Transversal apoyo gremial y local a lo que sería una nueva “Institucionalidad de Diálogo Permanente”, entre la comunidad, las empresas y el Estado.
Institucionalidad de Diálogo Permanente es el nombre que se le ha dado a una nueva y ambiciosa idea que busca evitar la judicialización de proyectos de inversión.
La iniciativa, que impulsará acuerdos entre Estado-empresa y comunidad, con la participación del Poder Judicial, surgió de Valor Minero y será presentada oficialmente a la Presidenta Bachelet en noviembre (Valor Minero es una institución de carácter público privado que busca representar la pluralidad de intereses que conviven en el sector).
¿De qué se trata?
De crear una Institucionalidad de Diálogo Permanente entre las empresas, la comunidad y el Estado que se inicie muy temprano, antes del diseño de grandes proyectos de inversión, con el propósito de llegar a acuerdos y prevenir la conflictividad.
Este sistema busca hacer coherentes la consulta indígena y la consulta ambiental con una consulta socioeconómica, que es lo que más preocupa a la población, pero que hasta ahora, no tiene espacio dónde ocurrir, explican desde Valor Minero.
Cabe destacar que según últimas cifras, hay inversiones retenidas por unos US$ 7.550 millones, y se trata de proyectos que cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental, es decir, podrían comenzar a construirse.
Por otra parte, actualmente el 87% de la cartera de inversiones que tiene Chile se concentra en los sectores de energía, minería e infraestructura inmobiliaria, todos representados en el directorio de Valor Minero, de ahí su alcance más allá de la minería propiamente tal y el eventual impacto en el sistema productivo chileno.
¿Qué opinan en Concepción?
El presidente de la Cámara de la producción y del Comercio de Concepción, Ricardo Gouët, recordó que las mejoras en las regulaciones ambientales, junto a las laborales y tributarias, son una de las tres prioridades de sus asociados, de cara a una agenda que simplifique las políticas públicas que favorezcan el crecimiento.
“Cuando se toman decisiones de inversión, es necesario tener certezas respecto a los avances en los procesos de obtención de permisos y posteriores retrasos por judicialización. En ese contexto, ésta es una valiosa iniciativa que permitiría generar un importante espacio de diálogo, pues evitaría llegar a la instancia judicial que es indeseada por todos y que daría pie a que los proyectos que cumplan las normativas, finalmente se concreten, trayendo más empleo y crecimiento”.
Y para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Manuel Durán, la iniciativa que impulsa la Alianza Valor Minero es de la “mayor importancia”.
“Durante los últimos años hemos sido testigos de una importante cantidad de proyectos inmobiliarios, habitacionales y comerciales, y de infraestructura que, contando con sus correspondientes permisos de edificación, han enfrentado trabas y largas paralizaciones por la interposición de recursos judiciales, lo que no sólo impacta sus costos, sino también la certeza jurídica de la industria de la construcción. Como gremio nos preocupa que un tercio de los contratos, sean obras de inversión pública o privada, terminen en tribunales por diferencias con los mandantes y por la falta de mecanismos de resolución de controversias”.
Durán dijo que resulta vital la certeza en la legislación aplicable y la seguridad jurídica que brinden los permisos, que los proyectos estén bien concebidos en lo técnico, el relacionamiento temprano y honesto con la comunidad y contemplar fórmulas de solución de conflictos con los contratistas encargados de la ejecución.
“Sólo así se podrán conciliar todos los intereses y evitar que la responsabilidad final acerca de la concreción de obras públicas y privadas recaiga en los tribunales de justicia”, estimó.
Claudio Lapostol académico Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello recordó una máxima: “el peor arreglo comercial, es preferible que el mejor arreglo judicial”.
Bajo ese prisma, explicó, siempre es bueno adelantar los problemas que pueda traer cualquier intervención de trabajo en el medio ambiente, en la sociedad.
“Hoy día no solo basta cumplir los temas legales de un proyecto, además de las viabilidades económicas, financieras, comerciales y operativas, también y cada vez con más fuerza se requiere la aceptación de parte de la sociedad, es decir que la sociedad o la comunidad que rodea ese proyecto, y que lo valide”.
Todo esto se hace a través de conversaciones con las personas que representan los lugares.
Y recordó un ejemplo:“la ciudad de Constitución. Ahí, la planta de celulosa está en la playa, hoy día no la emplazarían en ese lugar aun cuando cumpliese todos los requisitos legales”, planteó.
Cabe destacar que Valor Minero está desarrollando los módulos de mediación en un trabajo conjunto con el Departamento de Estudios de la Corte Suprema, de modo que los acuerdos e incumplimientos tengan historia, y así el Poder Judicial estará mucho mejor informado.