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Menor que mató a su padre quedó en internación provisoria

Por: Carolina Abello | 01 de Septiembre 2017
Fotografía: Poder Judicial

Cinco días de plazo tiene la Defensoría Penal Pública para revertir la medida de internación provisoria de E.A.L.R., de 17 años, quien fue formalizado por parricidio, tras matar a su padre de un disparo, en un incidente ocurrido en el sector de Lucumávida a unos 23 kilómetros al oeste de San Nicolás, en Ñuble.

El hecho se registró en el sector de Lucumávida Norte, ubicado en el kilómetro 23 de la Ruta 160, entre las comunas de San Nicolás y Portezuelo, lugar hasta donde llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chillán.

En el lugar, los funcionarios de la PDI encontraron el cuerpo del hombre, Ricardo Antonio Lagos Rivas, de 46 años, con una herida causada por una escopeta y una serie de impactos de perdigones a raíz de este disparo.

El menor quedó detenido durante todo el miércoles, a la espera del informe de autopsia del hombre, para que el Ministerio Público pudiera realizar la formalización, la que se concretó ayer, donde fue formalizado por parricidio, delito que tiene una pena máxima de 10 años para los menores de edad y se solicitó la internación provisoria. Pese a los argumentos de la Defensa, que se oponía a esta medida, la jueza de Garantía Claudia Madsen decretó su traslado al Centro de Internación Provisoria de Coronel.

La fiscal (s) Karina Zapata precisó que solicitaron esta medida en atención a los antecedentes que había en ese momento en la carpeta, que daban cuenta de que el adolescente es el autor del crimen y a la pena asignada al delito.

Pero el defensor local jefe de Chillán, Antonio Guerra, explicó que analizarán si presentarán un recurso de amparo a favor del menor o solicitarán el cambio de medida cautelar ante la Corte de Apelaciones, ya que insistieron en que hubo legítima defensa o estado de necesidad exculpante, es decir, cuando la persona está en una situación de riesgo permanente.

El abogado recordó que esa tarde el joven venía llegando del trabajo y el padre, en estado de ebriedad, lo intentó golpear con una pala, le dijo que lo mataría y también a sus abuelos, padres de la víctima. Entonces el joven le disparó”.

Agregó que el menor fue maltratado desde los 7 años. Su padre lo retiró del colegio y lo obligó a trabajar como temporero, mientras él se dedicaba a beber. Hace 10 años echó a su esposa y a sus dos hijas de la casa, y ella también sufrió violencia por parte de la víctima, caso por lo cual hay una condena.

“De hecho, le dijo que si volvía la mataba a ella y a todos los niños”, precisó Guerra, quien agregó que los abuelos del menor, padres de la víctima, corroboraron estos antecedentes. A la audiencia llegó la madre del adolescente, quien también dio cuenta de la violencia con la que actuaba, dijo el abogado.

Para el defensor, es esencial que el menor no esté en internación, ya que no tiene antecedentes penales, “y allá va a tener contacto criminógeno, mientras que él no tiene una sola pasada por el sistema. Más aún, con esto queda desarraigado de su familia, que vive en Chillán, y él va a quedar internado en Coronel. Toda su vida le han vulnerado sus derechos, y ahora se los siguen vulnerando”.

Guerra aseguró que la Fiscalía desestimó su solicitud de tomar declaración a la madre del adolescente, para que diera cuenta de estos hechos, diligencia que no se realizó. “Porque la víctima tenía una condena en su contra por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, por haber agredido a la mujer y a su propio padre, abuelo del joven y además tiene condenas por agresión a una ex pareja y también por robo”.

Al respecto, la fiscal aseguró que ese trámite no se hizo dada la escasez de tiempo que hubo entre su detención y formalización, pero no descartó que se hiciera más adelante en la investigación.

“Con los antecedentes que había hoy no podíamos acreditar lo que afirma la defensa. El menor no ha querido declarar aún, por lo que no podemos tener más información”.

Agregó que la condena que tiene la víctima es de 2005, pero no hay fallos que indiquen que haya agredido al adolescente.

El tribunal de Garantía otorgó dos meses de plazo de investigación.

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