Por mucho que se haya expresado indignación por la situación todavía encubierta de los niños del Sename, la situación llega tan profundamente al corazón de la ciudadanía, que es imposible pasarla por alto, es inútil que discursos encendidos y protestas dolidas pretendan cambiar una realidad cruda; los niños del Servicio Nacional de Menores no están siendo protegidos, muy por el contrario.
El párrafo que sigue debió ser insoportable para el gobierno, que sin aceptar lo que aquí se expresa, sin aclarar que este drama se arrastra por décadas, se esmera en cambio en desatar una campaña de bloqueo, desconociendo el dolor y sufrimiento de los niños, de los muertos, torturados y violados, de su prostitución y uso en pornografía, se opta por rechazar un informe lapidario.
No es de extrañar, la comisión “reprocha con fuerza el actuar de las actuales autoridades de gobierno, con competencia en materia de infancia, y señala categóricamente, que el Gobierno de Chile tiene responsabilidad política, por no detener las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado… debemos pedir perdón por estos abominables actos perpetrados por órganos públicos”.
Sale al paso el Ministro de Justicia, quien rechaza el concepto de vulneración de Derechos Humanos a los niños del Sename y se limita a señalar los potenciales inconvenientes de esa situación, el daño a la imagen internacional del país y el riesgo de demandas contra el Estado por las presuntas víctimas. Añade sarcásticamente que el Sename “no es un servicio maravilloso”.
La reacción del Ministro era también esperable, el informe delata “quienes se encontraban a la cabeza de las distintas carteras de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en la última década, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas”.
Esta situación desató tal grado de justa indignación, que los mismos parlamentarios que habían rechazado el informe, en otra sesión acuerdan que es de toda justicia reconocer y reparar, aunque se puede deducir que está armado el dispositivo de protección de responsables, “nosotros también somos responsables -declara el Ministro Segres, Nicolás Eyzaguirre- pero en vez de buscar responsabilidades lo que hay que hacer es buscar soluciones”, una manera muy obvia de indicar que aquí es legítimo aplicar el elástico criterio del borrón y cuenta nueva.
Lamentablemente es la misma línea que ha adoptado la Primera Mandataria, quien ha pedido al legislativo “agilizar la tramitación de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo dos nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley”. Sin dar las señales que la ciudadanía espera, en orden a establecer responsabilidades, a rendir cuentas, detener esta trayectoria de daños impunes.
Para la gente buena de Chile, los más, para las madres, especialmente, esta situación no pasa por la conveniencia política, ni por las excusas, o los proyectos que se envían para mejorar la situación, el drama requiere que se intervenga prontamente un servicio deficiente, que lo allí sucede se muestre con transparencia, para saber realmente qué hay que hacer a diferencia de lo que se ha venido haciendo.