En noviembre del 2015, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, en un nuevo intento por regular la actividad, dar cumplimiento a una antigua demanda de la industria, y por sobre todo, devolver al consumidor una herramienta que alguna vez existió en nuestra legislación.
Esto último, ya que hasta el año 1989 el corretaje de propiedades se encontraba debidamente normado en nuestro país, y cualquier persona – natural o jurídica– que quisiere ejercerlo, debía cumplir previamente con una inscripción obligatoria y habilitante en un Registro Nacional, que se encontraba bajo la supervisión del Ministerio de Economía.
Sin embargo, con el correr de los años, y en el marco de la liberalización que tuvo la economía chilena en su conjunto, se tomó la determinación de derogar este Registro junto con todas las normas que regulaban el rubro, dejando así al corretaje de propiedades absolutamente desprovisto de todo control y posibilitando que, hasta el día de hoy, cualquier persona pueda dedicarse a él sin limitaciones ni exigencias mínimas que protejan al cliente o consumidor, con los inmensos riesgos que implica esto.
Las consecuencias de esta decisión, lamentablemente, están a la vista: a la fecha, se estima que en Chile existen más de 14 mil corredoras, de las cuales un porcentaje importante ha dañado la imagen de la industria, ya que definitivamente ejercen el corretaje de manera “poco profesional” o “informal”, dejando a los clientes bajo total desprotección en el proceso de la transacción inmobiliaria y desarrollo del servicio, y por supuesto, con escaso resguardo de su patrimonio.
José Ignacio Vicente,
Director Ejecutivo,
Círculo de Corredores de Propiedades