda actuar contra la ley y que sea la Corte de Apelaciones la que deba dirimir si reúne las condiciones para enfrentar a la justicia como todos los chilenos. Tal ventaja hace que los políticos tengan más incentivos para operar al filo de la legalidad y de la ética, ya que mientras su cuestionado actuar no sea “flagrante”, siempre tendrán este resquicio a su favor.

El fuero parlamentario es un privilegio anacrónico e injustificado que solo confirma, con razón, que los políticos creen ser una clase distinta dentro de la sociedad, sin intención de cambiar esto. Hoy la ciudadanía exige terminar con estas asimetrías y que sus autoridades no se escuden detrás de un fuero para mantenerse intachables.

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