Ariel Yévenes Subiabre
Economista Centro de Estudios Corbiobío
Académico UBB
Desde que emergió la demanda de los ciudadanos de Ñuble de constituirse en una nueva región, separándose de la Región del Biobío, desde distintas esferas se han señalado una serie de proyecciones de efectos, así positivos como negativos, de concretarse la idea. En todo ello, es posible visualizar que se encuentra la necesidad de auscultar formas que permitan alcanzar un desarrollo territorialmente más equilibrado, en un contexto país caracterizado por una marcada concentración de avances en zonas centro, en desmedro de territorios rezagados, y en no pocos casos invisibilizados, en el marco de una visión promedio generalista y central que impera.
Tal es así que, desde que la idea de la constitución de la Región de Ñuble tomó forma más concreta y comenzó a consolidarse en los procesos legislativos que correspondía se hizo patente, entre otras, interrogantes relacionadas a cómo la configuración de Ñuble y Bío Bío podrían propiciar un desarrollo autónomo, sostenido y territorialmente equilibrado. Es precisamente en este último aspecto donde emerge hoy el foco de la representación senatorial de ambos territorios, toda vez que se quebrarían equilibrios y proporcionalidad de representación requeridos, en función de criterios demográficos que deben recogerse para estos efectos.
Ello es un tema no menor a la luz de uno de los argumentos que suelen esgrimirse al plantear nuevas administraciones territoriales, que dice relación con la posibilidad de mayor cercanía de la ciudadanía a sus autoridades y, por sobre todo, a la posibilidad efectiva de mayor representación de intereses y demandas ante una toma de decisiones centralista. No obstante, se da aquí la paradoja de que la constitución de una nueva región implica el efecto inevitable de dejar a la postre dos regiones divididas que, en la práctica, quedan más debilitadas en términos de representación equilibrada de sus intereses frente a los poderes de decisión central.
Tal vez, deba relevarse por tanto, menos la necesidad de generar nuevas administraciones territoriales y mucho más el imperativo de desenvolver formas y estilos de gestión más flexibles y descentralizados.Se requiere un país más armónico y equilibrado, con mayor pertinencia territorial de políticas e inversiones. Esto último no necesariamente se alcanzará con nuevas regiones, que a la postre podrían tan sólo replicar y profundizar, ahora a escalas territoriales menores, el centralismo que desde hace mucho adolece nuestro país.