Editorial

La controvertida indagatoria a las asesorías del Senado

Por: Editorial Diario Concepción | 09 de Septiembre 2017
Fotografía: Pixabay

Bastó una asesoría de dudosa moralidad , aunque que se puede rotular también de desprolijidad, en este caso, apropiarse del trabajo ajeno para copiarlo y venderlo- sin mencionar la fuente original- para demostrar la enorme fragilidad del recto proceder de actores relevantes del aparato público. Un senador de la República, candidato presidencial, recibe gatos por liebres, paga un precio respetable, con recursos públicos  y queda en evidencia que un asesor rentado le ha fallado dejándolo en mal pie, aunque sea por exceso de confianza.

Pudo haber sido un asunto de fácil despacho, expulsar por la vía más expedita al vendedor engañoso, pero el contexto de los hechos, una denuncia un tanto inespecífica a los fiscales hecha por el candidato a la Moneda, en el sentido de insinuar bonos de estímulo para seguir causas, en contraste con causas abandonadas de la gente común, que no pueden pagar incentivos, transformó el hecho en un avispero.

La investigación de la fiscalía, que pudo haberse limitado a la situación descrita en particular, resultó en un extenso oficio proveniente del Ministerio Público en el que se solicitaba la totalidad de los informes y contratos que respaldan las asesorías externas de todos los representantes de la Cámara Alta, lo que motivó la inmediata expresión de molestia por parte del Presidente del Senado, quien además de pedir que se precise la indagatoria, ha encargado opiniones en derecho.

La reacción del Presidente del Senado es perfectamente comprensible “Creo que no es bueno que en base a este tipo de denuncias se ponga en tela de juicio a la institución del Senado en su conjunto”, declarando que lo correcto sería,   si hay algún hecho que pueda ser denunciado, que  la investigación señale  con precisión de qué se trata y quien o quienes estarían involucrados.

No es de extrañar, ya que las cifras lo expresan con toda claridad, que la confianza de los ciudadanos esté en el piso en el caso de estas instituciones, que no logran llegar a dos dígitos de porcentaje y que este tipo de situaciones, desatadas por quienes se supone están al mismo lado- el del buen servicio público- perjudica a ambas, por mucho que a partir de ahora lluevan explicaciones.

La primera explicación que debería estar disponible es por qué no se recurrió en primer término a al muy publicitado Comité de Auditoría Parlamentaria, en cuyas manos debió haber quedado el caso hasta la pérdida de las cabezas que corresponda, si los hechos fueran efectivos. Por supuesto que hay una cadena de procedimientos, pero si hubiera intención sincera de aclarar los hechos hasta dejar iluminado el último rincón, esto se habría hecho, incluso antes de la rutinaria seguidilla de declaraciones a los medios.

También era esperable la secuencia de interpretaciones de ambos lados de la polémica; para los ofendidos por las sospechas de mal proceder, esta investigación transversal es una expedición de pesca de delitos, para los fiscales un procedimiento que garantiza la igualdad de trato, para evitar cuestionamientos respecto a que se esté favoreciendo o perjudicando a un sector político.

El Presidente de la Comisión de Ética del Senado declara que lo que ha hecho el Fiscal le parece equivocado, ya que pone bajo sospecha a todos, le asiste razón, dado el nivel de confianza que hay en las instituciones, estas situaciones no contribuyen en absoluto a restituirla.

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