Hace ya algún tiempo que la palabra colusión, que repletó los titulares por semanas, ha dejado de estar en el primer plano, se podía creer que eso significa que esa forma de mala práctica ha sido erradicada del universo de hacer negocios, sería extremadamente positivo que así haya sido, sin embargo, hay que recordar la resiliencia de los delincuentes para encontrar nuevas variables en sus operaciones, de parecida manera quienes encuentran en los resquicios de la ley medios para el rápido y considerable enriquecimiento a costa de los demás.
Hay zonas oscuras en la economía, que si bien pude ser una apariencia debido a las complejidades de los procesos, por eso mismo requieren, en cambio, absoluta transparencia para levantar toda sombra de duda. Así ocurre con la industria farmacéutica, que de algún modo que no termina de convencer al ciudadano medio, en lo relativo al buen proceder, ya que hay demasiados signos intranquilizadores que inquietantemente no han sido enfrentados como se debiera para eliminar sospechas.
Un primer asunto es aquel de la distribución de medicamentos, según el Instituto de Salud Pública de Chile y el Centro Nacional de Farmacoeconomía (CENAFAR), que estudia y controla periódicamente el mercado de medicamentos, existe una gran concentración de farmacias en la Región Metropolitana (47,9%), seguida por las regiones V y VII, que en grupo concentran el 68%, aunque no menciona lo que al público interesa cotidianamente; la distribución de puntos de venta en las ciudades, ya que las farmacias suelen acumularse en el sector céntrico.
Por otra parte, un aspecto difícilmente comprensible en el marco de las declaraciones gubernamentales en la protección de la salud de los chilenos, existe una enorme diferencia en los precios de los medicamentos, en efecto, la evidencia actual demuestra que existe una gran dispersión en el mercado chileno, con de diferencias de sobre 600%, que aún en una situación de libre mercado abre numerosos paréntesis para la sospecha de malas prácticas y manejo abusivo.
Como resulta fácil de comprender, estas situaciones resultan más lesivas para los segmentos más vulnerables de la sociedad, de ese modo, respecto del gasto en medicamentos de la población, la información actual indica que del gasto total de bolsillo en salud, un 55% es debido a medicamentos, con una clara gradiente que desfavorece a los más pobres donde alcanza un 67,6%.
El mercado farmacéutico en el país superó en 2013 los US$ 2.4 mil millones, según la consultora IMS Health, con un crecimiento anual de entre 7,1% y 8,3% desde 2008, con tres actores principales: el retail, que llega al 65%, instituciones privadas, es decir clínicas y centros que alcanzan al 16% y el sector público, con hospitales y consultorios, de parecida participación. Para su distribución hay 3.013 farmacias en el país, de las cuales el 51,2% corresponden a cadenas Cruz Verde, Salcobrand, Ahumada y Dr. Simi.
Hubo una época en la cual las farmacias cumplían un rol social, se las encontraba en todos los barrios y existía una adecuada cobertura de farmacias de turno, en claro contraste con el próspero negocio actual, cuya orientación es evidente y no pasa por el derecho de las personas a proteger su salud, si esta situación es adecuada o no, no parece preocupar particularmente a los últimos gobiernos, pero evidentemente preocupa y daña al ciudadano común.