Una querella contra el sindicato Inter empresa Sintrasar Chile estudia la empresa Claro Vicuña Valenzuela, concesionaria de una remodelación en la cárcel El Manzano de Concepción, tras los daños producidos en las obras por los propios trabajadores a cargo del proyecto.
Las mejoras en el penal deberían estar listas en marzo de 2018, en un proceso que se ha llevado a cabo por etapas. Al final de la cuarta etapa se finiquitó a 200 trabajadores, el 20 de julio.
Pero en ese momento, según la empresa, el sindicato presentó un convenio de contrato colectivo, y se tomaron las obras desde el 22 de julio al 4 de agosto, día en que provocaron un incendio en el cuarto piso de la nueva construcción, destruyeron las oficinas y robaron especies, como herramientas y computadores, daños que fueron avaluados en $250 millones de pesos. Incluso abrieron los tanques de petróleo de las retroexcavadoras y les arrojaron arena para que no funcionaran.
El 10 de agosto se retomaron las faenas, pero cuatro días después el juzgado del Trabajo paralizó la negociación colectiva entre la empresa y el sindicato de trabajadores. Esto, tras la acción legal presentada por la empresa, que denunciaba al sindicato por práctica antisindical, por los incidentes del 4 de agosto. Incluso la empresa estudia presentar la acción legal en contra de quienes provocaron los daños, con las fotografías y videos que tienen y que probarían la participación de los trabajadores. Tras los graves hechos, se reforzó el perímetro de seguridad de las obras en el penal penquista.
Para José Miguel Gálvez, abogado asesor de la empresa, la resolución del tribunal los respalda en su denuncia.
“Estimamos que este pronunciamiento es un vuelco en el caso, ya que la resolución del juzgado del trabajo acoge los planteamientos de Claro Vicuña Valenzuela de que no se puede negociar bajo presión. Y considerando los graves hechos ocurridos, como son la toma ilegal de la obra, el incendio de una parte de la misma, la sustracción de especies y los daños en las maquinarias, ha ordenado suspender todo tipo de negociación pedida por el sindicato. Esto no es más que una muestra que las acciones legales que hemos iniciado tienen un fundamento claro y que los tribunales han determinado medidas precautorias para evitar situaciones que están más allá de la ley”.
De visita en Concepción, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, comparó la situación de la cárcel con los retrasos ocurridos en las obras del estadio Ester Roa Rebolledo en 2014.
“Ahí se solucionó todo con diálogo y no me cabe duda de que más allá de los problemas que hay hoy, así se resolverán y la obra seguirá su curso”.
La cárcel fue entregada a la empresa en noviembre de 2016, luego de que se decidió la reposición del histórico penal, que perdió el 70% de su infraestructura, lo que disminuyó su capacidad según diseño en 600 plazas, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
En ella se invertirán poco más de 26 mil millones de pesos, en una obra que debería estar lista el primer trimestre de 2018.
Esta reconstrucción aumenta la capacidad de 1.064 internos a 1.60 y contempla la elevación del muro perimetral y garitas; sistemas de electricidad y sanitario; los módulos de reclusión con la habilitación del cuarto nivel y celdas de aislamiento, además de la escuela y el gimnasio.