Editorial

Las consecuencias de las desprolijidades legislativas

Por: Diario Concepción | 27 de Agosto 2017

Si cada uno de los ciudadanos chilenos estuviera en cabal conocimiento de las reglas que rigen una república democrática, si no se hubiera perdido por decenios la educación cívica que permite conocer el papel de cada institución del Estado y el funcionamiento republicano, no sería necesario recordar elementos fundamentales de la Constitución que nos rige.

Así, es importante consignar nuevamente que la Ley es una declaración de voluntad soberana de quien puede ejercerla. En Chile, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la ley regula la conducta de las personas, permitiendo así ordenar la vida dentro de una sociedad, formarla es una tarea que requiere un conocimiento completo de los acontecimientos pasados, una evaluación cuidadosa de las circunstancias presentes y una estimación certera de probabilidades del futuro, para una ley que sea útil no solo para la situación actual, sino para el desarrollo futuro de la nación.

Si se considera que para que una ley sea promulgada debe pasar por varios trámites legislativos y que además se requiera la anuencia del Ejecutivo, -en términos generales, once pasos que culminan con el duodécimo, su publicación en el Diario Oficial- resulta muy difícil entender por qué las leyes que se generan estén, con alarmante frecuencia, llenas de defectos.

En estos días y muy posiblemente en numerosos días por venir, habrá un intenso debate, sobre el efecto de desprolijidades, o tarea mal hecha, de dos cuerpos legales, especialmente críticos para la elecciones que se avecinan, dada la magnitud de los defectos que se empiezan a observar.

El presidente del PPD, hace muy poco, ha criticado el apuro en la implementación de la ley de cuotas, con el temor que la selección igualmente apurada resulte en baja electivilidad de candidatas en los comicios parlamentarios. Actuando sin el debido rigor, hubo nominaciones improvisadas y tardías que no les han dado tiempo a las postulantes para trabajar políticamente en los territorios que les fueron asignados. Con un caso polémico; la inscripción a última hora de una octogenaria candidata al senado.

Sin embargo, el asunto de más impacto concreto es la aplicación de la ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que regula el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral. Otra ley imperfecta, situación olímpicamente resumida por el Subsecretario del Interior ante las dificultades surgidas en financiamiento de algunas campañas; “imagino que los parlamentarios plantearán una solución. Ellos aprobaron la ley”.

La ley que aflige ahora a quienes la elaboraron, ha dejado en mal pie a los proclamados como independientes, a pesar que tengan el apoyo de grupos de partidos. La banca, que funciona en términos muy concretos de rentabilidades y estimación cuidadosa de riesgos, ha tomado resguardos para conceder préstamos a los candidatos. Los que tienen financiamiento están de plácemes, los que no, en estado de consternación, ya que ley no consideró esa posibilidad, un error que les toca a los mismos que la promulgaron y no, como suele ocurrir en todas las otras instancias, a otras personas e instituciones.

Las consecuencias, en un caso excepcional de justicia poética, han resultado en perjuicio de quienes, a pesar de tener bien pagadas asesorías y todas las oportunidades posibles, han incumplido con el deber que les ha encargado la ciudadanía; hacer las cosas bien.

 

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