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Las dificultades de investigar hechos de violencia en Arauco

Por: Carolina Abello | 02 de Julio 2017
Fotografía: Francisco Urrutia | Agencia UNO

Carabineros huyendo a balazos de una toma y propietarios teniendo que pagar por desalojar sus propias tierras son algunas de las insólitas situaciones que se registran en la zona.

El 11 de noviembre de 2016, una turba de encapuchados recibió a balazos a un receptor judicial que llegó junto a personal de Carabineros hasta el fundo Los Ajos de Tirúa, para realizar una notificación de desalojo, ya que la propiedad lleva años tomada ilegalmente.

Y aunque la orden de abandonar el predio de 450 hectáreas había sido dada por un tribunal, nada se pudo hacer. Al funcionario judicial y a los carabineros no les quedó más remedio que arrancar del lugar debido al ataque armado.

Y nada más se pudo hacer. A casi 7 meses del hecho, la situación se mantiene igual, ya que ni Carabineros ni el Poder Judicial han intentado sacar nuevamente a los ocupantes, mientras Mauricio Sepúlveda Santelices, uno de los dueños, mira impotente la situación, que increíblemente comenzó en 1993, y que aún no tiene solución.

Este caso es uno de los tantos que se ven en la provincia de Arauco, que ha causado el caos en la zona y que en 2016 finalizó con 48 denuncias por hitos violentos con connotación indígena, según el Barómetro de Conflicto dado a conocer por la Multigremial de la Araucanía.

De hecho, un ex prefecto de Carabineros de la zona de conflicto, que pidió reserva de su nombre, detalló a este medio las dificultades de trabajar en esa zona.

“Existen algunos problemas que se generan o bien surgen en relación a las notificaciones de resoluciones judiciales y cumplimiento adecuado y seguro de estas últimas. Es el caso que hay resoluciones judiciales de desalojos en contra de moradores indebidos de terrenos e inmuebles, las que no pueden ser notificadas por la falta de seguridad y temor a reacciones y represalias de quienes les afecta y a los receptores judiciales”.

Increíblemente, otra dificultad a las que se enfrentan los propietarios de terrenos que son tomados es que son ellos mismos quienes deben pagar para sacar los enseres de quienes ocuparon ilegalmente. Bien lo sabe Mauricio Sepúlveda, quien en el desalojo frustrado de 2016 canceló dos millones y medio de pesos porque contrató camiones y maquinarias para desalojar a la gente, para desarmar las casas que habían hecho.

“Ese día los carabineros arrancaron corriendo, y los ocupantes siguen ahí. Hemos mandado cartas a Carabineros para ver cuándo los van a desalojar, y no nos contestan hasta hoy”.

La situación fue ratificada por el ex prefecto de Carabineros: “Cada vez que hay que realizar un desalojo, lo que es traslado de enseres y desarme de inmuebles es de cargo y responsabilidad del solicitante. Carabineros sólo presta la seguridad y nadie quiere prestar esos servicios por temor. Con estos impedimentos los juicios se hacen eternos”.

Sepúlveda aseguró que la situación ya es insostenible. “Son 450 hectáreas que están tomadas, no podemos explotarlas. Si yo entro me van a disparar y nadie hace nada”.

El ex uniformado precisó que otra situación que afectan estas acciones son que después de reponer los bienes a sus poseedores legales, “ante la ausencia policial, son muchas veces vueltos a usurparse, delito que es nuevamente denunciado y ingresa nuevamente a la oportunidad y la disponibilidad de los diferentes entes intervinientes.

Estas situaciones hacen tambalear la constitucionalidad en el sector, sin mencionar el temor en las personas que muchas veces se ven obligados a no poder usar o producir sus terrenos, viendo cómo en el mismo tiempo se deprecian al extraérseles productos ilegalmente y en una completa indefensión de los dueños. Asimismo, muchas veces sin lograr la recuperación de su posesión se ven obligados a negociar con estamentos gubernamentales para vender a éstos y ser entregados a reclamantes que por la fuerza o el temor se han apropiado”.

Y eso es lo que lamenta Sepúlveda, quien aún paga contribuciones por un bien usurpado.

Remberto Valdés es el abogado de este caso y de la agrupación “Paz en el Bío Bío”, que agrupa a más de 100 víctimas de atentados en la zona. Representándolas se ha podido dar cuenta de los obstáculos para resolver los atentados en esa zona.

“En lo que respecta a nuestros clientes, hay cero resultados, porque ni Carabineros ni la PDI han podido identificar a quienes cometen los delitos. Hay homicidios frustrados, incendios, robo de madera, robo de animales, toma de tierras y, aunque se interponen las querellas y se admiten a tramitación, no son más que un saludo a la bandera. Hay serios problemas de inteligencia policial, y falta un trabajo metódico, con más fuerza y convicción, para saber quiénes son las bandas que están operando en ese territorio.

En el caso de Sepúlveda, “Carabineros no fue capaz de cumplir con la orden judicial, no lo han intentado de nuevo, así que estamos en tierra de nadie. Mi cliente ya está arruinado, vivió con 7 carabineros dentro de su casa, y la fuerza pública fue incapaz de cumplir con un lanzamiento en una causa civil, y no es el único caso, son docenas”.

Y en cuanto al pago por el desalojo, explicó, es legal, porque es un conflicto entre privados, y el dinero se podría recuperar en las costas del juicio, “pero cuando se trata de gente que está viviendo ilegalmente en un terreno que no es propio, ¿qué les van a embargar y rematar?”.

Agregó que falta voluntad política para solucionar el conflicto, “y Arauco sigue siendo el patio trasero de la región, más aún con esto. ¿Cómo va a ser posible que uno tenga que estar armado en su propia casa, a tres horas de Concepción, la segunda ciudad de Chile?”, se preguntó el profesional.

No hay carabineros

Otra de las grandes dificultades a las que se ven enfrentados quienes investigan los hechos en la zona es que “hay escasez de personal idóneo para dar cumplimiento a una cantidad considerable de medidas de protección y cautelares, debido a que el personal policial se destina fundamentalmente a la labor de orden y seguridad, y el resguardo del orden publico y, por ende, el recargo de dichas medidas genera que éstas no siempre se efectúen dentro de los plazos dispuestos por la Fiscalía o tribunales”, reconoció el ex prefecto de Carabineros.

Además, entendiendo el contexto rural que existe en gran parte de la provincia, “se observa una dificultad en las notificaciones personales y cumplimento de medidas cautelares, cuando los hogares no cuentan con dirección determinada. Por tanto, más que hablar de domicilios, se habla de comunidades, muchas de ésas de postura radical y contrarias al sistema judicial y a los procedimientos policiales”, dijo el ex uniformado.

Con su diagnóstico coincidió un abogado ligado a las causas mapuche, que por la naturaleza de su trabajo, también pidió reserva de su identidad.

“La complejidad radica en que los hechos investigados son difíciles de predecir, no tienen una lógica estructurada para los investigadores y por lo general la investigación de un caso, pese a que pueda tener conexión con otros, termina pesquisándose y juzgándose en forma independiente a otros casos similares, salvo que participen las mismas personas, lo que es más difícil de acreditar.

Además, agregó que existe una topografía muy compleja y sobre todo la individualización de las personas involucradas y sus domicilios que a veces son rurales, solamente tienen señalamientos generales y no tan específicos. “De ahí la importancia del proceso investigativo y las diligencias de investigación que se vayan dictando a petición del Ministerio Público y de los querellantes si es que participan del proceso”.

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