Tanto la Ley de Violencia contra la Mujer como la Ley Antonia aspiran a facilitar los trámites de denuncia, eliminando la ratificación de esta y permitiendo que un tercero entregue los antecedentes a la justicia.
Este año, la Universidad Andrés Bello en Concepción se vio enfrentada a dos casos de violencia en el pololeo entre estudiantes, los que fueron ampliamente difundidos a través de las redes sociales.
De inmediato tomaron medidas, como ofrecer apoyo sicológico a ambas parejas, ayuda que fue aceptada por una de ellas.
Además, decidieron implementar otras estrategias, y en ese marco realizaron ayer un conversatorio sobre violencia en el pololeo, donde una de las principales críticas fue las falencias que tiene la legislación actual para enfrentar este tipo de casos.
Belén Fernández, psicóloga y coordinadora de Bienestar de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, reveló en su exposición que van 24 femicidios en lo que va del año a nivel nacional, y 3 de ellos en el Bío Bío, y que en el 69% de ellos no hubo denuncia previa por violencia, y que en el 85% de los casos no había medidas cautelares vigentes. Por eso, van a firmar un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), para realizar un plan piloto con las universidades en este tema, ya que no hay estudios que hablen sobre la prevalencia de violencia entre parejas en esa casa de estudios.
“No sólo no existe la ley, sino que hay pocos estudios realizados en Chile sobre este tema. Lo peor es que aún hay una normalización de la violencia. De a poco se ha ido quedando en la mente de las personas que la violencia física es dañina, pero no la violencia verbal, económica, o sicológica, como decirle a alguien que hace las cosas mal, donde no se le grita a alguien, pero se le hace sentir menoscabado”. Agregó que también es violencia revisar las redes sociales de la pareja, algo que es considerado normal para los jóvenes. “Lo mismo pasa cuando no se quiere contratar mujeres en edad fértil; eso es un acto de violencia”.
Consuelo Hermosilla, madre de Antonia Garros e impulsora de la Ley Antonia contra la violencia en el pololeo, planteó que es clave que en el nuevo cuerpo legal esté incluida la posibilidad de que sea un tercero quien denuncie, sin que se necesite que la víctima ratifique lo ocurrido. “Y no creo que para los parlamentarios sea tan difícil agregar una moción que dé esa posibilidad. Sin embargo, la Ley Antonia aún no empieza su trámite parlamentario”.
Valentina Medel, directora regional de Sernameg, recordó que la ley que reforma la actual normativa se presentó en noviembre de 2016, para pasar de la violencia intrafamiliar a la violencia contra las mujeres, “para abordar de manera integral todas las situaciones, lo que incluye la violencia en el pololeo. El proyecto está en el primer trámite legislativo”.
Uno de los objetivos de este proyecto es lograr que ya no sea necesario que la mujer deba ratificar la denuncia, “porque consideramos que es un nudo crítico de la ley que debe ser abordado en torno a la discusión de este proyecto”.
Además, se eliminó el maltrato habitual, sino que va a ser sancionado desde el primer episodio de violencia, “porque tener que probar eso es muy complejo en Tribunales, cuando el objetivo es sancionar de inmediato”.
El proyecto también sanciona la violencia económica y sicológica; sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral y callejero; la cibervenganza, es decir, cuando se suben fotografías íntimas de las mujeres, “y esperamos que esto tenga resonancia y empatía en los parlamentarios a la hora de votar este proyecto”.