Editorial

La responsabilidad constitucional de la seguridad ciudadana

Por: Editorial Diario Concepción | 30 de Agosto 2017
Fotografía: Archivo | Diario Concepción

Aunque ni siquiera se trata de un hecho inédito, que a pesar de su gravedad ha sido tratado de tal manera que pareciera ser rutinario, la prensa extranjera no dejó pasar los comentarios gubernamentales chilenos en relación al último ataque en Temuco, oportunidad en la cual el grupo radical “Weichan Auka Mapu”, que apoya la demanda mapuche, procedió a quemar veintinueve camiones.

Se destaca la particular prudencia de la fiscalía que no ha informado, a la fecha de la publicación, sobre la calificación jurídica bajo la cual realizará las indagatorias, se dijo que establecer el origen del fuego es materia de investigación, a pesar que la policía aseguró que testigos vieron a unos encapuchados que provistos con armas de fuego llegaron al lugar, intimidaron al guardia y procedieron a quemar los camiones. La máxima autoridad del Ministerio Público, además, confirmó que “se han encontrado panfletos” en la zona del ataque.

El ataque incendiario comenzó alrededor de las 04:30 horas al interior de la base de camiones de la empresa perteneciente al grupo Bethia, los encapuchados rociaron acelerante y prendieron fuego a las máquinas de la empresa Sotraser, la cual presta servicios a Aserradero como a la Celulosa Arauco.

Sin restar la gravedad de los hechos, es aún más relevante que no sea un nuevo ataque, sino solo el último de una larga serie, por lo cual resultan altamente polémicas las declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien acusa de desidia al empresariado, ya que, a su criterio, estos tienen la obligación, o el deber de custodiar de sus bienes, particularmente atendiendo al riesgo que existe en la zona.

Es muy posible que ante esas circunstancias haya faltado prudencia de la empresa , pero hay una confesión implícita en la declaración del Fiscal; la zona tiene un alto nivel de riesgo, falta agregar que por largo tiempo, el suficiente como para hacer algo al respecto y, sin embargo, la situación se da por establecida, por mucho que a continuación se declare que el Ministerio Público va a seguir investigando con la misma precisión que lo ha hecho hasta ahora, de sentido ambiguo, ya que hasta ahora no ha pasado gran cosa.

Para la ciudadanía, que a escala menor sufre las mismas situaciones; ser robados en sus domicilios y recibir comentarios de la policía concluyendo que los hechos ocurrieron porque faltaban elementos de seguridad en el hogar, lo sucedido en Temuco revela que, como en el cuidado en sus casas y bienes, el Gobierno no ha asumido a cabalidad la obligación que le impone el primer artículo de la Constitución: resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia.

El otro aspecto es la evidente asimetría en la investigación de los hechos, si los mismos camiones hubieran sido quemados en Santiago, es muy posible que los hechores ya habrían sido identificados. No ocurre lo mismo en La Araucanía, los responsables siguen siendo desconocidos y anónimos, perpetuamente inasibles.

A ese respecto el fiscal Abbott se refirió a las medidas que se han tomado en materia de seguridad y señaló que “evidentemente el Estado ha tenido falencias”, reconociendo que “en materia de inteligencia deberíamos tener más información que en este momento no tenemos”.

Posiblemente lo que falta, más que información- que debe ser suficiente-, es la voluntad política del gobierno para imponer el estado del derecho.

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